Mientras el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirma que los asesinatos de líderes sociales se dan “en su inmensa mayoría fruto de un tema de linderos y faldas”, los habitantes de Putumayo han venido denunciando la presencia de actores armados y disidencias de las Farc que están amenazando y asesinando a sus líderes por el control del narcotráfico en la zona. No son los únicos. Ayer, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su desconcierto por la descalificación del ministro Villegas y aseveró que, de acuerdo con su trabajo en terreno, hasta ayer tienen registrados 105 homicidios de defensores de derechos humanos: 73 asesinatos contra líderes y lideresas, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos y 14 víctimas durante movilizaciones sociales. Los crímenes fueron perpetrados por sicarios en un 59 %.
En el Putumayo estos casos se están presentando, en su gran mayoría, en municipios como San Miguel, Puerto Asís, Valle del Guamuez, Puerto Caicedo, Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán. Durante el recorrido que Colombia 2020 hizo por estos municipios, que están entre los más afectados por amenazas, desplazamientos y asesinatos, fue evidente la preocupación de las comunidades. Principalmente, por la situación de ingobernabilidad en la que quedó el departamento luego de que las Farc se concentraran y dejaran las armas, y el escenario de disputa que esto abrió a otros actores armados. Un fenómeno que también ha documentado la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aquí y en otros departamentos.
Por ser frontera con Ecuador y Perú, y por la complejidad de su geografía selvática, Putumayo ha sido clave para el manejo del narcotráfico por parte de actores armados y fue punto focal para la violencia y el terror. Guerrilla y paramilitares hicieron presencia desde 1980 y 1990, respectivamente. Allí estaban los frentes 32, 48 y 49 de las Farc y el grupo paramilitar Bloque Sur de Putumayo. Además, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, este departamento tenía a diciembre de 2016, 25.162 hectáreas cultivadas de coca. Hoy sigue siendo el segundo departamento del país más afectado por cultivos ilícitos, después de Nariño.
Presencia de actores armados
La Defensoría del Pueblo ha denunciado la presencia de actores armados que están volviendo al terreno, como La Constru, Los Comuneros y disidencias de las Farc, y la llegada de nuevos grupos que se hacen llamar Autodefensas Guardias Campesinas Armadas.
“Las disidencias de las Farc han hecho presencia por el corredor que conecta a Villagarzón, Mocoa y Puerto Guzmán, así como sobre las cuencas de los ríos Mandur y Caquetá. Dichas disidencias estarían en coordinación con La Constru, en lo que parece ser la continuidad en la distribución de actividades económicas ilegales como la producción de estupefacientes, la minería ilegal y la extorsión. […] El nuevo grupo armado ilegal autodenominado Autodefensas Guardias Campesinas Armadas ha manifestado que van a mantener el orden en las zonas en las que han hecho presencia, como las veredas La Ceiba y El Cerrito (Puerto Guzmán)”, relata en su informe del 23 de noviembre de este año.
En octubre de 2017, el brigadier general Adolfo Hernández, quien fue el comandante de la Brigada de Selva N° 27 de Putumayo hasta el pasado 11 de diciembre, confirmó ante medios de comunicación la presencia de La Constru y de disidencias del Frente 48 de las Farc.
“Quince hombres, bajo el mando de alias Darwin, abandonaron la zona veredal para dedicarse al narcotráfico. Están operando en el medio y bajo Putumayo, en zonas rurales de Puerto Guzmán, Puerto Asís, Puerto Caicedo y San Miguel. También estamos investigando sobre el grupo armado ilegal que se hace llamar Guardia Campesina Armada y que está presionando a los campesinos que quieren acogerse al plan de sustitución voluntaria de cultivos de coca”, anunció en ese momento.
Además, en entrevista con este medio, también habló acerca de Los Comuneros, grupo proveniente de Ecuador: “Allá hay un grupo que al parecer está diezmado. Delinquían en la frontera, incluso a veces pasaban a Colombia. Secuestraban, extorsionaban y entraron en el narcotráfico. Ese grupo al parecer tenía una relación muy estrecha con el Frente 48 de las Farc”.
La versión es contraria a la que manejan autoridades como la Policía, quienes niegan la existencia de grupos armados organizados y califican a quienes están detrás de los atentados y amenazas como delincuentes comunes. Precisamente, el pasado martes la Policía anunció la captura de seis personas que presuntamente hacían parte del “grupo de delincuencia común organizado, autodenominado La Comuna”, quienes habrían participado en asesinatos selectivos de líderes comunitarios y campesinos en Puerto Asís.
“Cruzada la información con todas las agencias de inteligencia de la Fuerza Pública, se determinó que no hay grupos armados residuales. Es delincuencia común que está especialmente en la zona rural de Puerto Guzmán, precisamente por el tema del narcotráfico”, aseguró en diálogo con este medio el teniente coronel Paul Rodríguez, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía en esta región.
Vuelven los desplazamientos y homicidios
Así como los testimonios de la gente, las cifras de la Red Nacional de Información (RNI) de la Unidad para las Víctimas son dicientes a la hora de comprobar la continuidad de hechos violentos por parte de estos actores en el 2017.
Por ejemplo, tienen documentado el número de amenazas que se han hecho contra la población civil. En Puerto Guzmán son 76, en Puerto Leguízamo son 43 y en Puerto Asís, 33. Gran parte de estas amenazas son contra líderes de Juntas de Acción Comunal (JAC) y personas que están dentro de los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Como lo documenta la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Defensoría del Pueblo, las amenazas vienen a través de panfletos, correos electrónicos, llamadas o irrupciones en el lugar de vivienda.
Entre octubre y diciembre de este año se han dado por lo menos cinco asesinatos de líderes y excombatientes de las Farc: Eliécer Carvajal, fiscal de la JAC de la vereda Caño Avena en Puerto Guzmán, asesinado el 18 de octubre; Luis Alfonso Giraldo, presidente de la JAC de la vereda La Brasilia (Puerto Asís), asesinado el 4 de diciembre por el grupo capturado hace dos días por la Policía, y Diego Suárez, vicepresidente de la JAC de la vereda La Delicia-Sencellá (Puerto Leguízamo), asesinado el 9 de diciembre. Y los excombatientes Óscar Arango, conocido como Martín, del frente 32, asesinado el 29 de octubre en Puerto Guzmán, y John Alexánder Delgado, del frente 48, asesinado el 4 de septiembre en Orito.
Además de estos hechos, otro asunto de gran preocupación son los desplazamientos a causa de las amenazas y ataques de los grupos armados. En lo corrido del año se han registrado 1.181 desplazamientos forzados en el Putumayo, de acuerdo con la Unidad de Víctimas.
“Algo que venimos diciendo desde enero es que, a pesar de la firma del acuerdo, la violencia de una forma u otra sigue. Desde el punto de vista reactivo, la Alcaldía, el sistema de víctimas y el Ministerio Público tienen que estar listos en caso de que se sigan presentando desplazamientos. Desde el punto de vista preventivo, lo pertinente es que se convoquen espacios, como el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, que tenga presente que no es un problema sólo local, sino del departamento y el país”, afirma Federico Sersale, jefe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), organización que les ha prestado asistencia humanitaria y técnica a algunas de estas familias desplazadas.
La palabra víctima está escrita en casi toda la población putumayense. Cada habitante tiene algún familiar, amigo o vecino que fue asesinado, desplazado o amenazado por grupos armados. Según la Unidad para las Víctimas, el 51 % de la población, cerca de 180.000 personas de 350.000 habitantes, son víctima del conflicto.
Sin embargo, ya no quieren repetir esta historia de violencia. Quieren que el Estado haga presencia y los ayude, así como lo están pidiendo otros departamentos del país donde, paradójicamente, también se está hablando de posconflicto.
Fuente : ElEspectador