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Tres organizaciones vienen trabajado desde 2015 en el desarrollo de criterios de planificación y alternativas para mitigar o compensar los impactos negativos que genera la infraestructura vial, legal e ilegal, en la Amazonia colombiana.
El 43 por ciento de las áreas abiertas por la deforestación en la Amazonia colombiana se ubica a menos de un kilómetro de una carretera. La cifra establecida en la Caracterización de las principales causas y agentes de la deforestación a nivel nacional del período 2005-2015, del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), concuerda con algunos estudios realizados por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) en 2019, que señalaban que el 93 por ciento de las zonas deforestadas en Caquetá, Meta y Guaviare se ubicaban a menos de dos kilómetros de un acceso vial.
De estas investigaciones se deduce que, a menor distancia de las vías, mayor es el área deforestada.
Y es que en la construcción de carreteras en el bosque tropical más grande del mundo compagina dos grandes variables que generan conflicto. Por un lado, la necesidad de conectividad y, por el otro, los impactos negativos medioambientales que producen estas obras de infraestructura.
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Las vías son realizadas con el fin de generar efectos positivos para el desarrollo social y económico, pero traen consigo aspectos negativos para ecosistemas estratégicos como la selva, porque, además del daño sobre la base natural que puede generar su construcción e infraestructura asociada, conllevan a la deforestación, debido a que integran a una situación social, política y económica más compleja que incluye actividades ilegales como, por ejemplo, la ampliación de la frontera agropecuaria o el acaparamiento de tierras en baldíos de la Nación, en áreas protegidas o en resguardos indígenas.
En el Resguardo Nacional Natural Nukak, ubicado al oriente del departamento del Guaviare, se puede apreciar estos impactos. Actualmente, en la zona se vienen consolidando tramos viales desde los cascos urbanos de los municipios de El Retorno y Calamar, hasta la vereda de La Paz y rumbo a Miraflores, situación que promueve altas tasas de tala de árboles en el territorio.
Rodrigo Botero, director de la FCDS, ha explicado que, desde antes de iniciar un proyecto vial, el valor de la tierra en áreas adyacentes aumenta, lo que a su vez impulsa la especulación y la deforestación para establecer y mantener la tenencia de la tierra.
“Desde que un proyecto de estos sale, la gente conoce los futuros trazados, y como no hay un proceso de legalidad de predios, se genera un proceso de invasión y de valorización económica para quienes se adueñen de los terrenos. Solo con eso se promueve la deforestación”, indicó.
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El transporte y la conectividad son importantes, pero también es fundamental que en áreas de especial importancia ecológica, dicha infraestructura sea el resultado de procesos integrados al ordenamiento territorial y ambiental; a las condiciones de tenencia y el uso de la tierra, y a procesos que consideren los riesgos y las repercusiones que su desarrollo tendrá en la población y en el medioambiente, con el fin de que no se constituyan como un detrimento del patrimonio natural del país.
«De lo contrario, los territorios no solo podrían ser afectados por la deforestación relacionada con la construcción de carreteras, sino que ésta, a su vez, podría dar paso a otras amenazas para los ecosistemas como la explotación ilegal o no controlada de recursos naturales, como madera y minerales. Además, estas carreteras podrían proporcionar acceso a zonas anteriormente no intervenidas, acelerando el establecimiento de asentamientos humanos no planificados», comentó María Alejandra González, oficial Empresarial de Mitigación Cambio Climático de WWF-Colombia.
Trabajar en esta problemática es una de las principales estrategias para resguardar la región amazónica y por eso desde el 2015, los ministerios de Ambiente y de Trasporte, con el apoyo de FCDS y WWF-Colombia, vienen trabajando en la elaboración de los «Lineamientos de Infraestructura Verde Vial (LIVV)».
Se trata de una serie de criterios que incluyen consideraciones ambientales, sociales, económicas y de ingeniería, encaminados a orientar la estructuración de planes, programas y proyectos de infraestructura vial, con el fin de que contemplen consideraciones ambientales, desde las etapas más tempranas de su planificación. La idea también es que incorporen medidas de localización, trazado, diseño, ingeniería y manejo destinadas a garantizar que la ejecución de estos genere un beneficio ambiental neto positivo.
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Para Mauricio Cabrera Leal, asesor de WWF, la implementación de las acciones recomendadas en los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial (LIVV), y el debido acompañamiento en la ejecución de las obras y acciones propuestas, disminuirá los impactos negativos de la infraestructura vial en la Amazonia colombiana.
Indica, además, que hay una variedad de guías, normas técnicas e instrumentos de ordenamiento y de competencia de diferentes entidades, que pueden incorporar acciones de la guía, disminuyendo los costos de construcción y mantenimiento de carreteras y previniendo la generación de desastres que obstaculizan el tránsito normal, especialmente en épocas de invierno.
Dichos lineamientos están basados en la jerarquía de mitigación de impacto (evitar, prevenir, mitigar, corregir y/o compensar), de manera que puedan estar previstos en los procesos desde las etapas tempranas de desarrollo del proyecto.
En otras palabras, los lineamientos de infraestructura verde son pautas de planificación y técnicas que buscan resolver las actuales limitaciones institucionales, ambientales y sociales para lograr una infraestructura más sostenible y que apoye el desarrollo nacional y local, manteniendo al mismo tiempo la integridad de los bosques y los ecosistemas. Estas directrices aportarán también a solucionar conflictos de uso de la tierra y a afianzar la participación social y la gobernanza.
Así se haría
Según estas organizaciones, para el desarrollo de los lienamientos se requiere de un trabajo constante entre la institucionalidad pública y privada competente, que permita su adopción
Adicionalmente, WWF y FCDS apoyarán al Comité Interministerial entre los ministerios de Transporte y Ambiente para definir los mecanismos apropiados de adopción de los lineamientos, y proporcionarán recomendaciones de política o reglamentación para permitir su aplicación a mediano plazo.
De igual manera se espera una incidencia en el sector financiero público y privado, nacional e internacional, para lograr que los lineamientos se constituyan en salvaguardas que prevengan la financiación inapropiada de proyectos viales que promuevan la deforestación.
Estas organizaciones indicaron que se pondrá en práctica un caso piloto de los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial en la región del Amazonas, específicamente en el departamento del Guaviare, en el tramo San José del Guaviare–Calamar y en la vía Perimetral de La Lindosa.
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«La aplicación participativa de los lineamientos proporcionará ajustes, recomendaciones y garantizará que estas pautas sean prácticas y aplicables», señalaron.
El piloto generará información técnica para considerar las principales variables ambientales, sociales y económicas aplicables, reducir al mínimo los riesgos y evaluar el proceso de adopción de decisiones. Este proceso sobre el terreno se llevará a cabo con instituciones públicas nacionales y regionales claves, comunidades locales e indígenas y organizaciones de base comunitaria.
De esta manera, se espera que esta iniciativa logre frenar la deforestación en la Amazonia colombiana, región que, según el más reciente reporte del Ideam, con corte al 31 diciembre de 2019, concentró el 62 por ciento de la tala de bosques del país.
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