Por : Germán Arenas Usme
El 25 y 26 de marzo de este año en la escuela de la comunidad indígena Alpagama no hubo clases. Pero los 37 niños y niñas Inga que estudian allí no estaban felices. Estaban asustados.
El ejército había encontrado explosivos junto al árbol del patio de la escuela. Mientras los desactivaban, esta estuvo cerrada dos días.
Los estudiantes de la institución educativa Luis Vidal de la inspección Piñuña Negro, a dos horas de Puerto Asís por el río Putumayo, estuvieron entre los primeros en sentir directamente el impacto del fin del cese unilateral de hostilidades de las Farc, el 22 de mayo.
Cinco días después, guerrilleros de las Farc hostigaron el puesto de la Armada, ubicado a 900 metros de la institución educativa, cuando los estudiantes se preparaban para recibir su almuerzo. Todos se escondieron debajo de las mesas del restaurante escolar, según contó una docente.
Estos hechos son parte de la realidad de la educación en zonas rurales del Putumayo. El departamento tiene 149 planteles educativos oficiales donde asisten 73.448 alumnos. Un reciente reporte de la sexta División del ejército revela que se han descubierto en los últimos doce meses 53 áreas minadas en el medio y bajo Putumayo –sobre todo en zonas rurales de Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel Orito y Valle del Guamuéz–, de las cuales 17 están muy cercanas a planteles educativos. Todas están en zona rural.
En esos 365 días un total de 621 minas antipersonal y artefactos explosivos y 19 medios de lanzamiento casero han sido desactivados. Varios de estos explosivos se han ubicado y destruido en seis instituciones educativas.
Además, en los 27 ataques de la guerrilla registrados del 2013 al 2015 contra instalaciones de la fuerza pública, siete planteles educativos fueron afectados, según un reporte de la Defensoría del Pueblo regional y la Secretaría de Educación.
Durante los seis ceses unilaterales de hostilidades que han hecho las Farc desde que empezaron a negociar con el gobierno en noviembre del 2012 los hostigamientos cesan, como ocurre ahora, a raíz de la tregua iniciada por esta guerrilla desde el 20 de julio. Pero el peligro de las minas y explosivos para los estudiantes se mantiene.
Escuelas y minas
A mediados de enero de este año, en la vereda Puerto Amor, zona rural de La Hormiga, técnicos del Grupo Marte de la Sexta División neutralizaron dos cilindros, cada uno con 50 kilos de pentolita, instalados a tres metros de las aulas de clase de la escuela.
El 23 de febrero, fueron desactivados varios artefactos explosivos ubicados por las Farc detrás de las instalaciones del colegio de Comfamiliar, en Puerto Asís. Los 200 estudiantes fueron evacuados.
Nelson Mosquera, secretario de educación departamental, presentó una lista de 11 instituciones afectadas por los grupos armados en los dos últimos años en las veredas de Maraveles, La Y, Mogambo, Jordán Guisia, El Temblón (Valle del Guamuéz); Santa Rosa, La Carmelita, Puerto Bello (Puerto Asís); Las Palmeras y Siberia (Orito); Santa Rosa (Villagarzón) y Puerto Colón (San Miguel).
La Defensoría del Pueblo, viene denunciando que desde 1993 existen varios campos minados sembrados cerca de planteles educativos, sobre todo en regiones del bajo Putumayo, que han cobrado cuatro víctimas entre estudiantes.
El pasado 9 junio, cuando Kevin Minda, de 11 años, iba con su padre rumbo a la escuela por un camino veredal de la vereda Los Olivos, de Valle del Guamuéz, cayó en una mina. El 26 de mayo del 2014, en Orito, al ingreso a su colegio Jorge Eliecer Gaitán, un joven de 16 años encontró un explosivo que explotó en su mano izquierda y le arrancó tres dedos, según denunció la Personera Milena Rivadeneira. En la vereda La Alea, de Puerto Asís, Jacqueline García, de 16 años de edad, en camino hacia la escuela en compañía de su hermano de 9 años perdió las dos piernas por culpa de una mina, el 21 de febrero del 2013.
Diego Fernando Gutiérrez, hasta hace poco Defensor Regional del pueblo explicó que una de las razones que aducen las Farc para instalar explosivos en lugares cercanos a las escuelas es que el ejército utiliza a veces las instalaciones educativas para montar sus campamentos, lo que viola el derecho humanitario. La coordinadora de Derechos Humanos de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales Campesinas, Indígenas y Afro del Putumayo, Yuri Quintero, denuncia que el ejército está utilizando las escuelas del sector rural del corredor Puerto Vega – Teteyé, una zona de marcada influencia de las Farc, para descansar en las noches, y que igual sucede en algunas zonas rurales de Puerto Caicedo y Orito.
Durante su paso por la Defensoría, entre 2013 y mayo pasado, Gutiérrez fue reiterativo en los consejos de seguridad en advertir al ejército que sus tropas no pueden utilizar los colegios para montar campamentos ni puestos militares, advertencia que la fuerza pública dice haber respetado desde el año 2005.
‘Vecino peligroso’
El 16 de febrero del 2013, a las 4 y 30 de la mañana, la estación de policía de Ciudad Jardín, en Puerto Asís, ubicada junto a la escuela, fue atacada por el frente 48 de las Farc. Este hecho llevó a los padres de familia de la Escuela Central, en la población cercana de La Hormiga, a presentar una tutela para cambiar de sitio la estación de policía, ubicada junto al plantel. Los padres declararon a la policía “vecino peligroso”.
“La lucha no fue nada fácil”, afirma Flor Argoty, quien presidía la junta de padres de familia. Para lograr el traslado, los padres dejaron de enviar a sus hijos a la escuela durante dos meses. “Este tema lo tuvimos que llevar hasta el Congreso. El entonces representante Guillermo Rivera citó a los ministros de Defensa y Educación para plantear el tema”, dice Argoty.
La Policía apeló, pero finalmente, para inicios del año escolar de 2014, la estación de La Hormiga fue reubicada.
Similar batalla jurídica emprendieron los padres de familia del colegio Luis Vidales de Piñuña Negro, quienes dejaron de enviar a los 127 estudiantes por temor a un ataque de las Farc. Durante la protesta, los estudiantes recibían clases en improvisadas aulas como un salón de billar, la nave central de la iglesia y una caseta comunal.
La Armada desplazó el puesto algo más lejos del colegio y se instaló alrededor del mismo un enmallado protectivo. Sin embargo, el pasado 27 de mayo, las FARC hostigaron el puesto militar y causaron el pánico entre los estudiantes a la hora del almuerzo.
Ha sido práctica común en municipios del medio y bajo Putumayo que los frentes 48 y 32, al mando de alias ‘Robledo’ y ‘Caballo’, ataquen con explosivos y armas no convencionales las estaciones de Policía y guarniciones militares. En no pocos casos, estas se encuentran cerca a instalaciones educativas y el temor de padres, estudiantes y profesores genera conflictos entre las comunidades y la fuerza pública como los de La Hormiga y Piñuña Negro.
El 6 de enero del 2012, la guerrilla hostigó la estación de policía de El Placer, en Valle del Guamuéz, ubicada a menos de 100 metros de la escuela José Asunción Silva, a la que asisten 134 estudiantes. Varias granadas lanzadas por los guerrilleros cayeron en el patio de la escuela. Alexander Narváez, de 13 años, recibió un disparo de fusil.
Rosa Mueses, la rectora gestionó el traslado de la escuela, que se realizó a finales del año 2013.
Hoy la antigua escuela se ha convertido en un museo donde se exhiben elementos que utilizaban los paramilitares y las Farc cuando se disputaban el dominio territorial entre 1999 y 2005.
A partir del cese de hostilidades decretado por las Farc desde el 20 de julio pasado, la tensión ha bajado y no se han presentado nuevos hostigamientos ni víctimas de minas. Sin embargo, el fantasma de minas y explosivos sigue latente. Padres y estudiantes les temen sobre todo a los caminos que transitan para llegar a las escuelas.
* Esta historia es resultado del proyecto «La cobertura periodística del conflicto y la paz», en su fase editorial liderada por Consejo de Redacción (CdR) con el apoyo de International Media Support»