Un informe advierte sobre posibles mecanismos de presión electoral en zonas con presencia de grupos armados que terminaron materializándose en las elecciones.
La discusión sobre la libertad del voto en las elecciones presidenciales volvió al centro del debate público tras la publicación del más reciente informe de la Veeduría Entorno Electoral 2026, elaborado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y la Fundación Colombia 2050.
El documento sostiene que varias de las alertas sobre posibles mecanismos de presión electoral en zonas con presencia de grupos armados terminaron materializándose durante la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo. Según los investigadores, las evidencias recopiladas apuntan a prácticas asociadas al denominado “voto fusil”, una modalidad en la que actores ilegales ejercen influencia sobre las decisiones electorales de las comunidades bajo su control.
Entre los hallazgos aparecen referencias a restricciones de movilidad, necesidad de solicitar permisos informales para desplazarse, control social por parte de estructuras armadas y mecanismos de seguimiento al comportamiento electoral de los ciudadanos.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el uso del certificado electoral como supuesto mecanismo de verificación o presión sobre los votantes. Esta situación fue reportada en municipios como Cartagena del Chairá, El Tambo y Anorí, además de algunos sectores de Barranquilla.
De hecho, en 102 municipios afectados por el conflicto y catalogados en “riesgo extremo”, el exaspirante presidencial del petrismo fue el candidato más votado y en 15 de ellos tuvo un porcentaje mayor al 90 %, como fue el caso de El Litoral del San Juan, en Chocó, donde obtuvo el 98,18 % de los votos.
A partir de ese ejercicio fueron identificados 1.543 puestos de votación con señales consideradas atípicas. De ellos, 584 cumplen simultáneamente criterios relacionados con anomalías electorales, volumen significativo de votos y condiciones de riesgo territorial, por lo que podrían ser objeto de revisión por parte de las autoridades competentes.
La mayor concentración de estos casos se ubica fuera de Bogotá y se localiza principalmente en corredores históricamente afectados por el conflicto armado, como el Pacífico colombiano, Catatumbo, Putumayo y la franja de frontera entre la Orinoquía y la Amazonía.
El informe destaca además un fuerte componente rural. Del total de puestos considerados prioritarios para verificación, 439 se encuentran en zonas rurales, lo que representa más del 75 % de los casos identificados.
“Lo de Tumaco hay que investigarlo. Entre 1a y 2a vuelta la participación subió de 38,43 a 60,39 %. Cepeda casi duplicó su votación mientras que la de Abelardo prácticamente fue igual. En varias mesas el 100 % de los votos fue para Cepeda. Todo apunta al voto fusil”, aseguró Andrés Forero Forero, senador del Centro Democrático, en sus redes sociales.
“Cuando usted empieza a revisar votaciones en el caso de algunos municipios del departamento de Nariño, como Roberto Payán, usted se da cuenta de que los porcentajes de votación, a favor de Iván Cepeda, pues son cercanos al 100 %, son del 95, 96 o 97 %. Yo siento que hay un factor que puede explicar ese incremento anormal de la participación y que puede explicar esa concentración tan alta de votos por Iván Cepeda en la presencia o en la intimidación de los grupos armados ilegales”, agregó.