La revocatoria del mandato es un derecho político a través del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato conferido a un gobernador o alcalde y es uno de los mecanismos de participación más importantes que se reglamentaron en la Ley 134 de 1994. La Constitución, en su artículo 259, le impone al alcalde o gobernador electo la obligación de cumplir el programa con el cual se inscribió como candidato, dando origen al voto programático, que posteriormente reglamentó la Ley 741 de 2002 y que es el elemento fundamental en la revocatoria.
Está dirigida en forma exclusiva a los gobernadores y alcaldes, cuando se demuestra que la ciudadanía está insatisfecha por el incumplimiento del programa de gobierno. Para iniciarlo se requiere que haya transcurrido al menos un año del período y que los ciudadanos solicitantes y quienes participen en todo el proceso, deberán haber votado en la respectiva elección.
Si interpretáramos en un sentido estricto la disposición constitucional que la estableció, se podría decir que solo el elector que concedió el mandato podría revocarlo, o sea únicamente las personas que votaron por el respectivo alcalde o gobernador. Quien voto por otro candidato no debería revocar un mandato que no ha concedido, porque la revocatoria es una sanción por el incumplimiento al programa propuesto, que algunos ciudadanos acogieron y otros no. Pero como es imposible determinar qué ciudadanos fueron los que votaron por el respectivo alcalde o gobernador y cuáles no, la Ley deja abierta la posibilidad de que todos los ciudadanos participen, con la condición de que hayan votado en la respectiva elección.
Como lo han manifestado varios últimamente, muy poco se ha recurrido a este mecanismo y nunca ha prosperado en el país. Las condiciones que impone la norma para su aplicación, en lugar de ser un mecanismo para posibilitarlo, casi que lo impiden. A esto se debe que en muchos lugares de Colombia y algunos del Putumayo, donde era o es absolutamente necesario revocar el mandato, no se haya logrado o ni siquiera se ha intentado. Como también se dan casos que se intenta por intereses particulares. De todas maneras se constituye en un elemento de permanente advertencia para que los mandatarios cumplan con los planes y programas que ofrecieron cuando se inscribieron como candidatos, para no defraudar la confianza ciudadana que se depositó en ellos.
Pero por otro lado, si la norma facilitara demasiado la aplicación de la revocatoria, un gobernante podría quedar expuesto a la voluntad y capricho de sus adversarios políticos y podría utilizarse caprichosamente o por conveniencias e intereses ajenos a los de la comunidad.
En el Putumayo han comenzado a soplar vientos de revocatoria, que se originaron en Santiago, en donde la Registraduría ya certificó la validez de las firmas solicitantes, dando vía libre a la aplicación del proceso electoral para decidir si se revoca el mandato al alcalde o no.
Estos vientos parecen estar llegando también a otros municipios del departamento, donde cada vez con más fuerza se empieza a hablar del tema, por cuanto sus alcaldes, por simple negligencia, incapacidad o prepotencia o confiados en que la revocatoria es difícil, están muy tranquilos a pesar de que su administración no camina y de que la comunidad, a la que no quieren escuchar, expresa continuamente su inconformismo, decepción e insatisfacción. Pero no deberían confiarse mucho, porque la fórmula no es tan difícil. Si se unen tanto los que votaron por el mandatario como los que no, colocando los intereses sociales y colectivos del municipio por encima de los intereses y las diferencias particulares, es perfectamente posible revocar el mandato.
El hecho de que un intento de revocatoria no llegara a prosperar o que no se intente, no necesariamente significa que no existían o existan las razones para hacerlo. En algunos casos nadie se atreve a encabezar por falta de iniciativa y en otros por temor.
Con relación a la controversia que se origina entre defensores y detractores, bien sea cuando se intenta la revocatoria o cuando se habla que se podría intentar, es preciso clarificar algunas situaciones. En medio de un proceso de revocatoria pueden colarse intereses particulares y políticos, eso es cierto y es inevitable. Durante el proceso pueden aparecerle al mandatario padrinos de alto rango, como congresistas, para defenderlo y decir que todo está bien, eso también es inevitable, sobre todo en medio de una contienda electoral. En los afanes por desvirtuar la revocatoria pueden también aparecer informes bien maquillados con coloretes de buena gestión. Puede incluso suceder que el intento de revocatoria, como ha sucedido con tantos otros, no prospere. Todo eso podría suceder y es hasta normal. Pero ninguna de estas situaciones le quita merito y razón a la iniciativa popular, si los ciudadanos del común y sobre todo los mismos que votaron por el mandatario, manifiestan diariamente, en la calles y en todas partes, que no colma las expectativas de la comunidad.
Mientras vemos que sucede con las iniciativas actuales y mientras se perfecciona este mecanismo de participación ciudadana, lo único cierto es que varios planes de gobierno y las buenas intenciones que se anunciaron durante la campaña, tienen vigencia solo hasta el día de las elecciones. Después solo se acuerdan de ellos los electores.
La revocatoria debería ser un poco menos complicada, así mejoraría el desempeño de los gobernantes. Ojalá que surjan más iniciativas de esta naturaleza. Pero si los anuncios o intentos de revocatoria no prosperan, al menos que sirvan para que algunos se despierten y se den cuenta de la responsabilidad que asumieron al ser elegidos.