A finales de abril, el Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de decreto en el que establece salvaguardas (garantías) ambientales y sociales para los proyectos de bonos de carbono. Sin embargo, aunque hay un consenso frente a que es necesario establecer garantías para los proyectos, representantes de organizaciones que acompañan comunidades, así como directores de empresas que diseñan proyectos, tienen críticas de acuerdo a su posición en el sector:
ONG creen que la protección a las comunidades podría no ser efectiva
Por un lado, las organizaciones Dejusticia, Fundación Gaia Amazonas y The Nature Conservancy destacaron que el proyecto establece las salvaguardas desde el Estado y no desde las comunidades. Por ejemplo, piden que los planes de vida de las comunidades indígenas sean reconocidos como fuentes para determinar las salvaguardas.
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A su vez, mencionaron que el MinAmbiente solo revisa el cumplimiento de salvaguardas cuando el titular del proyecto pide cambiar de fase en el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Renare), más no de forma constante en los territorios.
Asimismo, según las organizaciones, aunque una sentencia de la Corte Constitucional en 2024 le ordenó al Estado corregir los problemas que se han presentado con los proyectos de carbono y el MinAmbiente lo está haciendo a través del proyecto de decreto, la Corte también ordenó incluir un enfoque de género, y el proyecto no lo hace.
Contexto. El mercado voluntario de bonos es una economía internacional basada en la venta y compra de certificados que representan la disminución de gases que calientan la atmósfera. Cada certificado equivale a una tonelada de dióxido de carbono capturada. Esto se logra por la acción que tienen los bosques y el suelo de absorber esos gases.
Los que generalmente venden dichos certificados en Colombia son las comunidades indígenas y afro que tienen la mayoría de bosques conservados en su territorio. Y los que los compran son, principalmente, empresas que quieren compensar las emisiones que hacen. En el intermedio hay otras empresas que certifican los proyectos y que hacen el puente entre los inversionistas y los dueños de los bosques.
No hay consecuencias ante el incumplimiento. Las organizaciones afirmaron que el decreto no especifica qué ocurre cuando se incumplen las salvaguardas, dado que solo establece que si se detectan vulneraciones a derechos o incumplimiento de salvaguardas, el MinAmbiente puede exigir medidas correctivas o negar el registro del proyecto, pero no especifica cuáles serán las medidas.
“Ante la ausencia de un régimen claro de consecuencias, las salvaguardas pueden operar solo como un sistema de información, pero no como un mecanismo efectivo de protección de derechos”, dicen las organizaciones.
La debida diligencia es a medias. Para las organizaciones, la obligación de debida diligencia en derechos humanos, es decir, la evaluación sobre si se están cumpliendo las salvaguardas, recae solo sobre el aliado técnico, pero no involucra a otros actores del mercado como desarrolladores, verificadores, financiadores y compradores finales.
Las Etis no son reconocidas como titulares de los proyectos. Si bien el proyecto establece que las comunidades son las titulares de los proyectos, las Entidades Territoriales Indígenas (Etis), al ser una figura de ordenamiento político y administrativo del Estado, como lo son los departamentos, municipios y distritos y que están a la espera de su implementación; no serían titulares de los proyectos.
Por ende, las organizaciones solicitan que se especifique de manera explícita, que las Etis también podrían ser titulares de los proyectos.
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Las empresas creen que el decreto podría sacar a Colombia del mercado
Directores de empresas que diseñan proyectos de carbono en Colombia, señalaron que el hecho de que el MinAmbiente deba aprobar cada vez que un proyecto quiera pasar de una fase a otra, puede ser un desincentivo para la inversión extranjera en proyectos de carbono en Colombia, dado que tener que contar con la aprobación en cada fase podría implicar costos adicionales para los proyectos. Por consiguiente, consideran que con que el MinAmbiente apruebe el proyecto y sus salvaguardas en una sola fase, que sería en la de validación, como opera en la mayoría de países, debería ser suficiente.
Además, criticaron que las salvaguardas apliquen a los proyectos que son desarrollados en terrenos privados pues en principio solo deberían cobijar los que se desarrollan en territorios de comunidades afro, indígenas o campesinas. Los primeros funcionan de manera diferente, y por ende deberían tener otro tipo de regulaciones.
Revelación de información privilegiada. De igual manera, comentaron que de ser aprobado, el decreto pediría información que, por lo general, suele ser parte del secreto comercial de las empresas, como los precios, compradores y márgenes de utilidad.
Hay preocupación sobre si el MinAmbiente cuenta con capacidad. Tanto las organizaciones como los directores de empresas, expresaron su preocupación ya que muchas de las funciones del proyecto de decreto, como las de seguimiento y monitoreo, recaen sobre el MinAmbiente y no es claro que tenga las capacidades técnicas, operativas y presupuestales necesarias.