El gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, entregó un balance preocupante tras la reunión sostenida con alcaldes de los municipios fronterizos, la fuerza pública y entidades gremiales. La parálisis en el Puente Internacional sobre el río San Miguel, que persiste desde el pasado 25 de diciembre, ha desencadenado una emergencia económica y social que afecta a más de la mitad del tejido empresarial del departamento.
Impacto económico en cifras
Durante el encuentro, en el que participaron la Cámara de Comercio, la DIAN, el Ejército y la Policía Nacional, se revelaron datos alarmantes sobre el impacto del bloqueo unilateral por parte de Ecuador:
- Pérdidas comerciales: Se reportan afectaciones que superan los $70.000 millones de pesos solo en el sector comercio.
- Empresas afectadas: Más de 6.600 empresas están en riesgo, lo que representa el 51% del total de las unidades productivas del Putumayo.
- Turismo en jaque: El 33% de los operadores turísticos (más de 170 empresas) han visto frenada su actividad.
- Sector hidrocarburos: Cerca de 210 carrotanques se encuentran estacionados sin poder transportar crudo desde Puerto Asís y Villagarzón hacia el vecino país.
Una crisis que traspasa lo económico
El gobernador Molina enfatizó que la situación ha escalado a un plano humanitario. Bajo el argumento de «soberanía nacional», Ecuador ha militarizado incluso los pasos informales o «trochas», impidiendo que niños colombianos que residen en territorio ecuatoriano puedan cruzar para asistir a sus escuelas en Colombia.
«Esta situación repercute en menos ingresos para el departamento y el despido de mucho personal en una región que ya carece de grandes empresas», advirtió el mandatario departamental.
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Llamado urgente al Gobierno Nacional
Ante la gravedad de los hechos, las autoridades del Putumayo han solicitado la intervención inmediata de la Cancillería y el Ministerio del Interior. Se busca establecer una mesa institucional con el Gobernador de la provincia de Sucumbíos, representante del gobierno ecuatoriano en la zona, para negociar la reapertura.
Por su parte, el alcalde de San Miguel reiteró la urgencia de estas acciones, señalando que la población exige respuestas concretas ante la creciente parálisis de las fuentes de empleo en la frontera.