Esto advirtió en una entrevista con Dinero el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, al reconocer el “grave” impacto que tienen estas organizaciones delincuenciales para el país, dado que los recursos que obtienen por medio de nuevos métodos dejan de “ser utilizados en operaciones licitas” y ya no generarán “beneficios específicos para la economía”.
“Si sumamos la cuantía de las reclamaciones pueden llegar a sumar miles de millones de pesos, es mucho dinero el que se pierde en estas estructuras de captación ilegal. El hecho de que sean fraudulentas implica la necesidad de reprimirlas porque representan perjuicios para el sistema en general”, explicó Villamizar.
Y agregó que ninguna región de Colombia se escapa a la posibilidad de que estas organizaciones existan, pues desde la Superintendencia han identificado que estas estructuras extienden sus tentáculos por todos los departamentos del país y no solo en Putumayo como se creía en un principio. Lea también: ¿Pirámides en Estados Unidos?
Según cifras entregadas a este medio por la Superintendencia de Sociedades, en 2014 se realizaron 301 reclamaciones por cuenta de las pirámides que, a su vez, se quedaron con $39.000 millones de las personas.
Uno de los años más problemáticos fue el 2008, cuando se destapó el caso de DMG, considerada una de las estructuras de captación ilegal de dinero más grandes de Colombia. En ese periodo las autoridades recibieron denuncias contra 23 sociedades por $4.9 billones.
Villamizar también recordó el caso de EmGoldex, una organización que ofrecía la promesa de inversiones en oro con rentabilidades descomunales en distintos países del mundo y que finalmente tuvo que ser intervenida por las autoridades colombianas e internacionales.
Algunas pirámides, según el funcionario, “se presentan bajo el ropaje de la venta de commodities” como el oro, operaciones en las que, por ejemplo, “una persona supuestamente compra gramos de ese material y obtiene rentabilidades que pueden ser hasta del 100%”.
Las nuevas estrategias de las captadoras ilegales de dinero suponen un reto para los entes de control ya que “se han tecnificado significativamente a través de los medios informáticos” y sus acciones traspasan las fronteras, apuntó.
Precisamente, la Superintendencia de Sociedades ha comprobado que estas estructuras camuflan su actividad en los paraísos fiscales o en lugares de difícil acceso para que no haya un debido control de sus finanzas.
A pesar de las novedosas modalidades de estas bandas hay unas que, al parecer, siguen engañando a las personas de la manera tradicional.
Recientemente aparecieron miles de volantes en Bogotá en los que se publicita a una empresa que ofrece grandes rentabilidades en corto tiempo con el supuesto aval de la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional, investigada el año pasado por lavado de activos, narcotráfico y nexos con grupos armados herederos de paramilitares.
El panfleto, en el que además aparece la imagen de María Luisa Piraquive, líder de la iglesia cristiana, hace parte de una serie de mensajes impresos que circulan en las principales ciudades del país con la premisa de “duplicar los recursos de los ahorradores”.
“No hay que bajar la guardia porque estas bandas logran crecer rápidamente y si logran tener un cierto nivel de prestigio entre la comunidad terminan convirtiéndose en operaciones de gran dimensión”, sentenció el superintendente sobre estos casos.
Finalmente, el directivo recordó que las implicaciones legales de este delito recaen en las personas que inician el negocio pero también en aquellos que promueven de alguna forma la operación.
Las leyes vigentes desde 2008 dicen que “aquel que participa en estas pirámides y lleva más clientes, no solo se expone a perder lo que invierte, sino que además puede ser sancionado penalmente por esa conducta”, concluyó.
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