Por: *Alexander Africano
Ayer 25 de enero de 2026, a las 2:10 de la tarde, el río Putumayo dejó de ser camino y sustento para convertirse en escenario de miedo. Un bote de carga que navegaba en 𝗮𝗴𝘂𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗮𝘀, entre Puerto Asís y el corregimiento de Puerto Ospina, 𝐟𝐮𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐜𝐞𝐩𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐦𝐛𝐚𝐫𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐜𝐮𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐧𝐚𝐬, conocidas en la región como “pirañas”. A bordo iba 𝗨𝗯𝗮𝗲𝗹 𝗕𝗲𝗿𝗿𝗮𝗰𝗮𝗹, comerciante Colombiano reconocido de Puerto Ospina, acompañado de su esposa y su hijo menor de edad. No llevaban armas. Llevaban víveres, bebidas, productos de consumo. Llevaban trabajo. Llevaban vida.
Lo que ocurrió después no puede normalizarse. Según versiones de la comunidad, 𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐚𝐦𝐞𝐧𝐚𝐳𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐚𝐫𝐦𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐮𝐞𝐠𝐨, los obligaron a desviarse hacia territorio ecuatoriano. Allí subieron a la embarcación, la requisaron y aislaron a sus ocupantes. Cuando la comunidad intentó acercarse para entender qué estaba pasando, 𝐟𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐢𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐚𝐫𝐨𝐬 𝐚𝐥 𝐚𝐠𝐮𝐚. Disparos de advertencia, dirán algunos. Disparos de intimidación, en la práctica. Disparos que silencian testigos.
A las 5:30 de la tarde, la angustia se tornó colectiva. Nadie sabe con certeza el paradero del comerciante, su esposa ni su hijo. Se sabe que se encuentran bajo custodia en el cantón de 𝐏𝐮𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐫𝐦𝐞𝐧, en Ecuador, pero 𝐧𝐨 𝐡𝐚𝐲 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥, ni de las autoridades ecuatorianas ni de sus cuerpos policiales. Silencio absoluto. El peor de los mensajes cuando hay civiles involucrados.
Del lado colombiano, la situación es aún más preocupante. En la zona existe una 𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐣𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐫𝐦𝐚𝐝𝐚 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐲 𝐞𝐥 𝐄𝐣𝐞́𝐫𝐜𝐢𝐭𝐨 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥, que intentó verificar lo sucedido. No obtuvo información. Nada. Lo ocurrido deja una pregunta incómoda pero necesaria: ¿𝗲𝘅𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗿𝗲𝗮𝗹 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗳𝘂𝗲𝗿𝘇𝗮 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗮 𝘆 𝗹𝗮 𝗲𝗰𝘂𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮? Porque para la comunidad, la respuesta es clara: 𝐧𝐨 𝐥𝐚 𝐡𝐚𝐲, 𝐨 𝐞𝐬 𝐝𝐞́𝐛𝐢𝐥, 𝐨 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐧𝐨 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚.
Y este no sería un hecho aislado. La comunidad de Puerto Ospina habla de episodios reiterados, de transportadores colombianos sometidos a 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐯𝐨𝐬, 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐯𝐮𝐥𝐧𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬, de miedo constante al navegar un río que es arteria económica, social y cultural del Putumayo. Lo más grave no es solo la acción, sino 𝐥𝐚 𝐚𝐮𝐬𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬, la falta de explicaciones, el silencio institucional.
Aquí no se trata de alimentar tensiones entre países hermanos. Se trata de algo más básico y más urgente: 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐚, 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐠𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐲 𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨𝐬, muchos de ellos campesinos, comerciantes, familias enteras que dependen del río para sobrevivir. Se trata también de soberanía, porque cuando un civil es obligado a desviarse bajo amenaza armada desde aguas colombianas, algo muy serio está fallando.
El llamado es directo y sin rodeos: 𝐆𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥, 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫𝐢́𝐚, 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐮𝐞𝐛𝐥𝐨, no miren para otro lado. Actúen. Exijan explicaciones. Activen los canales diplomáticos y de derechos humanos. Establezcan protocolos claros y verificables. El río Putumayo no puede seguir siendo una tierra de nadie donde el más fuerte impone su ley y el civil queda a merced del miedo.
La frontera no puede ser una excusa para la arbitrariedad. El río Putumayo no puede ser una trampa para los Colombianos. Y las familias del Putumayo no pueden seguir navegando con el corazón en la mano, preguntándose si llegarán a casa.
Porque cuando el Estado no protege, el miedo ocupa su lugar. Y eso, en cualquier país, es una derrota.
*Consejero de Paz – Defensor de DDHH