ElTiempo – La construcción del alcantarillado de la vereda La Güisita, en San Miguel se habría dado con incumplimientos de los requisitos de ley.
En el ocaso de su administración (2012–2015), el entonces gobernador de Putumayo, Jimmy Harold Díaz Burbano, dejó firmado un contrato que hoy lo tiene enfrentado a la justicia.
Tres meses antes de dejar el cargo, el 1 de septiembre de 2015, suscribió un convenio por más de 666 millones de pesos para construir el alcantarillado sanitario de la vereda La Güisita, en San Miguel, pese a presuntas irregularidades en el proceso de licitación y la ausencia de estudios previos, según estableció la Fiscalía.
La obra debía financiarse con recursos del Sistema General de Participación asignados a acueducto y saneamiento básico, dineros que llegaron a manos del gobernador por la descertificación del municipio y que, por ello, debían ejecutarse desde la administración departamental.
Pero los investigadores detectaron que, el 1 de diciembre de ese mismo año —apenas un mes antes de entregar el cargo— Díaz Burbano modificó el contrato y le adicionó 200 millones de pesos al contratista, sin justificar la necesidad de los recursos. El argumento para la ampliación, una planta compacta de tratamiento de aguas residuales, ya estaba contemplado en el contrato original.
Con estos elementos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado. El exmandatario no aceptó los cargos.