Por:*Alexander Africano
La Circular Informativa No. 05/2025 (diciembre) de SATENA, que prohíbe el transporte aéreo de mambe y otros derivados de la hoja de coca en vuelos comerciales y de carga, cayó en los territorios amazónicos —incluido el Putumayo— como una decisión fría, centralista y profundamente desconectada de la realidad social, cultural y económica de los pueblos indígenas.
No es un asunto menor. Tampoco es un debate simbólico. Aquí está en juego algo más que un protocolo aeronáutico: 𝐬𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐭𝐨𝐜𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐦𝐢́𝐧𝐢𝐦𝐨 𝐯𝐢𝐭𝐚𝐥, 𝐥𝐚 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢́𝐚 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐲 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐠𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐬, bajo una lógica administrativa que confunde control con prohibición y legalidad con negación del territorio.
SATENA afirma —con razón— que debe cumplir la Convención Única de Estupefacientes de 1961 y la Ley 13 de 1974. Nadie discute que el Estado tenga responsabilidades frente al narcotráfico. Pero 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐚𝐫𝐚𝐫 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐚́𝐭𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐦𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐮𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐢𝐥𝐢́𝐜𝐢𝐭𝐚, 𝐬𝐢𝐧 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐧𝐢 𝐞𝐧𝐟𝐨𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥, 𝐞𝐬 𝐮𝐧 𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐨, 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐲 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥. La Corte Constitucional ya fue clara en la Sentencia SU-510 de 1998: el uso ancestral de la hoja de coca está protegido por la Constitución, y su criminalización indirecta vulnera los artículos 7 y 8 sobre diversidad étnica y cultural.
En el Amazonas y el Putumayo, el mambe no es mercancía. Es medicina tradicional, palabra, pensamiento, equilibrio espiritual y tejido social. Lo mismo ocurre con el ambil, las artesanías y los alimentos transformados que hoy también están siendo bloqueados de manera informal en algunas agencias. Para muchas familias, estos productos no solo sostienen la identidad, sino la economía diaria. Prohibir su transporte aéreo, en territorios donde el avión no es lujo sino necesidad, 𝐞𝐬 𝐜𝐞𝐫𝐫𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐮𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝐬𝐮𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐨.
Lo más grave no es solo la restricción, sino 𝐥𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚: aplicación desigual, comunicaciones informales, ausencia de un pronunciamiento técnico-jurídico claro y cero diálogo previo con las autoridades indígenas. Eso genera estigmatización, incertidumbre y una sensación peligrosa: que la institucionalidad vuelve a decidir sobre los territorios sin escucharlos.
Ahora bien, también hay que decirlo sin rodeos: 𝐥𝐚 𝐞𝐬𝐩𝐢𝐫𝐢𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐢𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐚́𝐭𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐚𝐯𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐚𝐮𝐭𝐨́𝐧𝐨𝐦𝐨 𝐢𝐧𝐝𝐢́𝐠𝐞𝐧𝐚. El transporte aéreo implica riesgos, controles y responsabilidades que no pueden ignorarse en un país atravesado por el narcotráfico. Defender la cultura no puede traducirse en exigir privilegios sin regulación. Pero regular 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐡𝐢𝐛𝐢𝐫, y controlar 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫.
El punto medio existe, y se llama 𝐞𝐧𝐟𝐨𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥, 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐱𝐭𝐨. Protocolos especiales, permisos claros, rutas autorizadas, volúmenes definidos, coordinación con autoridades indígenas y entidades de control. Eso es gobernar con inteligencia territorial, no con circulares copiadas desde Bogotá.
Por eso, la molestia expresada por los pueblos amazónicos no es capricho ni radicalismo. Es una 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐢́𝐭𝐢𝐦𝐚:
– Suspender las restricciones informales.
– Emitir un pronunciamiento oficial, motivado jurídicamente.
– Respetar la jurisprudencia constitucional.
– Abrir un espacio de diálogo real con los pueblos indígenas.
Este no es un ataque personal contra SATENA ni contra sus directivos. Es un llamado urgente a que el Estado recuerde algo básico: 𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐲 𝐭𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞́𝐧 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨, 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐱𝐭𝐨. Cuando una norma vuela sin ellos, termina aterrizando como imposición.
En la Amazonía, y en el Putumayo, el mambe no es droga. 𝐄𝐬 𝐯𝐢𝐝𝐚, 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐲 𝐩𝐚𝐥𝐚𝐛𝐫𝐚. Y ninguna política pública seria debería olvidar eso.
*Consejero de Paz Putumayo- Defensor de DDHH