En las últimas horas ha causado polémica en Cartagena el nombramiento de la excandidata a la Alcaldía de esa ciudad Rosario Romero Ibarra, investigada por peculado, prevaricato por acción y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, como la encargada de una ONG internacional llamada Cooperación Sur Sur para el Desarrollo Sostenible para gestionar ayudas en la devastada ciudad de Mocoa. En algunos medios y por redes han asumido que se trata de un cargo público y que manejará plata del Gobierno.
Incluso en corrillos en Cartagena y por Twitter esta mañana, además de recordar la investigación que tiene abierta, varios comentaron con suspicacia la relación que tiene su hija María García Romero con Martín Santos, el hijo del presidente Juan Manuel Santos, un asunto que ha sido mencionado en revistas de farándula.
La Silla Caribe averiguó y la realidad es que no se trata de un nombramiento que tenga que ver con el Gobierno. De hecho, hablamos con la Cancillería y nos dijeron que desconocen por completo a esa ONG y que nunca ha sido aliada suya.
Además, nos explicaron que, de darse la gestión de Romero, la organización que esté interesada en hacer la ayuda tendrá que contactar al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque todos los países que han hecho aportes giran los recursos a una misma cuenta bancaria. Para eso es indispensable contactar a la Cancillería pues todo debe entrar al fondo común que es administrado por Gestión del Riesgo y la Gerencia de Reconstrucción de Mocoa, que está a cargo del ministro de Defensa Luis Carlos Villegas.
El escándalo se armó porque Romero Ibarra, quien fue candidata a la Alcaldía de La Heroica en las regionales pasadas con el aval de AICO, tiene abierto un proceso en la Fiscalía por supuestamente haber manejado de forma irregular unos 1.800 millones de pesos cuando fue gerente interventora del Hospital Público La Candelaria del municipio de El Banco, Magdalena.
Por ese caso fue capturada el año pasado y detenida preventivamente en casa por cárcel, como lo contamos en La Caribe. Aunque esa medida le fue suspendida desde agosto del año pasado, porque acordó con la Fiscalía el pago mensual de un salario mínimo legal.
Aunque Romero asegura que no manejará los recursos que gire una fundación de Taiwán con la que está tendiendo puentes para que llegue ayuda a Mocoa, ella ya viajó a la capital del Putumayo y se reunió con la Gobernadora y con el Alcalde de la ciudad. Además de eso, recorrió varios de los albergues.
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