
LARAZON – El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, reveló que el Gobierno Nacional analiza la posibilidad de reactivar el oleoducto Trasandino como respuesta a las tensiones comerciales con Ecuador y los aranceles impuestos al transporte de crudo colombiano.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, reveló que el Gobierno Nacional analiza la posibilidad de reactivar el oleoducto Trasandino como respuesta a las tensiones comerciales con Ecuador y los aranceles impuestos al transporte de crudo colombiano.
La infraestructura petrolera, que permanece fuera de operación desde noviembre de 2023 por problemas de orden público, se perfila como alternativa estratégica para garantizar la movilización de hidrocarburos sin depender del sistema ecuatoriano.
El funcionario explicó que la administración busca reforzar la seguridad del oleoducto con apoyo del sector defensa para restablecer su funcionamiento. Igualmente, evalúa habilitar puertos cercanos que permitan exportar el crudo sin utilizar territorio del país vecino.
Esta infraestructura de 306 kilómetros conecta los campos de producción del departamento de Putumayo con el puerto de Tumaco en Nariño. Durante años enfrentó serios problemas de hurto de hidrocarburo, que llegó a representar hasta el 20 por ciento del volumen transportado, equivalente a tres mil barriles diarios.
Cenit, filial de Ecopetrol encargada del sistema, registró entre 2022 y 2024 más de mil 570 perforaciones ilícitas realizadas por grupos armados ilegales. El crudo robado alimentaba refinerías clandestinas que producían combustible de contrabando utilizado en narcotráfico y minería ilegal.
Desde que Ecopetrol desvió el transporte hacia Ecuador en noviembre de 2023, las pérdidas cayeron drásticamente al 0,3 por ciento. La empresa firmó contrato con Petroecuador para movilizar hasta 22 mil barriles diarios.
Sin embargo, las recientes medidas comerciales ecuatorianas obligan al Ejecutivo a buscar rutas alternativas. La reactivación del Trasandino requeriría garantías de seguridad y coordinación interinstitucional para evitar la repetición de ataques que mantuvieron paralizada la operación.