Mientras los fusiles paulatinamente se van silenciando en la Amazonia colombiana, las motosierras y retroexcavadoras retumban más fuerte entre la selva virgen. La región más deforestada del país –en 2016 perdió 70.074 hectáreas de bosque natural– se está viendo amenazada, entre muchas razones, por una vieja idea: la Marginal de la Selva, una carretera que recortaría 381 kilómetros entre San Vicente del Caguán y San José del Guaviare.
Los científicos temen que esta vía ponga en riesgo la conectividad de la Amazonia con los Andes y la Orinoquia, además de acabar con una biodiversidad única –mucha aún desconocida– y un potencial enorme para el turismo de naturaleza.
En entrevista con EL TIEMPO, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que la carretera “no se va a hacer porque desde el punto de vista ambiental sería completamente contraproducente”.
En la región, la deforestación avanza rápidamente y se come todo a su paso. Entre octubre y diciembre de 2017 –según el último reporte del Ideam- el 70 por ciento de las alertas tempanas por pérdida de cobertura boscosa se localizaron en los departamentos amazónicos de Caquetá, Putumayo, Meta y Guaviare. El núcleo más preocupante es entre los ríos Yarí y Caguán.
“Estamos destruyendo algunas de las carreteras que construyó las Farc en su momento y que están siendo utilizadas por muchas personas para ver si valorizan la tierra, y luego quemarla para ver si así las titulan. Eso no va a suceder y vamos a destruir muchas de las carreteras ilegales y clandestinas que hay”, dijo Santos.
En cuanto a los actores que están ampliando la frontera agropecuaria en la región y generando incendios forestales –aunque algunos ocurren de manera natural por la temporada seca– el presidente Santos se limitó a decir que “son unas mafias de tierras, unas organizaciones dedicadas a eso” que ya se están persiguiendo.
Aunque hay 90 investigaciones abiertas en la región por delitos ambientales relacionados con la deforestación, a la fecha el número de capturas apenas es de cinco personas, a quienes se encontraron talando bosque de forma ilegal en la vereda Caño Mosco, en Guaviare.
EL TIEMPO consultó al ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, sobre esta decisión y aseguró que, en el marco de la Comisión Intersectorial del Control de la Deforestación, varias vías de la Amazonia podrían ser inhabilitadas.
“Algunas vías que hemos analizado se encuentran en áreas protegidas, y otras se construyen con fines de acaparamiento de tierras, extracción de recursos naturales o actividades ilícitas. En el caso de la Marginal de la Selva está claramente demostrado que hay una correlación directa entre la construcción de la obra y el aumento de la deforestación. Si dejamos que continúe, nos cortará el corredor biológico y la conectividad del triángulo Andes-Amazonas-Orinoquia”, sentenció el jefe de la cartera verde.
El Ministerio de Ambiente –con imágenes de sensores remotos, sobrevuelos, recorridos de verificación y monitoreo de la deforestación obtenida por entidades como el Ideam, Parques Nacionales Naturales y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) – hay 12 accesos terrestres ilegales y pistas aéreas clandestinas que amenazan la integridad de la región.
Las 12 vías son: La Tunia-Camuya, Itilla- La Tunia, y Caño Grisa-Caño Barreto-Río Apaporis; que fueron catalogadas como vías Tipo A, aquellas con baja o nula población asentada y en jurisdicción de CARs que han emitido órdenes para inhabilitarlas.
Yaguará-La Tunia, Unión Buenos Aires-Tomachipán, San Luis de los Aires-Caño Macú, hacen parte de las vías Tipo B, con población asentada a las que debe dárseles alternativas de transporte y opciones de reubicación.
Guayabero–Barranco colorado, Segmento 1 Cafre-Guayabero, Segmento 2 Cafre-Guayabero, La Julia-Tinigua límite norte, Cruce Piñalito-Vereda Agua Linda, y Cruce Piñalito-Vereda Palmeras. Estas son vías Tipo C, ubicadas en resguardos indígenas, por lo que requieren la intervención del Ministerio del Interior.
«Las características del diseño y trazado del proyecto la Marginal de la Selva hasta el momento, así como el nivel de estudios desarrollados para la evaluación de impacto ambiental, no corresponden a un proyecto de infraestructura verde para la zona. Los estudios indican que se debe desarrollar una estrategia rápida de restauración en las áreas de conectividad, recuperar predios de latifundio en el borde del río Guayabero, que se encuentra al interior del PNN Macarena, y la formalización de la propiedad de pequeños campesinos”, señala Rodrigo Botero, director de la FCDS.
TATIANA PARDO IBARRA
Medio Ambiente
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Tomado de : ElTiempo