ElEspectador – Así lo señala la Defensoría del Pueblo en el marco del Día Internacional de la Educación. Esta entidad y el Ministerio de Educación presentaron, de manera independiente, un balance sobre los avances y retos de la educación en el país.
En el marco del Día Internacional de la Educación, celebrado cada 24 de enero tras ser proclamado en 2019 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Educación presentaron, de manera independiente, los retos y avances que se han registrado en los últimos años en materia educativa en el país.
Antes de abordar el panorama general, la entidad encargada de defender y promocionar los derechos de los colombianos y colombianas recordó que la educación no se limita al acceso a una institución educativa, sino que comprende cuatro dimensiones interdependientes.
Estas son la disponibilidad, que asegura la existencia de instituciones y programas suficientes; la accesibilidad, que garantiza el acceso sin discriminación ni barreras económicas o geográficas; la aceptabilidad, que se refiere a la calidad y pertinencia cultural; así como la adaptabilidad, que debe responder a las necesidades de contextos y poblaciones diversas.
Empezando por los más pequeños, la cartera de educación resaltó que más de 2.1 millones de niños están recibiendo educación inicial gracias a una política de Estado que articula al sector educativo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Además, el ministerio señaló que 596.586 niñas y niños están accediendo al preescolar en sus tres grados.
Esto, apuntó el Mineducación, se estaría logrando, entre otras, gracias a la expansión territorial, al pasar de 637 sedes en 40 municipios que en 2022 cubrían los grados prejardín y jardín, a 5.235 sedes en 680 municipios para 2025.
“Este avance incluyó la vinculación de 4.257 docentes de preescolar, la implementación de modelos flexibles para la ruralidad y la ruralidad dispersa, y la entrega de 10.550 dotaciones pedagógicas y colecciones de literatura”, agregó al respecto la cartera.
Frente a los niños y niñas más grandes, así como a los adolescentes, una de las primeras advertencias que lanzó la Defensoría del Pueblo tiene que ver con que el conflicto armado sigue afectando a las comunidades educativas rurales. Para 2024, la entidad registró 89 afectaciones a instituciones educativas en 28 municipios de seis departamentos, como Arauca, Cauca, Norte de Santander y Putumayo.
Del total, en 61 casos, los docentes o directivos fueron amenazados y forzados a desplazarse, mientras que en 22 casos las escuelas quedaron en medio de enfrentamientos armados. Uno de los temas que más le preocupa a la entidad está relacionado con los casos de reclutamiento, pues los casos pasaron de 96 a 554 entre 2020 y 2024. “Una cifra alarmante que exige respuestas urgentes y coordinadas”, apuntó la Defensoría.
Frente a este tema, el Ministerio señaló que, incluso en estos contextos afectados por el conflicto armado, la deserción escolar se ha reducido del 4,37 % en 2022, al 3,63 % en 2024.
Hacia el final de la trayectoria educativa media, la Defensoría identifica tanto avances como retos. Frente a los primeros, una forma de verlos son los resultados promedio del Examen Saber 11°. Frente al promedio de 2021, que era de 250 puntos, el promedio en 2024 se ubicó en 260, superando los niveles de antes de la pandemia.
Sin embargo, para la entidad persisten brechas territoriales, socioeconómicas y poblacionales. Una de ellas se refleja en los resultados promedio que se obtienen en la zona urbana, 265, frente a los de la zona rural, 235. En el sector oficial, por ejemplo, el puntaje promedio está alrededor de los 252 puntos, mientras que en el privado asciende hasta los 290. Las brechas entre hombres y mujeres persisten, pues mientras los primeros obtienen 265 puntos, las segundas llegan a los 256.
En departamentos como Chocó, Vichada, Vaupés y La Guajira, entre otros, apunta la Defensoría, “concurren altos niveles de pobreza y bajo desempeño académico”, lo que exige a la institucionalidad mayores esfuerzos para integrar estos territorios.
Sobre esta etapa, donde los jóvenes finalizan su formación media y buscan acceder a la superior, el Ministerio destacó, por su parte, la ampliación en la oferta de grados de 271 sedes ubicadas en zonas rurales.
Tanto para la cartera de educación como para la Defensoría del Pueblo, uno de los principales logros fue la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que transformó el esquema de financiación de las universidades públicas, una lucha de décadas del movimiento estudiantil.
“Este avance, como punto a resaltar por la entidad nacional de derechos humanos, contribuye a cerrar brechas históricas, especialmente entre grupos sociales no integrados a la educación superior”, precisó al respecto la Defensoría.
Mientras tanto, el ministerio destacó la política de gratuidad, mediante la cual, señala la cartera, más de 900.000 estudiantes han accedido a la educación superior sin pagar la matrícula.
Para el Mineducación, el mensaje que Colombia envía en el Día Internacional de la Educación, es que el poder de la juventud no se improvisa; “se construye cuando el Estado garantiza educación desde la primera infancia, protege las trayectorias escolares y fortalece la educación superior pública como un derecho fundamental y un pilar del desarrollo social”.
Por su parte, la Defensoría reiteró su llamado al Estado para implementar “de manera integral las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que ha insistido en eliminar las disparidades entre zonas rurales y urbanas y en garantizar una educación inclusiva para niñas, niños y adolescentes con discapacidad”.