Crisis institucional: 17 gobernadores se declaran en rebeldía contra el decreto de emergencia económica de Petro

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En una jornada que ha agitado el panorama político colombiano este jueves 15 de enero de 2026, un bloque de 17 gobernadores anunció que no acatará el decreto de emergencia económica presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro a finales del año pasado. Los mandatarios regionales justifican su decisión ante los recortes presupuestales que afectarían sectores críticos como la salud, la educación y el deporte en sus respectivos departamentos.

Estrategia jurídica: tutelas y la Corte Constitucional

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, actuando como vocera del grupo, confirmó que la estrategia para frenar la medida presidencial será doble. Por un lado, se enviará un documento formal a la Corte Constitucional detallando los efectos negativos que el decreto tendría sobre las finanzas regionales y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por otro lado, cada uno de los gobernadores firmantes interpondrá una acción de tutela con el objetivo de lograr la derogación de la norma.

Para facilitar este desacato, la Federación Nacional de Departamentos proporcionará a los líderes regionales un soporte jurídico que les permita no aplicar el decreto en sus jurisdicciones. Entre los departamentos que lideran este frente común se encuentran:


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Antioquia, Valle, Atlántico y Tolima.

Chocó, Risaralda, Nariño y Meta.

Amazonas, Guainía, Huila, Putumayo y Caquetá.

San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Caldas y Quindío.


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Respuesta del Gobierno Nacional

La reacción del Ejecutivo no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la postura de los gobernadores como un «mal ejemplo» para el país. Según el ministro, al invitar a no acatar la ley, los mandatarios locales estarían usurpando las funciones de la Corte Constitucional, que es el único organismo con la potestad de decidir si una norma de este tipo debe cumplirse o no.

Este enfrentamiento marca un punto de alta tensión entre las regiones y el poder central, dejando en manos de la justicia la resolución de una crisis que amenaza la ejecución presupuestal del país para el año 2026

Con información de Red+


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