Antioquia, Córdoba, Sucre, Valle y Putumayo, son algunos de los departamentos donde la presencia de estos grupos ilegales justifica el nombramiento de jueces de garantías «itinerantes», como los ha calificado el magistrado Hernando Torres, presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ).
La designación de 30 jueces de Garantías regionales, que se encargarán de delitos relacionados con el concierto para delinquir, y que se desplazarán para cubrir a jueces de 54 municipios considerados críticos por el accionar de bandas delincuenciales, busca mejorar el accionar de la justicia frente a estos grupos ilegales.
Sin embargo, luego de concluir la primera reunión del presidente Álvaro Uribe con el Consejo de Política Criminal para discutir este tema, persiste la duda sobre cómo se evitarán las fallas técnicas en las capturas de miembros de bandas que lleven a los jueces a ordenar su liberación.
Ayer, durante la rendición de cuentas de la Policía Nacional, el director de la institución general Óscar Naranjo, no se refirió al tema específico, pero señaló que en 2009 se pusieron al servicio de jueces y fiscales 6.000 policías judiciales: se pasó de 4.000, en 2005, a 14.000 este año.
Debe haber coordinación
El magistrado Torres explicó los alcances de las decisiones adoptadas el martes, y aclaró que al Consejo Superior le corresponde la aplicación de la justicia mientras el Ejecutivo y la Policía tienen en sus manos la prevención del delito.
Sobre la forma en que operarán los nuevos jueces, Torres explicó que «la idea es que los funcionarios se desplacen a los sitios donde se reporten el tipo de delitos de los que hemos hablado. En Medellín, por ejemplo, habrá 2 ó 3 jueces de control de garantías que se desplazarán y podrán conocer la legalización de capturas, al igual que la recepción de imputaciones y audiencias de medidas de aseguramiento».
Para el magistrado, el acierto de estas medidas depende de la coordinación y la efectividad. «Para percibir este tipo de delitos debe haber efectividad de parte de las organizaciones estatales (Fiscalía, Defensoría del Pueblo y jueces). Los jueces son itinerantes, móviles, todo con tal de resguardar a los funcionarios».
Fenómeno masificado
El fiscal general (e), Guillermo Mendoza, indicó que las bandas son un fenómeno extendido que está desbordando la capacidad de reacción de las autoridades y agregó que la entidad a su cargo todavía no ha definido cuál será su papel a la luz de las nuevas medidas.
«Todo lo que de alguna manera ayude a enfrentar la criminalidad tiene que ser apoyado, lo que necesitamos ver es cuál es el procedimiento más adecuado para hacerlo y fortalecer la Fiscalía», explicó Mendoza.
Para el funcionario, las bandas son un fenómeno nuevo y no hay elementos para combatirlas, como sucede con la delincuencia urbana, que cuenta con el apoyo de informantes.
«Ni siquiera sabemos cuántos miembros de las organizaciones criminales hay, lo que sí sabemos y tenemos bien perfilado es que se dedican al narcotráfico, a la extorsión, el secuestro y el homicidio, sobre todo, a través del sicariato», afirmó Mendoza.
El Fiscal (e) coincidió con el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior en recordar la responsabilidad que tiene la Policía para controlar la problemática: «Las bandas criminales no son asunto de la Fiscalía nada más, nosotros sólo judicializamos casos. Necesitamos que la Fuerza Pública controle el territorio y nos capture a la gente; capturas legales, por supuesto, con todos los procedimientos y nosotros procedemos».