El magistrado Danilo Rojas busca mejorar la percepción de la justicia.
ElTiempo – El Consejo de Estado comienza esta semana en Ibagué una campaña con la que busca que los administradores locales conozcan cómo prevenir que el Estado siga pagando por demandas evitables. El año pasado la Nación pagó más de 427.000 millones de pesos por errores cometidos por servidores públicos.
El presidente de ese alto tribunal, Danilo Rojas Betancourth, en entrevista con EL TIEMPO habló del programa que se realizará de la mano con alcaldes locales, la Fuerza Pública y gobernadores.
¿De qué se tratan los foros que se realizarán en las regiones?
Son foros de cultura de legalidad jurídica. La idea es que el Consejo de Estado viaje a las regiones para que, junto con los magistrados de los tribunales de lo contencioso administrativo y los jueces administrativos, se haga una suerte de información, capacitación y rendición de cuentas. El programa está dirigido básicamente a los alcaldes de las regiones.
El primer evento se realizará en Ibagué el próximo 3 de marzo. Es un proyecto piloto, y a partir de ahí se definirá el programa en el resto del país. Se convocó al presidente Juan Manuel Santos, a los representantes de las instituciones del departamento, mandatarios, la Fuerza Pública, los representantes de la sociedad civil y a las universidades.
¿Cuáles son los beneficios?
El Estado se ahorraría mucho dinero al no haber demandas ni condenas. Hay unos rubros muy altos en condenas al Estado en materia contractual, laboral y de violación de derechos humanos que este proyecto busca disminuir sensiblemente.
En este momento, en pagos por reclamaciones relacionadas con el Estado, la cifra está entre 2,9 y 4,8 billones de pesos.
¿Cuál es el propósito de los foros?
Buscamos decirles que nosotros somos sus jueces. El alcalde normalmente está pensando en las investigaciones que se adelantan en la Procuraduría, en la Contraloría y en la Fiscalía en su contra, pero no en lo que le causaría problemas por errores en su administración.
La idea es decirles, especialmente a los alcaldes, ‘nosotros somos sus jueces’. Los hemos venido condenando por muchos temas: por contratos públicos y destituciones de servidores públicos que hacen mal. Casos en los que se despide a una mujer embarazada o a una persona que está en carrera como si fuera un empleado en un puesto de libre nombramiento y remoción. Además, condenas por graves violaciones de derechos humanos que cometa la Fuerza Pública en las regiones.
¿Cómo se medirá si se está cumpliendo con lo esperado?
Lo que buscamos técnicamente se llama prevención del daño antijurídico, pero nosotros preferimos llamarlo cultura de legalidad. La demanda contenciosa debe bajar y tener menos enredos en litigio sobre esos temas.
El problema ahora es que tenemos que mirar cómo lo podemos medir, qué está bajando la congestión judicial. Lo ideal sería conocer la línea de base actual y cómo evolucionó este año.
Debería bajar igualmente el tema de corrupción en la administración y mejorar la percepción ciudadana con relación a los jueces. Si a un ciudadano se le informa sobre el quehacer de los jueces, mejorará el juicio que tiene sobre estos.
¿Cómo se llegará a todas las regiones del país?
La solicitud ya está hecha en virtud del número de tribunales que hay en todo el país, que son 27. Se quedan por fuera, por ejemplo, Putumayo y Amazonas, pero para ellos hacemos eventos especiales regionalizados.
El 30 de marzo hay una reunión en Bogotá con la Alcaldía, el Tribunal de Cundinamarca y de la capital.
¿El Consejo de Estado había tenido un proyecto similar?
No, es la primera vez, y es como mi programa bandera en esta presidencia. El año pasado, el Consejo de Estado creó la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas, que hace parte de una organización internacional que se llama Alianza para el Gobierno Abierto, que tiene como propósito motivar e incentivar gobiernos abiertos en todo el mundo.
Lo que quiero hacer en cada uno de estos eventos es que se instalen las comisiones regionales de transparencia y rendición de cuentas, a cargo de los tribunales administrativos.
Los ojos en el posconflicto
El Consejo de Estado ha planteado que las decisiones de la Sección Tercera, que tramita asuntos relacionados con violaciones de los derechos humanos, condenas por masacres, desapariciones y torturas, entre otros, hagan parte del archivo de Memoria Histórica del conflicto.
“Este tipo de decisiones envían un mensaje económico de que cuesta más la guerra que la paz”, señaló el magistrado Danilo Rojas, presidente de ese tribunal. Rojas afirmó que los fallos de esa corte deberían jugar un papel clave en la reconstrucción de la verdad de lo que pasó en la guerra.
JUSTICIA
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/demandas-a-la-nacion/16523292