Valle del Cauca y Putumayo siguen negando acceso a los aguardientes de Caldas, ILC refuerza acciones legales

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La orden de apertura de la Corte se emitió desde el pasado 4 de febrero de este 2025.

LaPatria

Ni en el Valle del Cauca ni en Putumayo se ha podido acceder.

Así se mantiene el cierre fronteras en estas dos regiones para los aguardientes de Caldas, desconociendo el fallo de la Corte Constitucional que ordenó abrir el mercado de aguardientes y acabar con los monopolios rentísticos en el país.

El gerente de la Industria Licorera de Caldas (ILC), Diego Angelilis Quiceno, le confirmó a LA PATRIA la respuesta del Valle del Cauca, en el sentido de que tiene una salvaguarda hasta el 2028, negando el acceso.


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La respuesta es igual a la que le entregó a LA PATRIA el mes pasado la secretaría de Hacienda del Valle, María Victoria Machado Anaya, en el sentido de que revisaban dicha salvaguarda hasta el 2028 para frenar el acceso.

En el caso del Putumayo se mantiene el hermetismo completo del porque aún no hay apertura de licores.

Nuevas acciones legales

Bajo estas condiciones, el gerente de la ILC confirmó el inicio de nuevas acciones legales en ambos departamentos, como quiera que se desconoce la decisión de la Corte que se emitió desde el pasado 4 de febrero de este 2025 y la publicación oficial en junio de la sentencia C-032 de 2025. 

Con esta  se ratificó su fallo, por lo queda claro que ya no existe ninguna salvaguarda en Colombia para que las personas se beban en licor de su preferencia.


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«En el caso de Putumayo también avanzamos con estas acciones judiciales y vamos a buscar que respondan de alguna forma, porque no tenemos siquiera la posibilidad de entablar la vía jurídica, por lo que estamos esperamos que se defiendan los derechos fundamentales de nuestra empresa», destacó.

En vilo

El malestar de la ILC es mayor si se tiene en cuenta que la sentencia de la Corte ya se hizo efectivamente en el resto de departamentos, incluyendo grandes mercados como Antioquia y Cundinamarca.

El gerente recordó que con ese freno, no solo se afecta el patrimonio de la ILC y sus ingresos sino también las arcas de esos mismos departamentos que están dejando de percibir los impuestos que generan los consumos de los aguardientes.

LA PATRIA llamó ayer nuevamente a la secretaria de Hacienda del Valle, quien confirmó la respuesta, pero insistió que está en manos del departamento jurídico y de los abogados, por lo que se abstuvo de emitir un concepto adicional, al ser los competentes. «Toca por los canales institucionales, y si tienen dudas que vuelvan a escribir», aseveró.

También se llamó al departamento del Putumayo, pero al cierre de esta edición el gobernador, Jhon Gabriel Molina Acosta no respondió a las llamadas ni a los mensajes de whatsapp.

¿Qué ordenó la Corte?

Después de analizar el debate sobre libre competencia y el derecho de los consumidores a escoger el licor que prefieran, la Corte La Corte llegó a las siguientes conclusiones:

1. Se afecta la libre competencia y la libertad de elección de los consumidores de forma intensa.

2. La protección no contribuye de ninguna manera al aumento del recaudo de las rentas del monopolio.

4. La exclusión de los competidores del mercado afecta el núcleo esencial de la libertad de competencia y la libre elección de los consumidores, y constituye un medio prohibido, aún para el logro de finalidades constitucionales.

5. La suspensión de permisos de introducción de licores vulnera el artículo 336 de la Constitución Política pues excede de forma desproporcionada el ámbito de protección que la Constitución reconoce a los monopolios rentísticos.


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