CdR – Las redes de tráfico de madera, que operan en el sur del país, al parecer encontraron en una herramienta legal la manera de camuflar su actividad. Corpoamazonia asegura que aplica los controles necesarios, pero los documentos muestran un fenómeno que permanece.
El Putumayo es uno de los territorios más golpeados por la deforestación y a pesar de que están identificadas sus causas, el problema persiste. La autoridad ambiental, Corpoamazonia, expidió 78 permisos en 2018 para aprovechar forestalmente 19 000 metros cúbicos de madera, en 4200 hectáreas, de este departamento. No obstante, un informe del Ministerio del Medio Ambiente asegura que ese mismo año allí se perdieron 14.000 hectáreas de bosque amazónico. Las cifras de 2019 indican que el panorama no ha cambiado.
Detrás del desastre hay prácticas como el acaparamiento de tierras, la siembra de cultivos ilícitos, construcción ilegal de caminos y la ganadería. Sin embargo, hay un fenómeno difícil de controlar: la tala clandestina de árboles para comercio. La razón: en la zona operan redes con un esquema definido que involucra a campesinos de escasos recursos y funcionarios, y que se vale de estrategias para encubrir lo que, a la luz del daño causado, luce como una explotación ilegal. Lo indebido es que se haya hecho uso de una norma de rango legal para amparar la violación a normas constitucionales y del derecho internacional, como lo es la figura del “apoderado”.
Formalmente, los “apoderados” son intermediarios en el negocio de la madera, autorizados por dueños de predios con áreas de bosque para tramitar “permisos de aprovechamiento forestal” y solicitar los “salvoconductos” para movilizar madera por el departamento. Si bien la figura es legal y no todos los que la usan están en negocios ilícitos, algunos sí la aprovechan para ‘blanquear madera’, es decir, para comercializar como legales algunas piezas extraídas de áreas prohibidas.
El artilugio no es novedoso. De acuerdo con registros de Corpoamazonia, hay indicios de su uso en 2010 y 2011. Y así lo deja claro Argenis Obdulia Lasso, exdirectora territorial de Putumayo de Corpoamazonia, quien en la página 86 de su tesis de maestría en Desarrollo Rural, publicada en 2016, que se titula “Disminución de la movilización de madera legal y los impactos en la cobertura, por efecto de la dinámica del mercado en Villagarzón (Putumayo)”, hace una descripción detallada, basada en testimonios de algunos involucrados en el negocio de la madera, de cómo estos se aprovechan de la ley.
La investigación, que hace un análisis del periodo 2002-2014, concluye que los intermediarios buscan fincas con áreas de bosque; acuerdan con el dueño un pago para que preste las escrituras; un ingeniero crea un plan de manejo forestal; se presenta los requisitos ante la autoridad ambiental y se obtiene el permiso. El volumen autorizado se lo reparten 50-50 entre el propietario y el intermediario. Pero como los dueños desconocen el negocio, le venden la madera al propio intermediario, incluso, por menor valor del que se suele comercializar en el mercado (como lo registra Corpoamazonia en un documento de 2017). Luego aprovecha su porcentaje con el fin de conseguir salvoconductos de movilización de madera, que en algunos casos terminan amparando la comercialización de piezas ilegales.
La cadena no queda ahí. Los apoderados son apenas una ficha, pero no necesariamente quienes financian todo el comercio ilegal. Detrás hay actores más poderosos. Así lo sostienen exfuncionarios de la autoridad ambiental que pidieron reserva de nombre y aseguran que sobornan servidores públicos para que les ayuden a acelerar procesos administrativos en la Corporación Autónoma e, incluso, para que se deseche la práctica de una diligencia vital para la decisión administrativa ajustada al sentido de la ley: la visita técnica al predio en el que, se supone, será la explotación.
Un ‘poder’ cedido
En estas maniobras, por lo general, terminan envueltos campesinos de escasos recursos que no tienen dinero ni el nivel educativo suficiente para comprender lo que significa la gestión de estos permisos. Como uno de los pasos es contar con un plan de manejo forestal (que cuesta $150.000 por hectárea), aceptan la oferta al ver en ella una alternativa para librarse de los costos operativos y recibir de forma anticipada algo de dinero, tras firmar un poder ante un notario que faculta al intermediario para adelantar diligencias ante Corpoamazonia.
Lo que nunca explican a los dueños de la tierra son las consecuencias legales, pues son ellos y solo ellos (nunca el apoderado) quienes deben responder ante las autoridades ambientales en caso de descubrirse un manejo irregular del permiso. Así le ocurrió a Bernardo Caguasango, un desplazado que regresó en 2011 a la finca de su familia, ubicada en la vereda Betulia, del municipio de Villagarzón. A él le dieron permiso para aprovechar el predio de sus padres, pero al verse sin recursos le concedió poder a la intermediaria Luz Nery Ordoñez Claros para que hiciera todo.
En 2013, una inspección hecha por Corpoamazonia reveló que el 61% de la madera movilizada con salvoconductos asociados al predio de Caguasango no había sido extraída de su propiedad. Es decir, usaron los documentos para amparar madera de otros predios. Por estos hechos, en 2014 le abrieron un proceso sancionatorio. Hoy, el indica que ya le cancelaron el permiso y, a pesar de que lo notificaron el 9 de noviembre de 2017, aún no han tasado la multa que debe pagar.
Un caso similar es el de Laura Toro, quien en 2011 también autorizó a Ordóñez Claros para que fuera su apoderada ante Corpoamazonia, con el fin de obtener el para 43 hectáreas de su propiedad, en Villagarzón. El seguimiento de Corpoamazonia mostró que de su propiedad solo extrajeron el 10% de lo reportado en los permisos de movilización. Este hecho devino en un proceso sancionatorio. “Esto que nos sucedió, sigue ocurriendo en otras partes del Putumayo. Para la gente campesina sí aplican las sanciones, pero no para las personas que cometen estos actos”, asegura Germán Pantoja, hijo de Laura Toro.
De la mujer que metió en líos a Cagusango y a Toro, a través de derechos de petición, se pudo conocer que entre 2011 y 2017 actuó como apoderada de 12 personas, en Mocoa y Villagarzón, para explotar 13.000 metros cúbicos de madera. Sin embargo, en cinco de ellos Corpoamazonia descubrió indicios de que la madera movilizada no se habría obtenido de los predios autorizados. A pesar de eso, contra ella no hay sanciones.
En los registros de Corpoamazonia se encontraron otros cinco permisos con actuación de apoderados asociados a distintas actividades económicas: John Jairo Escobar Marín, a la extracción de madera -al igual que su hermano José William-; Rumaldo González Cuéllar, a la cría de ganado; Óscar Olmedo, al transporte fluvial de pasajeros; Carlos Alberto Vargas Culma, a actividades de telecomunicaciones, y Eduardo Ortega, quien figura como propietario de un lote de madera, que fue decomisada en 2010 por ser movilizada sin salvoconducto.
En este punto hay que aclarar que no todos los campesinos desconocen para qué prestan su predio, aunque al final siempre resulten engañados. Un ingeniero forestal y excontratista de la entidad confirmó, por ejemplo, que algunos apoderados pagan a los propietarios para que les permitan blanquear madera con sus permisos. “En 2014 conocí alguien que tuvo una autorización para extraer 30.000 piezas que, mal vendidas, podían costar hasta $200 millones”. No obstante, el dueño de la finca solo recibió $4 millones. “Nunca en el predio la madera fue cortada. Eso significa que vino de otro lugar de forma ilegal”, aseguró.
El porqué de situaciones como estas la explica Leonardo Güiza, director del Centro para la Innovación de la Minería y el Ambiente de la Universidad del Rosario: “el poder siempre está a nombre de un ingeniero forestal, un abogado u otra persona que no necesariamente tiene que ver con el tema (forestal) y, a pesar de sus actos, termina sin responsabilidad, pues no hay forma jurídica de involucrarlo, ya que ante la ley actúa a nombre de un tercero”, añade Güiza.
Hárold Mora, director de la seccional territorial de Corpoamazonia en Putumayo, refuerza la opinión del experto y aclara que para la ley los propietarios siempre serán los responsables. “Desde la territorial Putumayo, siempre que hacemos las visitas de evaluación hablamos con el titular para garantizar que sepan del trámite que se está haciendo”, pues como el permiso siempre estará a su nombre, es contra él que debe actuar la corporación en caso de descubrir ‘blanqueo de madera’.
Facilidades
Más allá de que la ley no los puede tocar, hay algo que hace más atractiva la figura del apoderado para quienes la usan en sus negocios ilegales: la posibilidad de tramitar salvoconductos. Este documento les sirve para transportar madera de cualquier origen, pues, en caso de una revisión de la carga, para las autoridades resulta imposible determinar de dónde la sacaron y no les queda otra opción que dejar pasar los camiones. De ahí que los retenes resulten poco efectivos. Prueba de ello es que en 2018 las autoridades realizaron 60 decomisos, en los que recuperaron apenas 380 metros cúbicos de madera, lo que equivale al 2% de los 19.000 metros cúbicos licenciados ese año (78 permisos), y ni qué decir de lo que se traficó ilegalmente en la región.
La ilegalidad se presenta, como explica Miguel Pacheco, experto forestal de WWF en Colombia, porque en el país “no hay un sistema de trazabilidad, como el que se aplica en contextos similares como Bolivia. Son sistemas que pueden determinar, precisamente, de dónde viene la madera de una silla o mesa en el centro de distribución”. Para él, parte del problema es que “existe un papel que es el que ampara la legalidad de la madera, que es el salvoconducto, pero sigue habiendo vacíos, como el de poder identificar la especie de madera que se transporta”.
Pacheco agrega que existen otras condiciones favorables para el ‘blanqueo de madera’ como que los predios en los que se conceden los permisos de explotación de madera están muy alejados de los centros de distribución, lo que eleva los costos. A lo anterior se suma que estos pueden demorar hasta un año en ser aprobados, lo que hace menos rentable el negocio y lleva a algunos productores a “invertir en un esquema de ilegalidad, donde se compra el salvoconducto y se saca la madera de otros lados (no autorizados)”.
Otro incentivo para el ‘blanqueo de madera’ es la demora en identificar el uso irregular de los permisos, proceso que puede tardar meses y hasta años. Esto solo se logra cuando los técnicos forestales visitan los predios autorizados para el aprovechamiento con el fin de contrastar la cantidad de árboles talados y la movilizada. La operación es tan compleja que, en la última década, oficialmente se identificaron apenas 11 casos (de un total de casi 150 permisos en los que actuaron apoderados), tras constatar que la cantidad de madera extraída no coincidía con la reportada en los salvoconductos, registrados en el Sistema de Información Ambiental (SISA). Para completar, el proceso sancionatorio es igual de lento: a la fecha solo a tres propietarios les impusieron multas por ‘blanqueo de madera’; cuatro se archivaron; tres están pendientes de fallo y uno está en investigación.
A pesar de tener claro el método, los alcances y las maniobras de los traficantes de madera, documentos obtenidos vía derecho de petición revelan que la figura del apoderado se mantiene sin mayor modificación. Entre 2010 y 2019, Corpoamazonia otorgó 681 autorizaciones de explotación forestal en todo el departamento, para aprovechar un total de 339.000 metros cúbicos. De estas, 143 quedaron en manos de intermediarios, que concentraron la mitad de todo el volumen licenciado para explotación en el departamento.
Aplicando el cálculo de un de la Universidad Distrital, que indica que solo se aprovecha el 43% del volumen del árbol en pie, la cantidad autorizada en la última década en el Putumayo se traduciría en la tala legal de al menos 100.000 árboles, de más de 10 metros de altura, de los cuales 50.000 o más se cortaron bajo un permiso expedido a un intermediario.
No obstante, detrás hay cifras que no quedan en los registros oficiales y solo se descubren cuando el daño ya está hecho. Un estudio del Banco Mundial, publicado en (citado por documento de la WWF en 2013 y en un estudio de IDEAM en 2018) estima que “en el país alrededor del 42% de la producción total de madera proviene de fuentes ilegales”. A este se suma a un análisis hecho en 2013, a partir de información suministrada por el DANE, que estima que el 47% del consumo calculado de madera corresponde a fuentes desconocidas o ilegales (subregistro). Como están las cosas, el ‘blanqueo de madera’ seguirá siendo solo una de las modalidades de tala ilegal, que año tras año alimentan las cifras de deforestación en Colombia, la cual se concentra en su mayor parte en la región amazónica.
Este esquema de ilegalidad ocurre ante la mirada de Corpoamazonia, que pese a haber identificado el uso irregular de la figura del apoderado o intermediario, no ha resuelto con celeridad los procesos sancionatorios abiertos por estos presuntos hechos. Harold Mora, director de la seccional territorial de la entidad en Putumayo, responde que esta ejerce “control sobre el recurso [forestal]” y hace seguimiento de las licencias en terreno. Y que aplican sanciones, de ser necesarias, a los dueños de los predios. Explica que cuando estos entregan el poder de aprovechamiento o movilización de madera a un tercero son los “responsables de este permiso. Nosotros explicamos al titular todo lo que acarrea otorgar un poder”. En relación con la figura del apoderado, advierte que este solo puede ser vinculado a un proceso sancionatorio si es encontrado por la fuerza pública o por la propia corporación transportando madera de manera ilegal.
Las cifras muestran que la Corporación, como autoridad ambiental, ha omitido su deber de control e inspección en todas las fases del proceso de aprovechamiento forestal, desde que se tramita el permiso hasta que se garantiza el cumplimiento de todas sus obligaciones. ¿Por qué la entidad que debe proteger los bosques del Putumayo incurre en errores y omisiones injustificables en la tala ilegal de madera? La pregunta, definitivamente, llama a tomar acciones.
