Por : Orlando Guerra de la Rosa
En las visitas que hemos hecho a las comunidades de los 13 Municipios del Departamento del Putumayo y sobre todo en los sectores rurales, la petición de los campesinos, agricultores, ganaderos y piscicultores; es que exigen la ayuda del Gobierno Nacional en los proyectos de electrificación, vivienda rural, acueductos veredales, vías terciarias, puestos de salud, revisión de la calidad educativa, comercialización de sus productos agropecuarios y rechazan la fumigación que acaba con la salud humana, la biodiversidad y los cultivos de pan coger. Siempre los campesinos solicitan una estrategia económica y social para el campo, siempre en estas reuniones aparece el tema de Familias Guardabosques como una alternativa viable para solucionar parte de los problemas rurales en el Territorio.
El Estado Colombiano tiene aprobado Convenios Internacionales como el de Kioto y muchos más, de donde se reciben recursos Internacionales que le obligan a tener una política ambiental, económica y social en zonas donde se tiene que proteger el bosque natural y la biodiversidad. Le pregunto al Gobierno donde están estos recursos. Porque no los invierte en la Amazonia Colombiana, lugar donde está amenazado el equilibrio ecológico Mundial. Porque estos dineros no se convierten en programas como el de Familias Guardabosques que mejorarían mucho la situación económica de nuestros Campesinos Putumayenses y se protegería la riqueza ambiental Amazónica.
El Programa Familia Guardabosques es una iniciativa del Gobierno Nacional, que brinda por un periodo de tiempo definido, apoyo económico, técnico ambiental y social, así como alternativas licitas de empleo e ingresos, a comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes localizadas en ecosistemas ambiental y socialmente estratégicos, incluyendo zonas amortiguadoras, que se encuentren afectadas por cultivos ilícitos y que se comprometan a mantener estas áreas libres de los mismos. Estas comunidades han tomado la decisión de erradicar voluntariamente dichos cultivos en sus veredas para reemplazarlos por
Alternativas productivas legales y proyectos ambientales, que contribuyan con el manejo sostenible del bosque.
Ser una Familia Guardabosques es un enorme reto y una oportunidad para que las comunidades demuestren, que con su participación y apoyo, las estrategias de erradicación manual y voluntaria de cultivos ilícitos son una alternativa viable en la lucha contra los cultivos ilícitos.
Mediante estás políticas de desarrollo alternativo, se busca revertir las prácticas productivas ilícitas e insostenibles ambientalmente y propender por el establecimiento de una base social, económica y cultural lícita y sostenible a mediano plazo a través del fomento productivo, la gestión ambiental, el mejoramiento de la presencia y la articulación institucional en las zonas de intervención.
Para cumplir con este objetivo general, el Programa ha establecido las siguientes estrategias:
1. Brindar alternativas económicas lícitas y viables que faciliten a las familias beneficiarias su transición hacia una nueva economía local, próspera, rentable y legal. La puesta en marcha de proyectos productivos y ambientales, en cabeza de organizaciones de economía solidaria, es un reto que asegura la sostenibilidad y desarrollo local de las comunidades.
2. Generar procesos de recuperación, conservación y usos sostenibles de los recursos naturales, en el marco del ordenamiento territorial, mediante estrategias participativas que permitan poner en marcha planes de uso y manejo alternativo de los bosques y de los recursos naturales, así como actividades de recuperación, revegetalización y conservación de sus territorios, con criterios de ordenamiento territorial y enfoque de desarrollo local.
3. Promover la cultura de la legalidad.
4. Promover la generación de capital humano y social a través de la formación, capacitación y la puesta en marcha de modelos asociativos de desarrollo local.
5. Apoyar el fortalecimiento de la institucionalidad y la gobernabilidad local, regional y nacional, de manera que se construyan lazos de confianza y sinergias entre las comunidades y diversas instituciones del orden nacional, departamental y municipal. Así como también, a través de la promoción de procesos participativos en la toma de decisiones de los procesos de desarrollo alternativo.
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