- En Chocó, Arauca, Guainía, Vichada, Amazonas, Cauca, Nariño, Putumayo, en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca), así como en la subregión Catatumbo, hay afectaciones a niñas, adolescentes, personas OSIGNH y mujeres.
- Por lo tanto, es importante que las mujeres en todas sus diversidades tengan acceso oportuno, seguro y digno a servicios de salud integral.
- También es clave, entre otras acciones, la incorporación de un enfoque de género en mecanismos de prevención, protección y atención humanitaria.
Bogotá, 04 de diciembre de 2025 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación por la persistente y sistemática vulneración de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de mujeres, niñas, adolescentes y personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónica (OSIGNH) en territorios afectados por el conflicto armado.
En sus labores de acompañamiento en terreno, la entidad identificó patrones de violencia en la subregión Catatumbo, en los departamentos de Chocó, Arauca, Guainía, Vichada, Amazonas, Cauca, Nariño y Putumayo, así como en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca).
Las dinámicas de control ejercidas por los grupos armados ilegales restringen gravemente el acceso a la salud, la autonomía reproductiva y sexual y la integridad física y emocional de mujeres, niñas y adolescentes; enfrentan un riesgo diferenciado y desproporcionado.
En relación con las personas OSIGNH, también causa preocupación el subregistro y la invisibilización de la magnitud de las violencias que afectan sus derechos sexuales y reproductivos y el control y hostigamiento sobre su libertad sexual y de género, lo cual da cuenta del temor a las mal llamadas “violencias correctivas” y por “castigo” ejercidas por los actores armados al margen de la ley.
Subregión Catatumbo
En el Catatumbo, mujeres sobrevivientes del conflicto reportan embarazos como resultado de la violencia sexual perpetrada por integrantes de estructuras armadas ilegales, prohibición del uso de métodos anticonceptivos y cualquier acompañamiento en planificación familiar, secuelas físicas graves y altos niveles de estrés postraumático.
Sobre la base de las personas consultadas, la Defensoría del Pueblo evidenció que alrededor del 20% de las mujeres dijo tener infecciones de transmisión sexual (ITS) agravadas por la falta de atención médica, y el 80% de las mujeres desplazadas manifestó miedo constante debido a la presencia armada en el territorio.
La entidad también constató dificultades en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), ya que las amenazan, las hostigan, e incluso son objeto de represalias letales si llegan a hacerlo. El personal médico y de salud también es blanco de amenazas si brinda servicios u orientación profesional.
Chocó y Buenaventura
En Chocó han documentado prácticas de explotación sexual, trata de mujeres migrantes y niñas de 10 a 12 años con ITS producto de violencia sexual. Parteras y personal médico han sido amenazados cuando intentan brindar atención en salud, y han sido reportados asesinatos de personas tras ser obligadas a someterse a pruebas rápidas de ITS por grupos armados
En Buenaventura, Valle del Cauca, han sido registrados feminicidios perpetrados por grupos armados, aumento de violencia sexual contra adolescentes y mujeres migrantes, amenazas a personal de salud y dificultades extremas para acceder a medicamentos o activar rutas de atención por confinamientos y control territorial.
Arauca, Guainía y Vichada
Asimismo, en Arauca han alertado sobre asesinatos de mujeres migrantes en contexto de violencia armada, confinamientos que impiden el acceso a servicios básicos y agresiones contra personal sanitario. En Guainía y Vichada han identificado niñas con VIH asociado a explotación sexual, graves barreras para acceder a atención médica y reclutamiento de niñas y niños con discapacidad con fines de explotación sexual.
Estas realidades evidencian violencia sexual sistemática, explotación, embarazos forzados, trata de personas, prohibición de métodos anticonceptivos, negación del acceso a servicios de salud —incluyendo la atención en violencia sexual y la IVE—, silencios epidemiológicos (no son reportadas ciertas enfermedades bajo vigilancia durante un periodo corto) debido al alto nivel de subregistro relacionado con las barreras de acceso a los servicios de salud y al control ejercido por los grupos armados, a confinamientos y amenazas contra personal sanitario y liderazgos comunitarios.
Amazonas, Cauca, Nariño y Putumayo
Ha habido aumento de mortalidad materna no reflejada en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), debido a silencios epidemiológicos. Los confinamientos forzados a causa de las hostilidades han impedido el acceso a servicios de salud.
Comunidades indígenas han dado a conocer el aumento de embarazos adolescentes. Hay uniones tempranas promovidas por estructuras armadas con un fin: controlar el territorio y luego despojar a comunidades.
Hay denuncias de brigadas de salud organizadas por grupos armados. Las ITS no son reportadas porque las personas afectadas han sido asesinadas.
Panorama general
De manera generalizada, son evidenciadas afectaciones preocupantes en la salud mental de las mujeres a causa del impacto del conflicto armado, sin capacidad institucional ni comunitaria para lograr abordar las consecuencias y los impactos desproporcionados en comunidades indígenas y afrodescendientes.
La Defensoría alerta sobre dinámicas, también generalizadas, que implican controles de los grupos armados sobre diagnósticos, historias clínicas y tratamientos en comunidades y personas que ingresan a los territorios, incluidas las misiones humanitarias.
Todas estas prácticas, en las que son utilizados los cuerpos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas diversas como instrumento de control territorial y social, han derivado en la vulneración y violación de sus derechos fundamentales a la vida, la salud, la autonomía, la libertad y la dignidad humana.
El Estado debe implementar medidas urgentes y coordinadas
Es clave el acceso oportuno, seguro y digno a servicios de salud sexual y reproductiva y atención diferencial en salud mental y salud integral para las mujeres en todas sus diversidades.
Importante también incorporar un enfoque de género y de derechos sexuales y reproductivos en mecanismos de prevención, protección y atención humanitaria, incluyendo planes de acción intersectoriales en respuesta a las alertas tempranas, liderados por la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat).
De la misma forma, es fundamental fortalecer la presencia y la recuperación de la confianza institucional en los territorios, con garantías de seguridad para el personal de salud y defensoras comunitarias.
Adicionalmente, es determinante garantizar el respeto por el derecho internacional humanitario (DIH), por lo tanto, el ingreso a las zonas, la presencia y labor de misiones médicas y humanitarias.