Eltiempo – El municipio, ubicado en zona trifronteriza, tiene retos como el aislamiento de algunos territorios y la falta de una presencia estatal integral.
Puerto Leguízamo tiene casi siete veces la extensión de Bogotá. En ese vasto municipio, las comunidades indígenas Murui Muina –conocidos también como Huitotos– de los territorios ribereños de Umancia y Guaquira se encuentran confinadas desde el pasado abril. A ambas comunidades se ingresa por agua: mientras desde el corregimiento de La Tagua se toma unas tres horas hasta Umancia, Guaquira está a seis horas. La situación, según la Unidad para las Víctimas, “restringe su movilidad y amenaza su seguridad alimentaria”.
El seguimiento de estos hechos se generó por un comunicado de esa institución estatal, fechado el 31 de octubre, en el que se expuso que continuaba la acción humanitaria para las comunidades confinadas. De hecho, el pronunciamiento informa que “el conflicto impidió el ingreso directo de la entidad a esas zonas”, pero que se generó un punto de encuentro en el corregimiento de La Tagua. Cabe aclarar que, según la entidad, esta comunidad fue incluida en el Registro Único de Víctimas (RUV).
Fuentes enteradas comentaron a EL TIEMPO que la situación de orden público del Putumayo se ve afectada, principalmente, por las acciones y los enfrentamientos de dos grupos armados. Primero, los ‘Comandos de Frontera’, una disidencia que rompió con la ‘Segunda Marquetalia’ de ‘Iván Márquez’ y formó, junto a la ‘Coordinadora Guerrillera del Pacífico’, la autodenominada ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’, que actualmente sostiene diálogos de paz con el Gobierno Nacional.
Segundo, la estructura ‘Raúl Reyes’ de las disidencias de las Farc, que no está en negociaciones con la institucionalidad. Según las fuentes consultadas, la presencia de la Fuerza Pública es “insuficiente”, ya que “hace falta el Estado con sus ministerios y entidades”. Tercero, se suma la presencia de grupos criminales provenientes de Ecuador, Perú y Brasil, siendo los de este último muy fuertes, ya que “tienen bastante dinero”, según la fuente.
A pesar de lo que ocurre en la región, las fuentes consultadas afirmaron que las comunidades indígenas se muestran reacias a la presencia del Ejército, principalmente, por miedo a que los grupos armados tomen represalias en su contra si hay colaboración con las autoridades.
Para el momento en que se escribió esta nota, la Defensoría del Pueblo no había respondido a la información solicitada por EL TIEMPO acerca de la situación de estas comunidades indígenas. No obstante, las Alertas Tempranas 001/25 y 013/25 calificaron el riesgo, en términos de violación a los derechos humanos para la población del municipio, como “extremo e inminente” y la acción requerida como “inmediata”.
Incluso, este diario consultó directamente a la personería de Puerto Leguízamo, que se encarga de la vigilancia, promoción y defensa de los derechos humanos y el interés público. No obstante, desde esta entidad se afirmó que no se tenía información acerca de la situación. Otras fuentes consultadas prefirieron no dar declaraciones alegando motivos de seguridad.