La medida se extenderá hasta mayo de 2027. La EPS enfrenta cuestionamientos por retrasos en la entrega de medicamentos y reclamos de pacientes.
El Gobierno Nacional decidió mantener por un año más la intervención forzosa administrativa de Emssanar EPS S.A.S., una de las entidades aseguradoras más grandes del régimen subsidiado en Colombia, en medio de un escenario marcado por las dificultades en la atención a los usuarios y el deterioro financiero que atraviesa el sistema de salud.
Así, la aseguradora completa cuatro años bajo esta medida, que fue interpuesta desde el 31 de mayo de 2022, durante el gobierno del presidente Iván Duque y que ha continuado bajo el Gobierno Petro.
La decisión quedó consignada en la Resolución Ejecutiva 203 de 2026, expedida el 29 de mayo, mediante la cual se autorizó la prórroga de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la entidad, así como de la intervención forzosa administrativa para administrar la EPS.
La medida regirá entre el 1 de junio de 2026 y el 31 de mayo de 2027, aunque la resolución deja abierta la posibilidad de que la Superintendencia Nacional de Salud levante la intervención antes de esa fecha si así lo considera pertinente.
El acto administrativo fue expedido en ejercicio de las facultades legales del Gobierno Nacional y se fundamenta en las normas que regulan las medidas especiales aplicables a las entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud.
Un momento crítico para Emssanar
La decisión se produce en un momento especialmente complejo para Emssanar. Durante los primeros meses de 2026, pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo protagonizaron protestas en el Valle del Cauca para denunciar presuntas fallas en la prestación de los servicios.
Uno de los episodios más visibles ocurrió cuando un grupo de madres y cuidadoras mantuvo tomada durante varios días una sede de la EPS en el barrio San Fernando. Las manifestantes denunciaron una vulneración prolongada de los derechos de los pacientes y exigieron soluciones frente a los retrasos en la entrega de medicamentos, insumos y servicios domiciliarios.
Según los testimonios conocidos por EL TIEMPO durante la protesta, algunos afiliados aseguraban no recibir medicamentos formulados desde marzo de 2025, mientras que otros reportaban retrasos desde agosto del mismo año. Incluso en los casos considerados menos graves, las demoras superaban los tres meses.
Erika López, una de las voceras de las madres participantes en la movilización, explicó entonces que las exigencias estaban relacionadas con la necesidad de recibir atención oportuna y el cumplimiento de las prescripciones médicas para pacientes de alta complejidad.
“Estábamos exigiendo una atención oportuna, calidad de servicio y que nos cumplan con todo lo que ya está formulado en prescripción médica, que son los medicamentos de alto costo, visitas domiciliarias porque la mayoría de los pacientes son de home care con enfermedades de alto costo, la mayoría son de postración y lo que son los insumos”, manifestó.
Las denuncias de los usuarios se han producido paralelamente a las alertas sobre la situación financiera de las EPS del país. Un informe reciente de Así Vamos en Salud, elaborado con base en los estados financieros reportados a la Superintendencia Nacional de Salud, mostró un deterioro progresivo de los indicadores del aseguramiento entre 2021 y 2025.
De acuerdo con ese análisis, el conjunto de las EPS cerró 2025 con un patrimonio negativo de 16,86 billones de pesos, reflejando una situación de insolvencia estructural. Mientras en 2021 el sistema todavía registraba un patrimonio positivo cercano a los 110 mil millones de pesos, a partir de 2022 comenzó una tendencia negativa que se profundizó año tras año.
El estudio señala que entre 2022 y 2025 el patrimonio negativo creció más de 14,5 billones de pesos, equivalente a un deterioro superior al 500 %. Asimismo, el nivel de endeudamiento pasó de 0,99 en 2021 a 1,93 en 2025, lo que significa que por cada 100 pesos en activos las EPS acumulan obligaciones por 193 pesos.
La situación es aún más delicada en el régimen subsidiado, segmento en el que opera Emssanar. Según el informe, todas las vigencias entre 2021 y 2025 registraron resultados operacionales negativos y las pérdidas del sistema continuaron aumentando.
Entre las entidades más afectadas aparecen precisamente Emssanar, Savia Salud y Asmet Salud, cada una con pérdidas cercanas a los 390 mil millones de pesos durante 2025.
Los indicadores operativos también muestran dificultades. En materia de siniestralidad, Emssanar registró un nivel de 113,04 %, es decir, un gasto en salud superior a los ingresos reconocidos para la atención de sus afiliados.
El informe advierte además sobre los riesgos asociados a la alta concentración de usuarios en algunas EPS con problemas financieros. Emssanar cuenta con más de 1,6 millones de afiliados, una cifra que la convierte en una de las aseguradoras más grandes del régimen subsidiado.
En este contexto, la Resolución Ejecutiva 203 de 2026 ordena que Emssanar continúe reportando información al Sistema de Gestión y Control de las Medidas Especiales Fénix, siguiendo las directrices de la Superintendencia Nacional de Salud.
Con la nueva prórroga, la Supersalud mantiene el control administrativo sobre una de las principales EPS del régimen subsidiado mientras persisten los desafíos relacionados con la atención de los usuarios, las reclamaciones por acceso a medicamentos y la compleja situación financiera que atraviesa el sistema de aseguramiento en salud en Colombia y que el actual Gobierno no ha logrado resolver.