Por : Avanzar Amazonía / Jesus Bernal
La Denuncia por desacato contra la Gobernación del Putumayo a la sentencia de la Corte Constitucional del 4 de febrero de 2025, que declaró la inexequibilidad del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016 y puso fin al monopolio de licores departamental.
Esta decisión eliminó las restricciones que los departamentos imponían a la comercialización de aguardientes de otras regiones, permitiendo la libre competencia y la elección del consumidor a nivel nacional.
El departamento del Putumayo se convierte en el único en Colombia que no permite el ingreso de las diferentes marcas de aguardiente que se producen en el país.
Lamentablemente se esta permitiendo que la marca Aguardiente Amarillo Ingrese al territorio de contrabando y no se logre la captación de los impuestos que genera de manera legal a través de las estampillas diirigidos para la salud y educación, afectando sustancialmente los presupuestos para estos sectores.
Este medio ha conocido de forma confidencial que están ingresando entre 350 y 400 cajas de esa marca (hasta 4.800 botellas) mensualmente de contrabando para un sólo municipio del bajo Putumayo. Además se esta sobre facturando su valor que oscila entre los 75 y 90 mil pesos, cuando su precio legal esta por debajo de los 50 mil pesos en Colombia.
Hay que considerar también que el precio final para los consumidores de este licor, genera el 60% de recursos que se convierten en impuestos por cada botella puesta al público. Recursos que hoy se pierden o no llegan a las arcas del erario público.
La firma Ron Sabor y Son y los representantes para el Putumayo y Amazonas de la Industria Licorera de Caldas, interpondrán nuevas acciones legales, para permitir que haya libertad para ejercer su actividad comercial y la venta libre y legal de Aguardiente Amarillo en el Putumayo.
Otras empresas con marcas propias en el resto del país de este tipo de licor, tampoco han logrado ingresar al departamento, considerando que habría detrás presuntamente intereses politicos de por medio e incluso de hechos que pueden ser considerados ilegales (cobro de coimas y peajes) para permitir así el ingreso de este producto, que se consume altamente de forma ilegal y afecta las finanzas del Putumayo.
También se ha configurado la figura de silencio administrativo por parte de la Gobernación del Putumayo, pues ya en tres ocasiones durante estos ocho o nueve meses del 2025 desde que produjo la sentencia de la Corte, se han elevado sendos requerimientos sin respuesta alguna.