El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, pidió a la Corte Constitucional declarar ajustado a la Carta Política el Decreto 601 de 2017, por medio del cual el Gobierno Nacional decretó la Emergencia Económica, Social y Ambiental para el municipio de Mocoa.
El Procurador aseguró que los hechos que sirvieron de fundamento a la declaratoria de emergencia “son graves porque este desastre natural tuvo una fuerte incidencia en el goce efectivo de varios de los derechos previstos en la Constitución y, en consecuencia, los motivos que adujo el Gobierno Nacional en el Decreto son razonables y están plenamente fundados”.
El Ministerio Público verificó además, que se trataba de una circunstancia sobreviniente de carácter extraordinario.
El Gobierno Nacional a través de la UNGRD reveló que fallecieron 290 personas (190 eran niños) y 332 resultaron heridas, 1.518 familias fueron afectadas, 9 vías del casco urbano resultaron deterioradas, 7 puentes y 27 barrios sufrieron daños, las redes de energía eléctrica y acueducto resultaron averiadas y 4 redes de acueducto y alcantarillado quedaron con serios daños.
La Procuraduría precisó que está confirmado el deterioro de los derechos fundamentales y su goce efectivo, como ocurrió con la infraestructura educativa, seriamente averiada; las instituciones de salud que además colapsaron, como ocurrió con el hospital de Mocoa, que no contaba con la infraestructura y el personal necesario para atender a los heridos. La avalancha también tuvo efectos en el acceso a la administración de justicia y a unas condiciones mínimas de reclusión digna, pues la casa de justicia y la cárcel sufrieron daños estructurales.
Para el Ministerio Público el catálogo de acciones dispuestas en la Ley 1523 de 2012 es insuficiente para dar solución a la emergencia en el municipio de Mocoa, pues se trata de mecanismos de orden administrativo que resultan insuficientes para enfrentar una crisis de las dimensiones presentadas en la capital del departamento de Putumayo.
Por último, el Procurador hizo un llamado de advertencia al gobierno para que tome medidas frente al “fenómeno del calentamiento global y la alteración que ello implica para los ecosistemas, de trabajar en un diseño de políticas públicas que puedan afrontar, situaciones que van a presentarse cada vez más frecuentemente y con mayor gravedad. Lo anterior para evitar que la sociedad viva en situaciones de excepción permanente, con la afectación que ello supone para el equilibrio de poderes y las libertades públicas”.
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