El 6 de octubre de 2025, un Juzgado Penal del Circuito Especializado de Mocoa admitió formalmente la acción de tutela interpuesta por un Egresado de y 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖 𝙡𝙖 𝙄𝙣𝙨𝙩𝙞𝙩𝙪𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙐𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙞𝙩𝙖𝙧𝙞𝙖 𝙙𝙚𝙡 𝙋𝙪𝙩𝙪𝙢𝙖𝙮𝙤 – 𝙐𝙣𝙞𝙥𝙪𝙩𝙪𝙢𝙖𝙮𝙤 (𝙄𝙏𝙋) 𝙮 𝙨𝙪𝙨 𝙙𝙚𝙥𝙚𝙣𝙙𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖𝙨: 𝙏𝙖𝙡𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙃𝙪𝙢𝙖𝙣𝙤, 𝘾𝙤𝙣𝙨𝙚𝙟𝙤 𝘿𝙞𝙧𝙚𝙘𝙩𝙞𝙫𝙤, 𝘾𝙤𝙣𝙨𝙚𝙟𝙤 𝘼𝙘𝙖𝙙𝙚́𝙢𝙞𝙘𝙤 𝙮 𝘾𝙤𝙢𝙞𝙩𝙚́ 𝙙𝙚 𝙎𝙚𝙡𝙚𝙘𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙮 𝙀𝙫𝙖𝙡𝙪𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣.
La acción constitucional busca la protección de los derechos fundamentales al derecho de petición, debido proceso administrativo, igualdad, acceso a la función pública y a los principios de transparencia, legalidad y buena fe, presuntamente vulnerados en el marco de la Convocatoria Docente 2025, establecida mediante la 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝟎𝟔𝟎𝟑 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟑 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓, que abrió 𝗰𝗼𝗻𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 𝘆 𝗮𝗯𝗶𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝟭𝟯 𝗰𝗮𝗿𝗴𝗼𝘀 𝗱𝗼𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗮́𝗿𝗲𝗮𝘀, 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗲𝗹𝗹𝗮𝘀 𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻𝗶𝗲𝗿𝗶́𝗮 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹, 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹, 𝘁𝗼𝗽𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶́𝗮, 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗶𝗻𝗮 𝘃𝗲𝘁𝗲𝗿𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮, 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮𝘀, 𝗶𝗱𝗶𝗼𝗺𝗮𝘀, 𝗮𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮𝘀 𝘆 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗱𝘂𝗿𝗶́𝗮 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮.
El juzgado, tras verificar el cumplimiento de los requisitos formales del artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, declaró su competencia para conocer el caso. En consecuencia, admitió la tutela 𝐲 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐮𝐥𝐨́ 𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐚𝐥 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐲 𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐮𝐭𝐮𝐦𝐚𝐲𝐨, al considerar que las decisiones judiciales podrían tener incidencia directa en dichas entidades.
Si bien se negó la medida cautelar que solicitaba la suspensión inmediata de la Convocatoria Docente, el despacho precisó que el fondo del asunto será analizado con prioridad, dada la relevancia constitucional de los derechos invocados y las implicaciones del proceso de selección pública.
Esta admisión judicial se constituye en el primer efecto jurídico concreto dentro de un contexto de 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗰𝗿𝗲𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗮𝗰𝗮𝗱𝗲́𝗺𝗶𝗰𝗮 𝘆 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗲𝗴𝗿𝗲𝘀𝗮𝗱𝗼𝘀, 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗵𝗮𝗻 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗿𝗲𝗶𝘁𝗲𝗿𝗮𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘀𝘂𝘀 𝗽𝗿𝗲𝗼𝗰𝘂𝗽𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗲𝗹 𝗺𝗮𝗻𝗲𝗷𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼 𝘆 𝗹𝗮 𝗳𝗮𝗹𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝘂𝘁𝘂𝗺𝗮𝘆𝗼. La decisión judicial confirma que las denuncias ciudadanas no eran simples conjeturas, sino cuestionamientos con fundamento jurídico suficiente para activar el control judicial.
El proceso no solo determinará si se respetaron los principios de mérito e igualdad en la convocatoria, sino que también podría sentar un precedente importante sobre la gestión pública universitaria en instituciones regionales.
Más allá del fallo que se profiera, 𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐬𝐢𝐦𝐛𝐨𝐥𝐢𝐳𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐦𝐩𝐢𝐞𝐳𝐚 𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐥𝐥𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥, reafirmando el valor de la participación ciudadana en la vigilancia de lo público como herramienta legítima de transparencia y corrección.
La Uniputumayo, como patrimonio colectivo y símbolo de desarrollo regional, debe blindarse de toda práctica que comprometa su legitimidad y la confianza social. 𝐋𝐚 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐲𝐞 𝐮𝐧 𝐥𝐥𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧, 𝐥𝐚 𝐞́𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐲 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬, 𝐩𝐢𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐚𝐝𝐞𝐫𝐚 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐮𝐭𝐮𝐦𝐚𝐲𝐨.
*Consejero de Paz – Afiliado al CNP