El problema del PAE no es falta de recursos, sino fallas de gestión en algunos territorios.
– La niñez es primero: el Gobierno del Cambio a través del Ministerio de Educación aumentaron en 2026 un 190% los recursos en comparación con 2022 y serán exigentes en el seguimiento al programa.
– Corresponsabilidad territorial: más recursos solo funcionan si se ejecutan bien y a tiempo.
Bogotá D. C., 9 de febrero de 2026. La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA) realizó un análisis técnico sobre la evolución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) entre 2022 y 2025, que evidencia una realidad preocupante: aunque el Gobierno Nacional ha incrementado de manera significativa y sostenida los recursos del programa, pasando de $1,5 billones en 2022 a $3 billones en 2026, lo que significa un aumento del 190%. (Valores calculados en pesos constantes) las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), es decir Gobernaciones y Alcaldías han disminuido la cobertura.
El problema no es la falta de financiación nacional, sino fallas en la gestión, planeación, priorización y eficiencia en la ejecución territorial. Entre 2022 y 2025, los aportes del Gobierno Nacional al PAE crecieron de forma significativa, alcanzando incrementos superiores al 50%, 100% e incluso 170% en algunos territorios; sin embargo, en varias ETC el número de estudiantes beneficiarios se redujo de manera desproporcionada frente a la variación de la matrícula.
Sin embargo, en varias ETC el número de estudiantes beneficiarios se redujo de manera significativa, en contravía del aumento de los recursos asignados. En otras ETC, el incremento fue irrisorio frente al crecimiento de dichos recursos. Incluso, el porcentaje de cobertura cayó, pese a que la matrícula también disminuyó, sin embargo, en varias ETC el número de estudiantes beneficiarios se redujo de manera desproporcionada frente a la variación de la matrícula.
Caídas de cobertura que prenden alertas
La entidad ha identificado que en más de 55 ETC entre las que se encuentran Villavicencio, Atlántico, Huila, Neiva, Envigado, Yumbo, Sucre, Tunja, Cesar, Buga, Quindío, Valle del Cauca, Putumayo, Lorica, Cali, Pitalito, Pasto, Sogamoso, Boyacá, Santander, Sahagún, Cauca, Duitama, Fusagasugá, Ciénaga, Bogotá, Tumaco, Tuluá, Rionegro, Caquetá, Cundinamarca, Barranquilla, Malambo, Florencia, Buenaventura, Jamundí, Mosquera, Córdoba, Montería, Floridablanca, Caldas, Chía, Dosquebradas, Funza, Quibdó, Antioquia, Magdalena, Nariño, Palmira, Meta, Ibagué, San Andrés, Cartagena, Piedecuesta e Itagüí cayó la cobertura del PAE entre un 13% y un 43% entre 2022 y 2025, aun cuando los recursos asignados aumentaron. En estas Gobernaciones y Alcaldías se reflejan reducciones aceleradas en el número de beneficiarios, que no se explican únicamente por la disminución de la matrícula, sino por decisiones de gestión territorial y problemas en la ejecución del programa. La entidad alerta sobre esta preocupante situación, ya que en 2023 se registró el mayor número de beneficiarios atendidos en el país, llegando a más de 5.9 millones de estudiantes en contraste con la vigencia donde se registró una cobertura de 5,6 millones de niñas, niños, jóvenes y adolescentes.
Cuando la gestión sí funciona
La UApA también destaca que sí es posible ampliar la cobertura del PAE incluso en contextos de reducción o estancamiento de la matrícula. Entre 2022 y 2025, ETC como La Guajira Girón, Vichada, Armenia, Chocó, Tolima, Medellín, Risaralda, Santa Marta, Manizales, Casanare, Apartadó, Norte Santander, Yopal, Ipiales, Bucaramanga, Cartago, Girardot, Soledad, Vaupés, Zipaquirá, Cúcuta, La Estrella, Arauca, Popayán, Bolívar, Pereira, Valledupar, Sincelejo, Guaviare, Riohacha, Uribia, Barrancabermeja Sabaneta, Turbo, Amazonas, Magangué, Soacha, Facatativá, Guainía, Maicao y Bello lograron aumentos de cobertura que oscilan entre el 13% y el 83%, demostrando que una adecuada planeación y priorización permite transformar los recursos en más estudiantes atendidos.
La niñez es primero
Desde el Gobierno de Gustavo Petro se tiene un mensaje claro: la niñez es primero. Por eso, el Ministerio de Educación a través de la UApA, ha incrementado significativamente los recursos y será exigente en el seguimiento, control y acompañamiento a las Entidades Territoriales Certificadas, para garantizar que cada peso destinado al PAE se traduzca efectivamente en alimentación escolar oportuna, de calidad y con transparencia.
La corresponsabilidad es clave
La UApA evidencia que, entre 2024 y 2025, el Gobierno Nacional incrementó de manera generalizada su aporte al PAE, mientras que 28 Gobernaciones y Alcaldías como Córdoba, Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca, Yumbo, Magdalena, Pasto, Cali, Santa Marta, Cúcuta, Ciénaga, Soacha, Bello, Envigado, Vichada, Sucre, Dosquebradas, Barrancabermeja, Tunja, Buenaventura, Facatativá, Buga, Neiva, Sogamoso, Jamundí, Riohacha, Manizales y Magangué se registró una reducción que suma más de $200.000 millones de los recursos propios y complementarios, incluidos regalías. Esta disminución de la contrapartida territorial impacta la bolsa total del programa y limita la capacidad real de sostener y ampliar la cobertura, pese al mayor esfuerzo fiscal de la Nación.
Esto solo confirma que más recursos no garantizan automáticamente más cobertura si no hay una gestión territorial eficiente. Factores como el aumento del costo por ración, fallas en la planeación contractual, reducción de días efectivos de atención y problemas de focalización afectan directamente el alcance del programa.
La consecuencia se refleja en los territorios
Ese desajuste entre mayores recursos y fallas de gestión ya tiene efectos concretos en la atención a los estudiantes. Con corte al 6 de febrero, 526.930 niñas, niños, jóvenes y adolescentes de instituciones educativas públicas en 14 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) no recibieron el complemento alimentario del PAE. La afectación es especialmente grave en territorios con alta presencia indígena como Buenaventura, Cesar, Chocó, La Guajira, Magdalena, Quibdó y Valledupar, donde 118.403 estudiantes están sin atención. Los casos más críticos se presentan en Cesar y Magdalena, donde la operación del programa no ha iniciado, dejando sin alimentación escolar a 245.699 niñas y niños.
El Gobierno del Cambio reitera su compromiso con la protección de los recursos públicos y con el derecho fundamental a la alimentación escolar. La niñez no puede esperar. Cada peso cuenta y cada día de atención importa.