A finales de mayo, comunidades negras en la Amazonía denunciaron que el Ministerio de Ambiente no los había convocado para realizar la consulta previa del proyecto de resolución que declara el bioma amazónico de Colombia como una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo y que prohíbe a futuro que se puedan hacer actividades extractivas allá.
La Silla conversó con un miembro del equipo de Territorio y Ambiente del Proceso de Comunidades Negras (PCN), quien afirmó que compañeros de consejos comunitarios en Putumayo contactaron al PCN, dado que el MinAmbiente no los había convocado para hacer el proceso de consulta previa.
Esa entidad le dijo a la Silla que están a la espera de que el MinInterior certifique con qué pueblos deben hacer la consulta. En principio, la otra semana el MinAmbiente les dará una respuesta sobre el proceso de consulta.
La versión del integrante del PCN es que esa cartera, originalmente, les había dicho que al no ser una ley, no se requería ese proceso y les ofreció hacer reuniones y talleres. En un concepto emitido en octubre de 2025 por la Dirección de Consulta Previa del MinInterior al MinAmbiente sobre el proyecto de resolución, este determinó que se debe hacer consulta previa.
“Esta Autoridad Administrativa concluye lo siguiente: es una medida administrativa sujeta al desarrollo de consulta previa. De lo anterior, es importante como Autoridad en la materia mencionar que las comunidades étnicas consultadas serán en todo caso aquellas inmersas en la delimitación de la Reserva de Recursos Naturales Renovables en el bioma amazónico”, dice el radicado.
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Contexto. La resolución, publicada para comentarios en septiembre del año pasado, abarca 483.164 km² del bioma: la totalidad de los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés y, parcialmente, los departamentos de Meta, Vichada, Cauca y Nariño.
Esto implica que no se podrán realizar actividades extractivas como explotación de hidrocarburos y minería, incluso de minerales de arrastre (arcilla, rocas) que están en los ríos y se usan para construcción.
En la Amazonía los departamentos donde tendría un impacto más inmediato es en Putumayo, Caquetá y Guainía donde hay proyectos petroleros y/o mineros. En el primero, hay una población afro grande. Aunque varios pueblos indígenas y afro pueden estar de acuerdo con la medida, hay otros que participan de actividades extractivas, especialmente de materiales de arrastre.
La resolución, aunque se reconoce como un buen gesto político y una medida de conservación importante, ha sido también criticada por no atender los principales problemas que enfrenta la región.
Las solicitudes de las comunidades afro. Piden que haya garantías de que la resolución no va a afectar proyectos de titulación colectiva a futuro; que va a tener en cuenta sus planes de manejo propios del territorio; que en los planes de restauración y proyectos de bioeconomía se va a considerar un criterio étnico; que no va a terminar prohibiendo actividades comunitarias legítimas mientras se mantiene abierta la puerta a proyectos calificados como estratégicos que pueden implicar presión sobre los territorios.
Rechazan que en nombre de la conservación se adopten políticas centralistas que desconozcan su autoridad en los territorios y hacen un llamado a que se reconozca que ellos también habitan el territorio amazónico.
“El proyecto de resolución nos parece una muy buena propuesta. Pero desde hace 10 años, 15 años, estamos demostrando que hay una ancestralidad de compañeros de comunidades negras, de pueblos negros que viven en la Amazonía y que deben ser consultados”, señaló el representante.
Con los indígenas, el proceso está avanzando. La Organización de los Pueblos Indígenas Amazónicos de Colombia (Opiac) ha realizado en los últimos meses publicaciones en redes sociales sobre preconsultas (son el paso previo a la consulta para definir la ruta que se va a aplicar) que se han hecho del proyecto de resolución en comunidades indígenas.