PUERTO GUZMÁN, PUTUMAYO – La lucha por la recuperación ambiental en el piedemonte amazónico enfrenta hoy dos versiones opuestas. Por un lado, las familias afrodescendientes de la Reserva Minga Kuri exigen la descontaminación de sus fuentes hídricas; por otro, la empresa Gran Tierra Energy atribuye las afectaciones a actos ilícitos de terceros.
El renacer de la tierra bajo la sombra del crudo
En la inspección de Puerto Limón, diez familias pertenecientes a la Asociación de Exmineros de Tradición con Conciencia Ambiental (Asomintraconal) han liderado desde 2019 una transición histórica hacia la sostenibilidad. En un predio de 74 hectáreas que anteriormente fue una mina de oro, el proyecto Minga Kuri ha logrado reforestar 22 hectáreas con especies nativas como copoazú y açaí, buscando consolidar una economía legal y respetuosa con la selva.
Sin embargo, este «sueño verde» se ve amenazado. La comunidad denuncia que la presencia de hidrocarburos en las quebradas vitales para su proyecto productivo persiste, afectando la calidad del agua y el suelo necesarios para sus cultivos amazónicos.
Gran Tierra Energy defiende su gestión ambiental y señala el impacto de terceros en el Putumayo
Ante las recientes reclamaciones sobre afectaciones ambientales en el predio de Asomintraconal, la operadora Gran Tierra Energy ha hecho pública su postura oficial. A través de un comunicado emitido el 31 de marzo de 2026, la compañía aclaró que las problemáticas registradas en la línea de flujo Linda-Toroyaco no son producto de fallas operativas, sino de actividades criminales persistentes.
El factor de la ilegalidad: Válvulas ilícitas
La compañía detalló que, durante la última década, se han registrado 16 incidentes en este tramo específico. No obstante, enfatizó un punto crítico: todos estos eventos fueron causados por la instalación de válvulas ilegales destinadas al hurto de crudo.
«La Compañía rechaza categóricamente todas las actividades ilícitas de terceros que afecten el medio ambiente, la infraestructura y las comunidades», reza el comunicado.
El caso Asomintraconal y el evento de 2015
Respecto a la situación que involucra a la asociación Asomintraconal, derivada de un derrame ocurrido el 15 de julio de 2015, Gran Tierra Energy expuso los siguientes puntos clave:
- Respuesta de Emergencia: Tras el evento, se activaron protocolos de contingencia en coordinación con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Corpoamazonia.
- Impedimentos en la limpieza: La empresa sostiene que no fue posible completar la restauración total del predio debido a que los propietarios impidieron el ingreso de los equipos técnicos encargados de las labores de limpieza.
- Cumplimiento Normativo: Para el resto de los incidentes en la zona, la operadora asegura haber ejecutado acciones de restauración bajo directrices técnicas oficiales, contando con los informes presentados ante las autoridades competentes.
Responsabilidad y compromiso ambiental
Gran Tierra Energy recordó que, según el marco legal vigente, las acciones delictivas perpetradas por terceros no generan responsabilidades legales directas para la compañía. Sin embargo, recalcaron que su política corporativa prioriza la remediación ambiental incluso en estos escenarios.
Acciones de seguimiento permanente
Para garantizar la integridad del ecosistema, la empresa afirma realizar:
- Monitoreo periódico de la calidad del agua y el suelo.
- Reportes constantes de resultados a las autoridades de control.
- Diálogo institucional con las comunidades y entidades del Estado.
Finalmente, la operadora reiteró que sus esfuerzos de limpieza y protección ambiental se mantienen vigentes, subrayando que la transparencia y la colaboración con los propietarios de los predios son fundamentales para concluir cualquier proceso de remediación pendiente.
Un territorio en disputa
Mientras la comunidad de Puerto Guzmán insiste en que el Estado y la petrolera deben asumir la responsabilidad total de la remediación para salvaguardar su autonomía alimentaria, la empresa recalca que los actos criminales son ajenos a su control operativo.
El caso de la Reserva Minga Kuri pone de manifiesto la compleja realidad del Putumayo, donde las iniciativas de conservación local chocan con las dinámicas del conflicto armado, el robo de hidrocarburos y las deudas ambientales históricas que la selva aún reclama.