La Defensoría del Pueblo verificó en Mocoa, Putumayo, la situación de 240 familias campesinas damnificadas a causa de la avalancha ocurrida a finales de marzo del 2017. Aunque son beneficiarias de subsidios de Vivienda de Interés Social Rural, evidenció que aún no cuentan con soluciones habitacionales.
Durante los encuentros con la comunidad, lideresas y líderes informaron que, aunque fueron asignados recursos para la construcción de 252 viviendas —216 en el proyecto ‘Mocoa Nucleado’ y 36 en modalidad dispersa—, a la fecha solamente han sido construidas 12, hecho que fue corroborado por la entidad.
La Defensoría también verificó las condiciones de las familias que ocupan el predio Los Recuerdos, en la vereda Las Planadas, conocido como asentamiento 7 de Agosto, ante la preocupación existente por posibles desalojos sin garantías.
Sobre esto último, recogió testimonios sobre la ocupación del predio, el aumento de los costos de arriendo y el incumplimiento de compromisos asociados al acceso a tierra. Asimismo, escuchó las preocupaciones sobre las variaciones en las caracterizaciones oficiales, que pasaron de 825 personas identificadas en noviembre del 2024 a 165 hogares priorizados en 2026, sin claridad sobre los criterios aplicados.
Las personas voceras de la comunidad solicitaron la construcción de un censo único concertado y reiteraron la necesidad de que cualquier eventual proceso de desalojo cumpla con la jurisprudencia constitucional, incluyendo la caracterización previa y la garantía de alternativas reales de reubicación.
Adicionalmente, recibió reportes de afectaciones en la entrega de subsidios de arriendo debido a retrasos, giros incompletos e inconsistencias en los pagos. En la actualidad, solo se estarían beneficiando cerca de 60 de las 256 familias inicialmente reconocidas.
Con base en la información recogida, adelantará acciones jurídicas y de seguimiento, así como requerimientos a las autoridades responsables, con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los proyectos de vivienda rural y en la atención a la comunidad del asentamiento 7 de Agosto.
Es deber de las autoridades competentes priorizar soluciones integrales de vivienda, acceso a tierra y reubicación, acordes con la situación de vulnerabilidad de la población campesina.
La Defensoría del Pueblo continuará acompañando a estas familias, promoviendo el diálogo institucional y la articulación interinstitucional, para que sean protegidos sus derechos a una vivienda digna, al mínimo vital y al proyecto de vida rural.