Este jueves el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, entregará su informe anual acerca de los desafíos humanitarios en Colombia, en el que anota con preocupación que en varias zonas del país donde se esperaban beneficios del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, la situación humanitaria ha empeorado.
EL COLOMBIANO habló con Christoph Harnisch, el jefe de la delegación del CICR en Colombia acerca de ese informe.
¿El posconflicto no resultó como se esperaba en el momento de la firma del firma del Acuerdo entre el Gobierno y las Farc?
“Hay que ver la situación tal y como es, según nuestras observaciones en el terreno hubo dos dimensiones: la primera es que las zonas que dejaron las Farc, a partir del mes de febrero del año pasado, vimos un deterioro de la seguridad de las poblaciones civiles, porque no hubo un esfuerzo suficiente de la Fuerza Pública para ir a estas zonas, quedarse y proteger a la población, el resultado es que hubo más criminalidad, hubo una situación más difícil y en algunas zonas como Putumayo el fortalecimiento de grupos como “la Constru” fue evidente, esto afecta directamente a la población civil en términos de amenazas, de homicidios selectivos, casos de desaparición y afectación por artefactos explosivos improvisados..
La segunda, es una situación más compleja como la que ocurre en Chocó y Nariño, con más necesidad de intervención de parte del CICR por causas de desplazamientos masivos o individuales, como consecuencia de enfrentamientos entre grupos como el Eln y los urabeños, y también enfrentamientos entre la Fuerza Pública y estos grupos.
En estas zonas, que nosotros conocemos desde hace mucho tiempo, no hubo realmente un cambio para la población civil, si uno compara la situación del año pasado con los años 2015 y 2016. Hubo, de hecho, para zonas como Chocó un deterioro de la situación con más necesidad de operaciones de emergencia para casos de desplazamiento”.
Ustedes desde el informe del año pasado mostraban con preocupación que en Colombia, por como estaban dadas las condiciones, no iba haber en realidad posconflicto, ¿cree que en este momento podemos hablar de ello?
“Para nosotros el término posconflicto no tiene sentido, preferimos el posacuerdo, que es una fase posterior a la firma del acuerdo en donde dimos los primeros pasos de la implementación y hubo buenas noticias, por ejemplo, todo el trabajo de concentración de las Farc, el desarme y la transición de este grupo armado en un partido político, pero hubo también la creación de un grupo que se llama disidencia, que ahora tiene más guerrilleros y forma parte del conflicto armado no internacional. Para nosotros tiene mucho más sentido hablar de una fase de posacuerdo durante la cual hace falta construir la paz.
La buena noticia para nosotros es que hay un grupo armado menos y en estas zonas no hay enfrentamiento entre el Gobierno y este grupo, pero a causa de ese logro nosotros no hablamos de posconflicto, porque siguen las dinámicas conflictivas y la violación de los Derechos Humanos en las zonas que las Farc dejaron y donde nosotros vimos un deterioro de las condiciones humanitarias”.
El informe dice que no se han logrado implementar las medidas suficientes de verdad y reparación para satisfacción de los derechos de las víctimas…
“Esa es nuestra preocupación mayor en temas como los desaparecidos, pero también en otros que afectan directamente a la población civil. Lo que se ve cuando uno habla con las poblaciones de esas zonas es que lo que llamamos paz territorial no se ha visto suficientemente. Hubo algunos esfuerzos del Gobierno para implementar el Acuerdo, por ejemplo los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito y desminado humanitario, pero esto no es suficiente, hubo muchas demoras, dificultades y cuando uno ve la situación tan compleja que se vive en Tumaco (Nariño) está claro que los esfuerzos del Gobierno fueron insuficientes, incluso fueron factores de tensión entre las comunidades. Hay una frustración grande en esas poblaciones porque no vieron una mejora de sus condiciones y en algunos lugares como Nariño, Chocó y Putumayo vieron una situación más difícil para ellos, con más violencia”.
¿Hubo alguna región del país en la que ustedes operaran en la que debieron disminuir su atención humanitaria porque se solucionó el problema de conflicto?
“No. No pudimos identificar zonas que no requieran la presencia de un actor humanitario como el CICR, hubo un cambio en los territorios que dejaron las Farc porque ya no opera el DIH, sino los Derechos Humanos, pero de todas formas vemos que nuestra tarea en esas zonas por causa de la presencia de elementos de lo que se llaman las disidencias hay una situación mucho más compleja, entonces nuestra conclusión es que no podemos dejar estas zonas y tenemos que continuar monitoreando, observando lo que pasa y dialogando con las organizaciones civiles para saber en qué situación están”.
En Octubre de 2015 con el acuerdo de búsqueda de desaparecidos entre el Gobierno y las Farc, usted era muy cauteloso acerca de que tal vez no podríamos encontrar a todos los desaparecidos, pero han pasado más de dos años y los avances son pocos, ¿cómo ve ese proceso?
“Es verdad que no hubo avances muy importantes en el establecimiento y la creación de la Unidad de Búsqueda, pero hay que destacar que el trabajo que se hizo con el Gobierno y con las Farc en identificar casos se hizo bastante bien y podemos decir que pudimos identificar más de 200 casos de desaparecidos y dar respuestas para estos familiares.
La implementación del sistema integral que incluye la Unidad de Búsqueda se hizo de manera muy lenta, con muchas demoras y ahora estamos en una situación en la que hay un decreto, esperamos que sea validado por la Corte Constitucional, y está la nominación y toma de posesión de la directora, Luz Marina Monzón, que son pasos buenos, pero no es suficiente y hay mucho trabajo por hacer para dar a esta Unidad una organización, recursos humanos y financieros para que pueda hacer el trabajo activo de búsqueda”.
En lo que va corrido del 2018, en Antioquia específicamente hay una situación bien lamentable por desplazamiento ¿cree que la atención que el Estado les brinda a esas familias es suficiente?
“Esto hace parte del diálogo que tenemos con la Unidad de Víctimas y con otras organizaciones humanitarias colombianas e internacionales. El desplazamiento por diferentes razones, por enfrentamientos, por el actuar de grupos armados o por amenazas es una realidad que sigue siendo importante. Nosotros brindamos la respuesta humanitaria en las zonas donde estamos y verificamos en las zonas en donde no estamos. Todos reconocen la importancia de la ayuda humanitaria para estas personas, no se puede decir que en una situación de posconflicto no hay necesidad de acción humanitaria, esto es falso”.
En el informe denuncian la situación de las cárceles colombianas…
“Cuando uno ve la afectación a sectores de la sociedad colombiana que son particularmente vulnerables para nosotros los detenidos la situación en las cárceles es una preocupación mayor, es por eso que lo destacamos mucho. Este es un problema muy complejo, nosotros trabajamos con el Ministerio de Justicia y el Inpec sobre medidas de mejoramiento, pero está claro que lo que se requiere es una política criminal que responsa a una situación que es muy difícil de entender: la lucha contra el hacinamiento y asegurar la seguridad la ciudadanía. Los presos son los vulnerables de los más vulnerables y es un grupo de personas que a la sociedad no le interesa. Nosotros pensamos que cuando la Corte Constitucional dice claramente en su sentencia que la situación en las cárceles es infrahumana y no corresponde al respeto de los Derechos Humanos es muy serio y hay que tomar medidas a corto y largo plazo.
Para nosotros es muy importante que los futuros gobierno y los futuros congresistas, sea quienes sean se ocupen de este problema que no puede verse únicamente en términos de seguridad sino en términos de discriminación y en términos de inversión social”.
Fuente : ElColombiano