De acuerdo con la entidad, durante el mes de mayo, Caquetá y Putumayo se concentran los principales casos de confinamiento en el país.
La Defensoría del Pueblo informó que durante mayo de 2026 un total de 2.799 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares por causa de 15 eventos de desplazamiento forzado masivo, mientras que otras 15.045 resultaron afectadas por restricciones a la movilidad derivadas de tres hechos de violencia.
Según el más reciente Boletín de Movilidad Humana, el confinamiento continúa siendo una de las principales herramientas utilizadas por grupos armados ilegales para mantener control sobre territorios estratégicos y actividades económicas ilícitas.
La entidad señaló que esta situación limita el acceso de las comunidades a bienes y servicios esenciales, entre ellos alimentación, atención en salud, educación y otras garantías fundamentales.
Los casos de confinamiento reportados durante mayo se concentraron en los departamentos de Caquetá y Putumayo, mientras que los desplazamientos forzados ocurrieron en Antioquia, Bolívar, Cauca, Guainía, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.
De las cerca de 2.800 personas desplazadas en el mes, casi la mitad correspondió a hechos registrados en los municipios de El Tarra y Tibú, en Norte de Santander.
También se documentaron eventos de desplazamiento en Barrancominas, en Guainía; Buenaventura, en Valle del Cauca; y en los municipios nariñenses de Roberto Payán y Linares.
¿Cómo afecta el confinamiento a las comunidades indígenas y afrodescendientes?
El informe advierte que los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes continúan figurando entre los grupos más afectados por el desplazamiento forzado y las restricciones a la movilidad.
Entre enero y mayo de 2026, los desplazamientos forzados masivos impactaron a 13 comunidades afrodescendientes y a 14 comunidades indígenas. En el mismo periodo, varios eventos de confinamiento se registraron en territorios donde habitan 25 comunidades étnicas.
De esas 25 comunidades afectadas por confinamiento, 19 corresponden a pueblos indígenas y seis a comunidades afrodescendientes, de acuerdo con los datos recopilados por la Defensoría.
La entidad indicó que estos hechos generan una doble afectación sobre estas poblaciones al comprometer sus derechos fundamentales, la permanencia en sus territorios, sus formas de vida, sus expresiones culturales y sus procesos de autonomía comunitaria.
El boletín también reportó una reducción en la migración irregular. Entre enero y mayo de 2026 se registraron 44.597 migrantes en tránsito irregular por Colombia, una cifra inferior en 38,7 % frente a las 72.699 personas contabilizadas en el mismo periodo de 2025.
En cuanto al flujo migratorio inverso desde Panamá hacia Colombia, la disminución fue del 61,2 %, al pasar de 10.246 personas entre enero y mayo de 2025 a 3.980 en igual lapso de 2026. La Defensoría relacionó esta tendencia con el endurecimiento de las políticas migratorias en países del norte del continente y con el incremento de las deportaciones.
Otro de los hechos destacados del mes fue la entrada en vigor de la Ley 2577 de 2026, que reconoce el desplazamiento forzado interno asociado al cambio climático, la degradación ambiental y los desastres. La norma crea el Registro Único de Desplazamiento Ambiental y establece mecanismos de identificación, protección y atención para las personas afectadas. Entre enero y mayo, la Defensoría hizo seguimiento a 23 eventos de movilidad forzada por factores ambientales que provocaron el desplazamiento de 25.453 personas, con Córdoba como el departamento más afectado, seguido por municipios de Nariño, Cauca y Norte de Santander.