Corporación Uma Kiwe – Madre Tierra
Al cumplirse un año del inicio del proceso de resistencia territorial en la vereda Pueblo Viejo, en Mocoa, las comunidades del piedemonte amazónico, organizadas en la Carpa de Resistencia, se declararon en asamblea permanente y alerta territorial, en medio de preocupaciones por el avance del proyecto minero de la empresa Libero Cobre y el incumplimiento de compromisos institucionales.
El 25 de marzo de 2026, las comunidades se reunieron con entidades locales y nacionales para evaluar los avances en los compromisos adquiridos. Estos acuerdos hacen parte de la Mesa de diálogo y concertación por la defensa de la Andinoamazonía, instalada el 7 de mayo de 2025, cuyo objetivo es resolver los conflictos ambientales y sociales en la región.
Dichos conflictos están asociados al proyecto minero de la empresa Libero Cobre, filial de la canadiense Copper Giant Resources Corp (antes Libero Copper & Gold Corporation), que cuenta con cuatro títulos mineros en el piedemonte amazónico —actualmente en proceso de integración a dos— y cerca de 60 solicitudes mineras activas.
Durante el encuentro, las comunidades insistieron en que su proceso organizativo responde a la defensa legítima del territorio y rechazaron la estigmatización. “Nos han tildado como un grupo denominado la Carpa de Resistencia, hoy queremos aclarar que no somos ese grupo nominado, ni al margen de la ley, ni este es un proceso ilegal”, señaló uno de los voceros, quien además advirtió que el riesgo ambiental se extiende a todo el corredor de la bota caucana.
El balance del espacio evidenció preocupaciones frente al cumplimiento de los acuerdos, en un contexto en el que la empresa continúa con actividades de perforación. Las comunidades reiteraron sobre los riesgos asociados a la intervención minera en un territorio de alta fragilidad ecológica, incluyendo los derrumbes en las montañas, la presencia de metales pesados y las afectaciones a fuentes hídricas superficiales y subterráneas.
Además, destacaron que el proceso ha sido sostenido principalmente por la autonomía y la gestión de recursos de las organizaciones sociales de base, a través de acciones pedagógicas, culturales y organizativas en defensa del territorio. En este sentido, los voceros de la Carpa de Resistencia presentaron un informe de actividades relacionadas con encuentros comunitarios y la participación en espacios nacionales e internacionales para alertar los impactos de la minería de cobre, oro y molibdeno en el piedemonte amazónico, un corredor biológico con condiciones geográficas, ecológicas y ancestrales que requieren protección.
“Estamos construyendo de la mano de la institucionalidad este proceso y ya sabemos que existe un riesgo en remoción de masa, que los territorios tienen metales pesados, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano y que pueden generar un riesgo potencial de contaminación. Aquí no sólo se cuida el agua, sino los acuíferos subterráneos. Además, se identificó que donde se está taladrando, la montaña ha venido cediendo y el daño que se haga no puede ser compensado. Si se realiza está mina no existe la posibilidad de compensación, ni con dinero, ni con los planes que pueda mostrar la minera”, expresó la abogada del proceso.
En la jornada participaron entidades nacionales como la Agencia Nacional de Minería-ANM, el Ministerio del Medio Ambiente, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, así como la Gobernación del Putumayo, la Alcaldía de Mocoa, y la autoridad ambiental Corpoamazonía.
En el espacio se destacó como avance el proyecto de resolución que declara el Bioma Amazónico como una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables que tiene la intención de proteger el territorio y el uso vocacional del suelo amazónico. Este se encuentra en proceso de consulta previa y alistamiento.
Además, del concepto técnico emitido por Corpoamazonía que busca declarar como determinante ambiental las zonas de fuentes hídricas y fajas paralelas donde están los títulos mineros. Minambiente expresó que el concepto técnico fue presentado a la ANM para que “considere los determinantes ambientales y excluya estas zonas de la actividad minera”. Por su parte la ANM expresó no tener claridad del alcance del documento e instó a nuevas mesas técnicas.
Corpoamazonía, por su parte informó que el Ministerio del Interior confirmó que la resolución que declara el área de interés ambiental que se traslapa con parte de los títulos mineros de Libero Cobre y que fue demandada, no requiere Consulta previa, es decir que la Agencia Nacional Minera debe excluir de esta área los títulos. Sin embargo la ANM indicó que no estaba informada.
Las comunidades también alertaron sobre el proceso administrativo de unificación de títulos mineros de cuatro a dos, denunciando la falta de información oportuna a la Mesa de Diálogo y la ausencia de claridad institucional por parte de ANM para comunicar sus implicaciones, lo que vulnera los principios de acceso a la información y participación establecidos en el Acuerdo de Escazú.
Las comunidades cuestionaron la limitada capacidad de fiscalización de la ANM, señalando que las acciones de control se han dado principalmente por exigencia comunitaria. Durante la jornada participaron la Guardia indígena y autoridades espirituales, quienes reiteraron el respeto y reconocimiento del carácter ancestral del territorio. “Estamos con el gran mandato de hacer respetar nuestros territorios ancestrales”, expresó una de las autoridades ancestrales.
“Se sigue hablando de transición justa y el uso sostenible de minerales estratégicos, como pueblos ancestrales exigimos la participación de guardia indígena en la fiscalización donde se está desarrollando la exploración y exigimos el reconocimiento de la estructura autónoma, porque es lamentable tener que pedir permiso para buscar las medicinas y visitar nuestros territorios sagrados. Este proyecto minero afectará la conectividad y la espiritualidad del alto, medio y bajo Putumayo y por eso nos movilizamos como pueblo originarios comprometidos en la defensa de la vida” Expresó una vocera indígena.
También denunciaron la baja respuesta institucional frente a la incidencia de la empresa en instituciones educativas, donde mediante donaciones y talleres con niños y niñas se estaría promoviendo el proyecto extractivo. Recordaron que esta situación ya había sido advertida en la Mesa de Diálogo, donde se solicitó proteger los entornos educativos. Aunque se atendió el caso en la vereda Pueblo Viejo, señalaron que estas prácticas se han extendido a otras instituciones del municipio, por lo que exigieron a la Gobernación del Putumayo a través de la Secretaría de Educación emitir lineamientos claros para garantizar entornos educativos libres de promoción de intereses extractivos.
Las comunidades también señalaron que la información sobre los impactos y riesgos del proyecto ha recaído en los propios procesos organizativos, que han asumido la tarea de investigar, alertar y socializar las consecuencias. Esta situación, advirtieron, evidencia vacíos en el acceso a información ambiental y en la garantía de una participación informada, en contravía de los principios establecidos en el Acuerdo de Escazú y de las responsabilidades de transparencia que deben cumplir las empresas en este tipo de proyectos.
En materia territorial, las entidades locales presentaron avances en proyectos relacionados con el mejoramiento de la vía, el acueducto y el análisis del agua, así como iniciativas productivas en turismo y desarrollo agropecuario en articulación con la Junta de Acción Comunal de Pueblo Viejo. Sin embargo, estos procesos se encuentran en fase administrativa o de búsqueda de financiación.
El proceso, lejos de cerrarse, entra en una nueva etapa de exigibilidad y nuevos acuerdos. En un comunicado, la Carpa de Resistencia reiteró su decisión de mantenerse en asamblea permanente, a la espera de respuestas concretas y decisiones de fondo frente al futuro de la protección del corredor andinoamazónico mientras instó a la Defensoría del Pueblo y el MInisterio del Interior a garantizar el cumplimiento de lo pactado en la mesa de diálogo.
*Por cuidado y protección de quienes defienden el territorio, se han omitido los nombres en este artículo.