La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y las seis organizaciones nacionales que la integran lanzaron un enérgico llamado al Gobierno Nacional, exigiendo el cumplimiento inmediato y sin más dilaciones de las órdenes judiciales dictadas en favor de la comunidad Mame Ñate Umuguse (perteneciente al Pueblo Siona / Zio Bain).
La exigencia se da tras conocerse el histórico fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (Sala de Familia), el cual revocó decisiones previas y amparó de manera definitiva los derechos fundamentales al territorio, la pervivencia cultural y la reparación colectiva de esta comunidad, víctima del desplazamiento forzado y el conflicto armado.
Una batalla legal contra la burocracia
La acción de tutela inicial había sido interpuesta en agosto de 2025 por la Secretaría Técnica Indígena (STI) de la CNTI en articulación con las autoridades Siona, luego de evidenciar una vulneración sistemática de sus derechos por parte de las entidades estatales.
A pesar de que el proceso enfrentó constantes trabas, declaraciones de nulidad y fallos negativos en primera instancia por parte del Juzgado Tercero de Familia de Bogotá —que según la CNTI desconoció la grave crisis humanitaria de la comunidad—, el Tribunal Superior corrigió el rumbo y falló en favor de los indígenas, alertando sobre las “dilaciones injustificadas” del Estado para formalizar sus tierras.
Las órdenes perentorias del Tribunal
La decisión judicial impone responsabilidades y plazos estrictos a dos entidades clave del orden nacional:
- A la Agencia Nacional de Tierras (ANT): Se le ordena concluir, en un plazo máximo e improrrogable de tres (3) meses, el procedimiento administrativo para la adquisición de tierras y la posterior constitución formal del Resguardo Indígena. El magistrado advirtió además sobre el incumplimiento reiterado de las obligaciones legales de esta entidad.
- A la Unidad para las Víctimas (UARIV): Deberá avanzar, de manera coordinada con la ANT, en el diseño y ejecución de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) y los planes de reubicación, garantizando la participación efectiva y con enfoque diferencial de la comunidad Siona.
«El acceso a la tierra no es un trámite, es reparación»
Desde la CNTI, respaldada por la ONIC, OPIAC, CIT, AICO por la Pacha Mama, Gobierno Mayor y el CRIC, se enfatizó que para las comunidades víctimas que no pueden retornar a sus lugares de origen debido a la persistencia del conflicto, la adquisición de nuevas tierras es la única garantía real de supervivencia física y cultural.
«Este mecanismo no constituye un trámite administrativo aislado, sino una medida clave de reparación colectiva y no revictimización», señalaron voceros de la Secretaría Técnica.
La Comisión anunció que activará un mecanismo de seguimiento permanente y riguroso para verificar que tanto la ANT como la UARIV ejecuten las órdenes de la sentencia dentro de los tiempos estipulados por la ley, evitando que el fallo se convierta en una promesa rota más para los pueblos originarios de Colombia.
Con información de CNTIndigena