Hace 20 años, la tarea de los nueve países amazónicos (Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Guayana, Guyana Francesa y Surinam) era declarar áreas protegidas, resguardos indígenas y zonas intocables a lo largo y ancho de 6,7 millones de kilómetros cuadrados que componen el bioma amazónico.
“Ya llevamos 1.032 áreas protegidas solo en la Amazonia, pero hoy el reto es integrar a la población con el Estado y los privados para encontrar una salida económica legal y sostenible en el tiempo, sin que se tale la selva y sin que se vea comprometido el 10 % de la biodiversidad conocida del planeta, que vive en la Amazonia”, dice José Gómez, coordinador del Proyecto Integración de las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico (IAPA), un proyecto que integra a varios países para la conservación del bioma.
Ante el creciente interés de las industrias en el potencial petrolero e hidroeléctrico en la Amazonia, sobre todo en Brasil y Perú, desde hace una década hay un motivo de discusión entre conservacionistas, funcionarios públicos y comunidades amazónicas. ¿Qué tal si en vez de sacarlos del llavero, la minería y el turismo se integraran a la región para conservarla?
Aunque la pregunta sea polémica, ya está sucediendo. Por eso, representantes de Colombia, Brasil, Ecuador, Perú Bolivia, Guayana y Venezuela, que hacen parte de Red Parques (la organización que agrupa las áreas protegidas de los nueve países amazónicos) y el proyecto IAPA (financiado por la Unión Europea), se reunieron en Quito el 25 y el 26 de abril para discutir cómo sostener a los más de 30 millones de personas que viven en las áreas protegidas de la Amazonia, incluyendo unos 400 pueblos indígenas, sin que se siga degradando la selva. La gran conclusión: el paradigma entre conservación y desarrollo es periódico de ayer, y desde hace una década, los países amazónicos tienen algunas propuestas en marcha.
Nadando en papeles
Marcos Pastor, uno de las caras más visibles del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernanp), aprendió a navegar las aguas de la burocracia para llevar a cabo un proyecto de pesquerías en la Reserva Nacional Pacayá Samiria (Perú), un parque de 2 millones de hectáreas en donde viven unas 100.000 personas (repartidas en 130 comunidades indígenas y campesinas) y que además, está declarado como un Sitio Ramsar. En esta zona, la caza furtiva, el transporte de madera ilegal y el tráfico de especies exóticas representan gran parte de los ingresos de los amazónicos, pero las pesquerías son las primeras iniciativas que le hacen el “quite” a la economía ilegal. De eso hace dos años, pero no ha sido fácil. “Como el proyecto que queríamos montar era de pesquería, y nosotros somos autoridad forestal y de áreas silvestres, teníamos que mandarlo a la dirección nacional de producción de Perú. El conflicto de papeleo era absurdo, y mientras, la gente esperaba”, recuerda Pastor. “Hicimos el cálculo: un ciudadano se demoraba dos semanas en Lima, sin actividad, y se gastaba unos 200 dólares”.
Una vez resuelto el problema del papeleo, contrataron a una empresa privada (que se llama Aqua) para llevar a turistas (en un 95 % extranjeros) por las inmensidades de la reserva en unas versiones modernas de los viejos buques de vapor que navegaban 4 o 5 días por el río Samiria. El gobierno cobra el ingreso a los turistas y la concesión a la empresa, y en los recorridos turísticos, la gente vende las artesanías en la puerta de su casa. “Para poder manejar el tema del turismo, empezamos a hacer acuerdos bajo la figura de ‘actividades de disfrute de paisaje’ y no ‘turismo’. Así la gente solo tiene que entenderse con una sola persona y no tres o cinco”, dice Pastor.
Un viaje de cinco días para turismo cinco estrellas
La primera vez que los holandeses llegaron tan adentro de la selva amazónica fue en 1989. Eran 16 turistas dentro de uno de los hotspots de biodiversidad más extensos del mundo, con 590.112 hectáreas de selva prácticamente intactas. Su experiencia como turistas sería la primera piedra para el oficio que hoy le da unos US$408.000 al parque y que es uno de los ejemplos más estables de negocios para la gente.
En ese entonces, al Parque Nacional Cuyabeno se lo estaba comiendo la deforestación. La zona ya estaba declarada como uno de los lugares más biodiversos del planeta junto con el Parque Nacional Yasuní (Ecuador), y por la misma razón, para el estado era más complejo conservarlo, mantener fuera a los colonos y financiar la vida de las nacionalidades indígenas cofán, siona, ashuar y quichua que viven dentro del parque.
¿La recomendación de los 16 holandeses? “Ampliar unas 150.000 hectáreas para que el parque ocupara la frontera con Perú”, dice Santiago Silva, director de biodiversidad del Ministerio de Ambiente de Ecuador. En un principio, los tímidos visitantes se quedaban en las cabañas de los estudiantes de biología de la Universidad Católica de Ecuador. “Ahora, la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno tiene 14 cabañas (o lodges) para recibir a 12.000 turistas al año”, cuenta Silva.
Por el aislamiento y la importancia biológica de Cuyabeno, no muchos operadores turísticos pueden tener concesiones. “En todo el territorio hay solo 14 puntos autorizados para visitar, y eso lo vigilan y lo operan tres de las cinco nacionalidades indígenas dentro del parque”, dice Sebastián Sierra, uno de los encargados de vigilar el proyecto turístico de Cuyabeno. “Cada uno tiene una temática y un límite muy estricto de capacidad humana. Hay cabañas para ver tapires, peces, águilas arpías, para refugiarse en la montaña o ver lagunas inundables. Está pensado como un circuito, de modo que el impacto humano nunca se concentra en un solo lugar”, cuenta.
Casi 40 años después del inicio del ecoturismo en Cuyabeno, ya no entran 16, sino 15.800 visitantes, al menos así fue en 2017. “Aunque sean zonas alejadas, a días de camino, es un turismo que funciona porque tiene calidad. Cada tanto va una persona de sanidad a revisar que en las cocinas se usen mallas para el cabello, que los cables eléctricos estén camuflados, que la electricidad solo se use de noche y que el jabón sea biodegradable”.
De la explotación minera al agua en Chiribiquete
De las 42 millones de hectáreas que están declaradas como área protegida en Colombia, el Parque Natural Nacional Serranía del Chiribiquete es considerado la joya de la corona. Durante los últimos meses ha estado en el foco de la opinión pública. Por un lado, la quema de más de 1.000 hectáreas en La Macarena (al norte del parque), la construcción de carreteras ilegales en el Guaviare (al este del Chiribiquete) y el acaparamiento de tierras en ese departamento ponen en duda la capacidad del Estado (particularmente de los encargados de las áreas protegidas, Parques Nacionales, y el Ejército Nacional) para cuidar un territorio de este tamaño. Por otro lado, el presidente Juan Manuel Santos prometió ampliar el parque en 1’500.000 hectáreas. “Estará conectado con el Parque La Macarena y con el Sumapaz, es decir, con esto logramos que la región amazónica esté integrada con los Andes, es como tener un corredor entre el sur de Bogotá y el corazón de la Amazonia”, dijo Santos al hacer el anuncio.
A la fecha ya han sido reubicadas una veintena de familias campesinas que habitaban en el territorio que se va ampliar, y en junio del año pasado, la Aeronáutica Civil reglamentó los sobrevuelos en el Chiribiquete para no perturbar los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario que viven allí. Pero detrás de esta ampliación hubo un diálogo que se empezó a impulsar desde 1994 y que solo tomó forma en 2015, cuando se obligó por decreto a las entidades del Estado colombiano a compartir información entre ellas a la hora de declarar o ampliar un área protegida. Arrancaron por discutir la urgente ampliación del Parque Chiribiquete, que sumó 1’483.399 hectáreas en 2013 y se busca sumar otro millón 500.000 para mediados de mayo de este año.
“Cuando sobrevolé el Chiribiquete en avioneta, hace unos años, vi el paraíso. Así debía ser el mundo antes de que llegáramos los humanos, es que la biodiversidad allí es única”, dice Laura García, la encargada de Cooperación Internacional del Parques Nacionales y una de las personas que impulsaron las conversaciones.
En marzo, Parques Nacionales (que es el principal responsable del cuidado del parque) presentó una propuesta al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a la Agencia Nacional de Tierras, porque querían incluir las Sabanas del Yarí (Caquetá), que no se encuentran bajo ninguna figura de protección. Por el contrario, hay dos zonas reservadas de interés minero-energético (los bloques Ama 1 y Ama 2) y otros cuatro bloques que aún no han sido solicitados para exploración por ninguna empresa petrolera: Bicuda, CAG3, PUT19 y PUT28. Estos dos últimos están en la cuenca Caguán-Putumayo, en donde se han encontrado yacimientos de petróleo, y hacen parte de la zona que el Gobierno colombiano quiere ampliar.
Aunque situaciones similares tienen en vilo las ampliaciones y declaraciones de áreas protegidas en la Serranía de San Lucas (Antioquia), sabanas y humedales de Arauca, Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de Perijá (Valledupar), Cabo Manglares (Nariño) y el Santuario de Acandí (Chocó), ya hay una solución para el Chiribiquete. En 2017, la ANH declinó los intereses en los dos bloques sobre la cuenca Caguán-Putumayo en correos intercambiados con el Ministerio de Ambiente. “Si no lo lográbamos, íbamos a perder un inmenso polígono de conservación para el parque”, dice García.
A pesar del triunfo, esta es la zona en donde casi 1.000 incendios arrasaron bosque nativo y pastizales en Guaviare y Meta en marzo de este año, pero las autoridades aún no han ido a ver qué se quemó en la zona. Por lo general, esas quemas están relacionadas con pastizales para ganado y acaparamiento de tierras, lo que indica que hay un grave problema de manejo de recursos, y Parques Nacionales lo sabe: “La idea es hacer una zona de amortiguación en donde ya hay algunas familias campesinas viviendo, y que dependan del ecoturismo, pero a diferencia de Ecuador, aquí no habría intermediarios privados, sino que las comunidades serían las dueñas y beneficiarias directas de la entrada a su territorio”, dice García.
El paradigma está cambiando. José Antonio Gómez lo resume así: “Con hambre es imposible conservar. Esa es la lección aprendida después de décadas de intentos de conservación”.
En contexto
Desde que el Tratado de Cooperación Amazónica se firmó, en 1978, los nueve países amazónicos se han agrupado bajo distintos convenios para proteger la Amazonia. Uno de ellos es el proyecto Integración de las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico (IAPA) – Visión Amazónica. Es financiado por la Unión Europea, coordinado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) e implementado en conjunto con WWF, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Redparques. Con ocho países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) y el territorio franco-guyanés que comparten el Bioma Amazónico, el proyecto promueve la gobernanza, la conservación y el manejo efectivo de áreas protegidas, para generar estrategias a nivel del Bioma que permitan protegerlo y minimizar el impacto del cambio climático. Otras iniciativas como estas han tomado cada vez más protagonismo, como el Corredor Triple A, un corredor ecológico que atravesaría ocho países.
Tomado de : ElEspectador