La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró exequible el Decreto 601 de 2017 mediante el cual se declaró la emergencia económica, social y ecológica en Mocoa, capital de Putumayo, a raíz a de la creciente de varias quebradas y de los ríos Mulato, Mocoa y Sangoyaco, que ocasionaron la avalancha que acabó con la vida de 315 personas, dejó heridas a 332 más, afectó 1.518 familias y produjo la desaparición de aproximadamente 200 habitantes, según reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La corporación judicial determinó que el Decreto expedido por el presidente Juan Manuel Santos cumple con los requisitos de constitucionalidad.
En este Decreto se determinó por parte del Gobierno nacional “la asignación inicial de $750 mil pesos como subsidio para pagar el arriendo de tres meses a cada familia” así como se definieron los procedimientos para el proyecto del “nuevo acueducto, que debe empezar a funcionar parcialmente en 4 o 5 meses”.
Además quedó establecido “la construcción de un nuevo puente y el nuevo hospital (…) que se espera terminar en 14 o 15 meses”.
Igualmente se establecieron “tres zonas Wi Fi totalmente gratis, adicionales a las dos que ya tiene Mocoa, para que la población pueda utilizar el internet. 20 plantas solares que se están distribuyendo para que la gente pueda cargar sus celulares, las dificultades en la prestación de la energía eléctrica. Son evidentes y severas”.
En ese punto el Gobierno afirmó que la gran cantidad de heridos y damnificados constituye un reto “de dimensiones inusuales para el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que no solo deben atender las necesidades de los directamente afectados, muchos de los cuales pertenecen a la población más vulnerable del municipio dentro de la que se cuenta un número considerable de niños, sino que tienen la responsabilidad de impedir la extensión de los efectos para todos los habitantes del municipio, incluidos los del área rural, lo cual exige la disposición de ingentes recursos económicos”.
“Que la gravedad de los daños producidos en este municipio impacta también el orden económico y social de la población porque el alud de agua, piedras y lodo causó la pérdida o la inhabilitación de las casas de cientos de colombianos, además de que destruyó sus bienes personales y recursos económicos, sin mencionar que en muchos casos inhabilitó las fuentes de subsistencia de las familias afectadas, algunas de ellas dedicadas al trabajo informal o artesanal. En este sentido, la tragedia ocurrida entre el pasado 31 de marzo y el 10 de abril tiene la capacidad de generar un problema crítico de desempleo, con fuertes consecuencias para el mercado laboral, que deben ser atendidas con medidas extraordinarias que promuevan el empleo y la generación de empresa”, agrega el decreto.
PAOLA SANTOFIMIO
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