Falta de garantías de participación equitativa a todas las organizaciones y dudas sobre las reglas de juego y los mecanismos para la implementación fueron las principales razones por las que múltiples organizaciones sociales de Putumayo decidieron no firmar el preacuerdo regional para la sustitución de cultivos ilícitos alcanzado este sábado por el Gobierno y representantes de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales, el pueblo nasa, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana y representantes de Asojuntas de cuatro municipios del departamento.
Se trata de un pacto que, según los cálculos del Gobierno, cobija a más de 36.000 familias campesinas que cultivan 20.068 hectáreas de coca en Putumayo y hace parte de un plan a largo plazo con el que se busca reemplazar este año 50.000 hectáreas a través de consensos con las comunidades rurales. Sin embargo, el consenso no ha sido completo en el segundo departamento con más cultivos de coca en el país. En últimas, los firmantes del preacuerdo recogen cerca del 40 % de las organizaciones del departamento. El otro 60 %, que también ha manifestado el respaldo total al Acuerdo de Paz, quedó por fuera.
Organizaciones de carácter departamental, como el Congreso de los Pueblos, las juntas comunales de 13 municipios, 14 pueblos indígenas, Espacio Paz Territorial (del que hacen parte, entre otras, Anuc Putumayo, Federación Comunal y Ruta Pacífica), la Mesa de Víctimas Departamental y asociaciones de productores, entre otras, decidieron no firmar el preacuerdo y solicitaron al Gobierno más tiempo para socializar con las comunidades, consultar a las bases en las veredas y realizar consulta previa con las comunidades indígenas y afrodescendientes, para posteriormente convocar a una cumbre con el fin de que haya un verdadero consenso y se firme un acuerdo con el respaldo de la totalidad de las organizaciones sociales.
Las preocupaciones son varias: la continuidad de operativos de fumigación por parte de las Fuerzas Militares, la falta de recursos económicos suficientes por parte del Gobierno para atender a las 50.000 familias (sólo se atenderán 37.000) que habitan en el departamento, la falta de claridad sobre quién administrará los recursos que lleguen, la no adopción de medidas concretas para combatir el fenómeno del paramilitarismo y la falta de garantías de seguridad para quienes asumen el proceso de sustitución.
Se espera que esta semana se produzca un comunicado oficial de las organizaciones, que recoja las preocupaciones que persisten. Entretanto, los delegados y representantes continuarán haciendo las consultas en las veredas, con los cocaleros y las familias, para poner en su conocimiento la propuesta del Gobierno que promete una remuneración de $1 millón mensual por trabajo, para cada familia que se vincule a los acuerdos.
Fuente : http://www.elespectador.com/noticias/politica/en-putumayo-no-todos-firmaron-acuerdo-de-sustitucion-articulo-680943