La Amazonía atraviesa uno de sus momentos más críticos. Lo que durante décadas se interpretó como un problema esencialmente ambiental ha mutado hacia una crisis de gobernanza y seguridad en la que el crimen organizado transnacional ocupa un lugar cada vez más determinante. El informe de International Crisis Group (2026), El saqueo de la selva: Blindar a la Amazonía del crimen organizado, junto con la investigación de Amazon Underworld y Amazon Watch (2025) sobre la trifrontera entre Colombia, Ecuador y Perú, revelan que las redes criminales se desplazan a través de fronteras con una fluidez que los Estados no logran igualar. Grupos que surgieron en un solo país han extendido sus operaciones a toda la cuenca, acelerando la destrucción del bosque tropical más extenso del planeta, el cual se acerca al umbral del 20-25% de deforestación a partir del cual su sistema de reciclaje de lluvias podría colapsar de manera irreversible (International Crisis Group, 2026).
Esta expansión criminal se configura sobre décadas de abandono estatal. Las poblaciones amazónicas han carecido históricamente de acceso a servicios públicos, conectividad e infraestructura, y la ausencia de oportunidades productivas genera las condiciones para que las economías ilegales se instalen como alternativas de subsistencia. CEALDES (2026) ha insistido en que la deforestación opera como un fenómeno económico ligado a arreglos institucionales que favorecen la pérdida de bosques, sin embargo, reducir el análisis a estos sistemas sin considerar sus causas estructurales conlleva un riesgo de estigmatización de las comunidades. La deforestación y la presencia de grupos armados no constituyen fenómenos aislados, sino expresiones de una problemática más profunda. La violencia contra personas líderes y defensoras de derechos humanos en territorios amazónicos colombianos lo confirma: Según lo documentado por ODEVIDA, entre 2018 y 2026 han sido asesinadas 122 personas en está región, y la mayoría de estos crímenes se han concentrado en departamentos con alta conflictividad armada amazónica como Putumayo, Caquetá y Guaviare.
Ningún caso ilustra mejor la transnacionalización del crimen amazónico que el de los Comandos de la Frontera (CDF), un grupo colombiano perteneciente actualmente a la estructura armada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Los Comandos, han consolidado una presencia casi hegemónica en la subregión de bajo Putumayo (Colombia), controlando los ríos San Miguel y Putumayo, y la mayor parte de la frontera con Ecuador, lo cual está ligado fuertemente a las economías del narcotráfico transnacional y la minería ilegal principalmente de oro. Este grupo tiene presencia y capacidad de control territorial y poblacional en los municipios de Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Leguízamo, y Puerto Caicedo, los cuales concentran la mayor parte de las hectáreas de cultivos de coca del departamento. También está presente en algunos municipios de medio Putumayo como Villagarzón y Puerto Guzmán, controlando el acceso a la zona del río Caquetá que conecta con los municipios de San José del Fragua (Caquetá) y Piamonte (Cauca). Sumado a esto, ha extendido su presencia hacia el sector de Jardines de Sucumbíos, jurisdicción de Ipiales en Nariño.
Como ya ha sido mencionado por PARES y otras organizaciones, los Comandos han ido ganando capacidad de control y operación al otro lado de la frontera, la evidencia recopilada por agencias de inteligencia, periodistas y organizaciones de la sociedad civil demuestra que los Comandos mantienen campos de entrenamiento y laboratorios de cocaína tanto en Ecuador como en Perú, controlan plantaciones de coca en la provincia peruana de Putumayo y han forjado alianzas estratégicas con organizaciones criminales ecuatorianas como Los Lobos, para la explotación de yacimientos de oro (International Crisis Group, 2026; Amazon Underworld y Amazon Watch, 2025). En Ecuador, controlan operaciones de minería ilegal en la provincia amazónica de Napo a través de emisarios que cobran extorsiones a mineros. En Perú, el grupo aprovechó la masacre de seis ciudadanos colombianos en Puerto Lupita en 2020 para establecerse en un enclave estratégico frente al municipio colombiano de Puerto Leguízamo, desde donde controla el cultivo de coca, fija los precios de compra a los campesinos y cobra extorsiones a ganaderos. Una operación colombo-peruana conjunta en 2021 confirmó la existencia de laboratorios de cocaína operados por los Comandos en territorio peruano (Amazon Underworld y Amazon Watch, 2025).
La expansión de este grupo responde a un modelo organizativo que combina eficiencia corporativa con control territorial coercitivo. A diferencia de las antiguas FARC, operan con contratos de tres años, salarios mensuales de entre 500 y 2500 dólares, permisos pagados y bonificaciones familiares. Este esquema les permite reclutar activamente en comunidades indígenas y campesinas de los tres países, incluyendo a menores enviados al combate tras apenas tres meses de entrenamiento. En los territorios que controlan, imponen toques de queda, monitorean comunicaciones digitales, obligan a asistir a reuniones comunitarias y castigan cualquier contacto con grupos rivales. Las comunidades indígenas sufren de manera desproporcionada: los toques de queda restringen prácticas culturales esenciales como la pesca nocturna y los rituales espirituales, mientras el reclutamiento forzado y la cooptación de autoridades tradicionales erosionan las estructuras de gobernanza propia. En consecuencia, la Corte Constitucional de Colombia ha declarado el riesgo de desaparición física y cultural de al menos 11 de los 15 pueblos indígenas que habitan en Putumayo (Amazon Underworld y Amazon Watch, 2025).
La transnacionalización criminal no se limita exclusivamente a los Comandos de Frontera. Desde Brasil, el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (PCC), han establecido redes que conectan los centros de producción andinos con los puertos atlánticos. El Comando Vermelho controla la triple frontera Brasil-Colombia-Perú, opera laboratorios en el departamento peruano de Ucayali y gana terreno en la minería ilegal de Madre de Dios. El PCC se ha expandido al estado de Roraima y cuenta con células en Guyana y Venezuela. En Ecuador, la disputa entre Los Lobos y Los Choneros por rutas de cocaína y minas de oro multiplicó por cinco la tasa de homicidios en las provincias amazónicas entre 2021 y 2024, pasando de 10 a más de 50 por cada 100.000 habitantes. Estos grupos, originalmente urbanos, han ampliado su alcance hacia la Amazonía, donde los Lobos han establecido alianza con los Comandos, por un lado, y el Frente Carolina Ramírez y Los Choneros, por el otro, disputándose así el territorio entre los grupos adversarios (International Crisis Group, 2026; Amazon Underworld y Amazon Watch, 2025).
El narcotráfico y la minería ilegal constituyen los principales motores de deforestación vinculados a la criminalidad organizada. La Amazonía concentra ahora todo el proceso de producción de cocaína, desde el cultivo hasta el refinamiento y transporte fluvial. Solo en Putumayo, Colombia, los cultivos superan las 50.000 hectáreas, mientras en el Perú fronterizo sobrepasan las 14.000. Más del 70% de la selva deforestada se encuentra a menos de 50 kilómetros de caminos abiertos por grupos criminales, y los residuos químicos del procesamiento de cocaína y de la extracción de oro con mercurio contaminan fuentes hídricas por años (International Crisis Group, 2026). Al menos dos millones de hectáreas de selva han sido devastadas por la minería ilegal, un incremento del 52% en seis años, y en Perú el 79% de los residentes del río Nanay presentan niveles de mercurio superiores al umbral de la OMS (Amazon Underworld y Amazon Watch, 2025; ODEVIDA, 2026). A estas economías ilegales se suma la ganadería extensiva como mecanismo de lavado y reinversión de ganancias ilícitas, y la construcción de vías no planificadas, cuya red creció más de un 50% en la Amazonía colombiana entre 2022 y 2025, articulando el acaparamiento de tierras con la pérdida acelerada de bosques (CEALDES, 2026).
En el caso colombiano, la deforestación no puede desligarse del acaparamiento de tierras. CEALDES (2026) ha documentado un patrón donde actores con alto poder económico adquieren tierras baratas, deforestan mediante tala y quema, siembran pasto y multiplican el valor del predio hasta diez veces, desplazando a comunidades campesinas hacia nuevos frentes de colonización selva adentro. Las disidencias de las FARC aprovechan la ausencia de catastro para talar bosque, introducir ganado y obtener títulos de propiedad que luego revenden, articulando la deforestación con la economía de guerra (International Crisis Group, 2024). Es fundamental no reducir la deforestación al accionar de los grupos armados: el fenómeno responde a una trama estructural que los antecede, marcada por “las determinantes históricas de ocupación del territorio, los patrones de ordenamiento impuestos desde el nivel central […] y la presencia diferenciada del Estado, que ha limitado el desarrollo de condiciones productivas dignas” (CEALDES, 2026, p. 14).
Bajo este contexto, el proceso de negociación del Estado colombiano con la Coordinadora Nacional Ejercito Bolivariano (CNEB), estructura a la cual pertenecen los Comandos, adquiere especial relevancia. El carácter transnacional de los Comandos confiere a la mesa de diálogo una dimensión regional ineludible,dado que este grupo opera en Ecuador y Perú, un eventual acuerdo de paz tendría efectos directos sobre la seguridad y el medio ambiente en toda la trifrontera amazónica. Desde febrero de 2024, los Comandos a través de la CNEB participan en mesas de diálogo con el gobierno colombiano, negociando propiedad de la tierra, sustitución gradual de cultivos de coca, inversiones en desarrollo rural, desmovilización parcial de tropas y garantías de seguridad para futuros excombatientes. Tras el arresto en febrero de 2025 del negociador de los Comandos, alias la “Araña”, por una orden de Interpol emitida por Estados Unidos, el proceso ha enfrentado varios obstáculos.
Pese a que la mesa de diálogos actualmente atraviesa un momento crítico, es necesario insistir en los escenarios de negoción, donde además se incorpore un enfoque socioambiental, pues la experiencia previa refuerza esta lógica: durante las negociaciones entre el gobierno y el EMC entre 2022 y 2023, las restricciones a la tala impuestas por ese grupo redujeron la deforestación un 51% en sus zonas de influencia; la ruptura posterior reactivó la destrucción, evidenciando tanto el potencial como la fragilidad de logros que dependen de la voluntad de un actor armado (International Crisis Group, 2024; CEALDES, 2026). En ese sentido, las agendas de negociación deben incorporar enfoques ambientales y establecer líneas rojas claras: prohibición del reclutamiento de menores, del uso de minas antipersonales y de la violencia contra personas líderes y defensoras de derechos humanos, eliminación de cualquier forma de violencia, así como respeto a la autonomía de las comunidades indígenas. El reconocimiento de la Amazonía como sujeto de derechos por la Corte Suprema y el juicio iniciado en 2026 contra el principal líder del EMC por delitos de deforestación complementan esta vía, aunque la persecución penal resulta insuficiente sin transformación estructural.
Enfrentar esta crisis exige una respuesta multidimensional. A nivel nacional, es indispensable fortalecer la presencia estatal integral, trascendiendo la lógica tradicional de seguridad y militarización para garantizar derechos y alternativas productivas sostenibles. A nivel regional, la cooperación entre Estados amazónicos debe avanzar hacia la armonización de marcos legales, el intercambio efectivo de inteligencia y el desmantelamiento de los flujos financieros ilícitos que sostienen la destrucción de la selva. La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y su subcomité de seguridad pública, junto con el Centro de Cooperación Policial Internacional de Manaos, ofrecen plataformas para esta coordinación (International Crisis Group, 2026). Las empresas que se abastecen de productos amazónicos deben garantizar que sus cadenas de suministro estén libres de productos vinculados al crimen, y los compradores internacionales de oro deben reforzar la debida diligencia. Por su parte, la mesa de negociación con la Coordinadora Nacional Ejercito Bolivariano, dada su naturaleza transnacional, representan una oportunidad insustituible para reducir la violencia y abrir espacio a la construcción de paz territorial. La Amazonía no podrá ser protegida mientras las respuestas institucionales sigan siendo más lentas, más fragmentadas y menos coordinadas que las redes criminales que la destruyen.
Referencias
- Amazon Underworld y Amazon Watch. (2025). En las sombras del Estado: economías ilícitas y control armado en la trifrontera de Colombia, Ecuador y Perú. https://amazonunderworld.org/es/?policy-paper=economias-ilicitas-y-control-armado-en-la-trifrontera-de-colombia-ecuador-y-peru
- Centro de Alternativas al Desarrollo [CEALDES]. (2026). De las metas a los territorios: La deuda del Estado con las comunidades amazónicas en la lucha contra la deforestación. Observatorio de Conflictos Ambientales. https://oad-cealdes.org/portfolio/informe-de-las-metas-a-los-territorios-la-deuda-del-estado-con-las-comunidades-amazonicas-en-la-lucha-contra-la-deforestacion/
- (2026). Juicio Iván Mordisco y John 40. https://odevida.pares.com.co/justicia-para-la-amazonia-el-juicio-a-ivan-mordisco-y-jhon-40-por-delitos-de-deforestacion/
- (2022). La violencia de la coca cruza de Putumayo hacia Perú. https://ligacontraelsilencio.com/2022/12/21/la-violencia-de-la-coca-cruza-de-putumayo-hacia-peru/
- International Crisis Group. (2024). Tierra arrasada: cómo frenar el control rebelde del Amazonas colombiano (Informe breve sobre América Latina N.° 52). https://www.crisisgroup.org/es/brf/latin-america-caribbean/andes/colombia/b52-rebel-razing-loosening-criminal-hold-colombian-amazon
- International Crisis Group. (2026). El saqueo de la selva: Blindar a la Amazonía del crimen organizado (Informe sobre América Latina N.° 111). https://www.crisisgroup.org/es/rpt/latin-america-caribbean/amazon-brazil-colombia-peru/111-jungle-heist-shielding-amazon-organised-crime
- ODEVIDA (2026). Oro ilegal, dinero limpio: cómo la minería criminal se convirtió en el principal motor del lavado de activos en Perú. https://odevida.pares.com.co/oro-ilegal-dinero-limpio-como-la-mineria-criminal-se-convirtio-en-el-principal-motor-del-lavado-de-activos-en-peru/