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Existe preocupación porque aún hay entidades que adelantan procesos de responsabilidad fiscal más costosos que las sumas a recuperar.
Tras revisar durante el año pasado la gestión de 59 contralorías departamentales y municipales del país, la Auditoría General de la República rajó la gestión de nueve de estas entidades que vigilan el buen uso de los recursos públicos.
Según el diagnóstico realizado, los entes de control fiscal de Soledad (Atlántico), Montería, Barranquilla, Magdalena y Cundinamarca obtuvieron las peores calificaciones de desempeño, que no pasaron de 52 por ciento, en una escala que va a hasta 100.
El escalafón de contralorías con gestión deficiente lo complementan Vichada, Guainía, Putumayo y Chocó. Para la Auditoría General de la República es preocupante que las contralorías adelanten procesos de responsabilidad fiscal con costos que superan las sumas que buscan recuperar por las pérdidas causadas al fisco, por lo que es preciso revisar su modelo de gestión.
Por ello, mientras se regula la forma de elección de los contralores territoriales, la Auditoría urgió a estas entidades la revisión y evaluación de la contratación y resultados en forma posterior e inmediata, a la firma de cada contrato, luego de cada pago realizado y después de su finalización.
En el caso de la capital de Córdoba, se evidenció que en el proceso presupuestal había irregularidades en la aprobación y ejecución del presupuesto anual por falta de controles, toda vez que se detectó un faltante de tesorería.
Entre tanto, en la Contraloría de Cundinamarca se observaron fallas en la gestión del proceso de contratación, visibles en las deficiencias de planeación y programación, así como en la mala determinación de la necesidad y justificación para contratar. Entre tanto, al hacer seguimiento a la Contraloría de Boyacá se encontró que la institución sólo ha ejecutado el 63 por ciento del total de acciones correctivas del plan de mejoramiento que está en proceso de implementación.
Además se detectó, al momento de la evaluación, que para el desarrollo del software administrativo no se habían establecido los datos básicos del inventario general de la propiedad ni se había calculado la depreciación individual de cada elemento.