LaSillaVacia – El viernes pasado la ministra encargada, Irene Vélez, publicó para comentarios un proyecto de resolución que declara a la Amazonía como una zona de reserva de recursos naturales renovables definitiva. Esto con dos efectos concretos: se prohíbe la exploración y explotación de minerales y también de hidrocarburos.
Los proyectos que ya tienen licencia ambiental podrán seguir hasta su terminación, pero no podrán prorrogarse ni ampliarse.
La resolución tiene un impacto claro en tres departamentos amazónicos: Putumayo, Caquetá y Guainía donde hoy hay actividad petrolera y/o minera.
Se trata de una medida que muchas personas reconocen como importante o al menos como un “buen gesto”, para proteger la Amazonía, que aterriza, en esa región, la principal bandera política del presidente Petro que es la de la descarbonización de la economía. Pero no apunta a hacerle frente a los principales problemas que tiene ese gran ecosistema en Colombia, y la forma como se construyó muestra falencias internas de articulación del gobierno y también algunos riesgos jurídicos.
Petro aterriza su bandera en la Amazonía donde tiene una posición privilegiada frente a la región
La mayoría de fuentes consultas por La Silla coinciden en que esta resolución es sobre todo una decisión política.
Prohibir la minería y la explotación de petróleo en la Amazonía está perfectamente alineado con la bandera del presidente Petro de la necesidad de descarbonizar la economía. En la cumbre de presidentes amazónicos fue el único mandatario en hacer esa moción, que por lo mismo no fue incluida en la Declaración de Bogotá que salió de ahí.
Y es una medida que le permitirá mostrar su compromiso con la protección de ese gran ecosistema en la COP30 de clima de Belém do Pará en noviembre.
La actual ministra encargada Irene Vélez y también la exministra Susana Muhamad comparten la misma postura. Para esta última no tiene sentido que cuando la Amazonía se acerca al punto de no retorno de deforestación a partir del cual se puede convertir en una sabana, se esté pensando en hacer minería y explotación de petróleo allá, dos actividades de alto impacto.
“Es una decisión de buena voluntad que más que integrar va a aislar a Colombia del escenario del resto de países de la región. Ningún otro tiene interés en seguir esa línea. Colombia se puede dar ese lujo y en buena hora porque no se han identificado yacimientos importantes como en Ecuador, Brasil, Perú o Bolivia”, dice Enrique Ortiz, ecólogo y ambientalista peruano, experto en política ambiental en los países amazónicos.
Las cifras desde 2015 y las proyecciones a 2035 muestran un declive en Putumayo, que es el principal productor de petróleo de los seis departamentos cien por ciento amazónicos. Según los análisis de la organización Natural Resource Governance Institute —Ngri— a partir de los datos de Rystad Energy que hacen estimaciones basadas en las curvas de producción de los proyectos actuales, en 2035 la producción caería en un 66,5% con respecto a la actual.
Putumayo contribuye hoy con el 0,38% del PIB nacional. Según Ngri en 1971 la producción del departamento representaba el 43% de la producción nacional, mientras ahora solo es el 3%.
Las razones tienen que ver con la edad de los pozos, en su mayoría tienen más de 20 años, con que se ha explotado un 75% de su capacidad, y no se han encontrado nuevas reservas. Según Rystad Energy, la relación reservas/producción del Putumayo es de 4,8 años, versus la nacional que es de 7,2 años.
En materia de minería, el yacimiento más grande es el de Mocoa, que según cifras de la empresa que tiene los títulos, Libero Cobre, son cerca de 2,09 millones de cobre. Una cifra importante, pero baja comparada con Chile o Perú los dos principales países productores de ese mineral. Este proyecto está en etapa de exploración y aún no es clara la viabilidad de su explotación.
Según la revisión de cifras del geólogo y periodista científico, Juan David Rodríguez, actualmente hay 164 títulos mineros en la Amazonía, en diferentes etapas de ejecución. Y 297 más en solicitud. Sumados abarcan más de 500 mil hectáreas. La mayoría están en Putumayo, en Mocoa, y se relacionan con la exploración de cobre. Otros están en Guainía y se relacionan con oro y algunas tierras raras como el coltán.
En materia de petróleo, hay 38 áreas asignadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos —ANH—, correspondientes a un poco más de 1.8 millones de hectáreas. De esos 21 están en exploración y 14 en producción. Así se ven en el mapa.
Aunque el costo de oportunidad para un departamento como el Putumayo es alto, en 2023 el 21,5% de sus ingresos provinieron del Sistema General de Regalías, según cálculos de Ngri, el peso de la explotación minera e hidrocarburifera en la Amazonía de los países vecinos es mucho mayor. Por eso ningún otro presidente le ha copiado a Petro.
Colombia, en ese contexto regional, tiene una posición privilegiada para hacer esta movida de prohibir la minería y el petróleo en la Amazonía y anotarse un gol en el debate público ambiental internacional.
La resolución ataca unos problemas, pero no los principales como la minería de oro
Que se prohiba la minería y el petróleo en la Amazonía no es solo una voluntad del presidente Petro, sino que hace eco con el pedido de muchos pueblos indígenas, especialmente, con los representados por la Opiac que agrupa a la mayoría de pueblos amazónicos, así como con muchas organizaciones sociales y congresistas.
Las opiniones y énfasis sobre los impactos que ha tenido la actividad petrólera en la Amazonía colombiana son diversos.
Julio Ferro, director del Sevicio Geológico Colombiano —SGC—, que aportó información para el soporte de la resolución emitida por el MinAmbiente, sostiene que de la información que hoy tiene disponible el Estado hay varias certezas. La primera es la dependencia para el ciclo del agua que hay entre la Amazonía y los páramos de Los Andes, especialmente, los de la cordillera oriental que suministran agua a ciudades como Bogotá. A mitad de año Chingaza depende en cerca de un 70% de esa conexión, por ejemplo. Y para eso se necesita tener el bosque de la Amazonía conservado.
Por otro lado, hay información de los daños que ha ocasionado la explotación petrolera en el Putumayo en la cuenca Caguán Putumayo, en términos de deforestación y contaminación de agua. Aunque este proyecto de Orito es antiguo y en su momento estaba sometido a unos estándares distintos a los actuales, los que hay actualmente en Puerto Asís, Putumayo, corredor Puerto Vega-Teteyé, también han tenido impactos negativos, no solo ambientales, sino sociales: de desplazamiento de comunidades, amenazas de líderes, señala Ferro.
Por último, hay también pruebas del riesgo de acidificación, o sea contaminación de agua en Mocoa, si se llegara a explotar allá cobre, agrega el director.
En esa misma línea, de acuerdo con una investigación que hizo la red de congresistas amazónicos de la que hace parte el representante por el Putumayo, Andrés Cancimance, las rentas petroleras no compensan los pasivos ambientales, es decir, los impactos que quedan después de la actividad.
Enrique Ortiz, el ambientalista peruano, cree que no todas las áreas de la Amazonía tienen el mismo grado ni de vulnerabilidad ni de importancia. Pero que sin duda una que hay que proteger es el piedemonte, donde se condensa por metro cuadrado la mayor cantidad de biodiversidad por la concentración de diferentes pisos térmicos, y de la que depende el servicio de agua a través del fenómeno de los ríos voladores. Este es el caso del Alto Putumayo, donde está Mocoa y donde hay presión para explotar cobre.
Menciona que los impactos negativos por esa actividad en la Amazonía de países como Perú y Ecuador son muy altos. “Si tu miras los focos de endemismo y las zonas de degradación las dos coinciden”, anota.
Brigitte Baptiste, bióloga y rectora de la Universidad EAN, que ha apoyado técnicamente proyectos mineros como el de Libero Cobre en su fase exploratoria, tiene la posición de que no se debe a priori prohibir estas actividades sino hacer todos los estudios que se requieren para saber su viabilidad. Ella critica que en la justificación de la resolución se omita que la principal factor de contaminación de las aguas no ha sido la actividad petrolera misma, sino las voladuras causadas por los grupos armados.
También señala que la referencia a la deforestación proveniente de las vías secundarias abiertas por las empresas petroleras con la consiguiente colonización alrededor de ellas, no se le puede atribuir a la industria, que no puede controlar ese fenómeno.
Más allá de las diferencias sobre el alcance de la actividad petrolera y minera, en lo que hay total consenso entre las fuentes consultas por La Silla es que no es la principal causa de deforestación ni de degradación de la Amazonía colombiana.
En términos de minería, la extracción ilegal de oro, por mucho, es el principal problema que tiene que atender el gobierno colombiano. Está contaminando los principales ríos de la Amazonía, las comunidades aledañas, y alimentando toda la actividad ilegal de los grupos armados, con pocos costos para ellos.
Según Juan David Rodríguez, geólogo y periodista científico, en el 90 por ciento de la minería de oro en ríos se está usando mercurio, aún en la artesanal, pues necesario para poder separar ese mineral de otras impurezas.
“La resolución no desconoce este problema, pero se concentra en cerrar la puerta a la expansión de la minería a gran escala”, le dijo la ministra Vélez a La Silla. Explicó, en todo caso, que el Ministerio se está articulando con Fuerza Pública y Fiscalía para desmantelar mafias ilegales, y también hay acciones coordinadas de control y seguimiento ambiental por parte de la Anala, CARs y MinAmbiente.
El exviceministro de Ambiente, Mauricio Cabrera, venía impulsando la cruzada en el escenario internacional de que se adoptara un acuerdo global para la trazabilidad de oro.
El hecho es que en la resolución no hay ninguna medida para hacerle frente a eso. Tampoco a las principales causas de la deforestación: la ganadería que no requiere ninguna licencia ambiental del Estado paradójicamente, ni la apertura de vías ilegales, sobre lo que el Estado colombiano tampoco está teniendo control, ni el acaparamiento de tierras públicas.
No es algo menor porque uno de los principales sustentos de la resolución es la sentencia de 2018, que declaró a la Amazonía sujeto de derechos, y ordenó a todas las entidades del Estado tomar medidas claras para frenar la tala.
Frente a la deforestación, el gobierno, y así lo señaló Vélez, tiene la política de los Núcleos de Desarrollo Forestal con la que busca desarrollar economías basadas en el aprovechamiento de los bosques, entre otras medidas, a través de un incentivo ecónomico. Así ha alcanzado a cerca de 6 mil familias, el 43% de la meta. Pero esto aún no suficiente.
“Ese problema ha sido abordado en diferentes instrumentos, pero siguen siendo muy fragmentados. Aunque el proyecto se apoya en la sentencia, es crítico para darle real cumplimiento que se elabore un plan de acción frente a la deforestación que aún no existe”, anota Laura Jiménez, tutelante de esa sentencia, quien en todo caso considera que la resolución es un paso positivo del MinAmbiente en la protección de la Amazonía.
Pero quizá la principal crítica que le hacen al gobierno personas del sector ambiental es que tome esta medida de prohibir la minería y la explotación de petróleo, mientras se están tomando, vía la reforma agraria, otras que son ambiguas y tienen el riesgo de ampliar la frontera agrícola. Esto pasa con el recien proyecto de resolución de MinAgricultura.
“Personalmente creo que se trata de una resolución para que la gente hable mucho de Colombia en la COP30, pero que cuando uno lee la letra pequeña lo que hace es destruir la economía formal para continuar con el proceso de reforma agraria a costa del bosque, de las reservas naturales, de los parques nacionales que ya viene atenazando la biodiversidad desde el Ministerio de Agricultura”, dice Brigitte Baptiste.
Roberto León Gómez, coordinador del programa de agua en BioCarbon Standard, entiende la necesidad que tiene el Estado de organizar la tierra en la Amazonía y formalizar su propiedad. Reconoce que hay lugares que aunque sean en el papel zonas de reserva, ya no tienen árboles en varios kilómetros. En esos casos es preferible darles algún permiso de uso a los campesinos con la condición de que hagan actividades de conservación, como busca el MinAmbiente.
El problema, por un lado es lograr que cumplan con estas condiciones, precisamente por la falta de control territorial. Por el otro, los gobiernos tienen que “ponerse serios”, según él, porque todo el tiempo están mandando el mensaje de que la gente puede hacer lo que quiera y luego el Estado les termina legalizando la situación.
Los problemas de la resolución
Una figura definitiva, en vez de temporal
A diferencia de otras resoluciones que ha sacado MinAmbiente, como las de Santurbán o Jericó, por ejemplo, en las que se han creado reservas temporales, en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado de ventanilla minera, en este caso está declarándose la Amazonía como una zona de reserva definitiva con base en el Código de Recursos Naturales.
Las reservas temporales son un instrumento que busca impedir que se licencien proyectos mineros en zonas en las que no hay suficiente información sobre el impacto ambiental que tendrían estas actividades. Se suspenden las mismas en virtud del principio de precaución y prevención mientras se tienen un mejor conocimiento.
En esa línea, la representante Julia Miranda considera que lo que hubiera sido procedente era una de carácter temporal. También señala que es raro que se conforme una zona de reserva de recursos naturales renovables, sin que estos se especifiquen, para prohibir el uso de recursos no renovables. Y cree que la competencia de crear esas zonas está en todo caso en las autoridades ambientales como las corporaciones regionales y no en el Ministerio.
“Lo que este gobierno debe hacer para proteger el bioma amazónico, es parar la deforestación. Esa si es la destruccion de la Amazonia. Lo que se propone puede sonar bien, pero no está ni bien fundamentado ni responde a las necesidades de protección de la Amazonía”, señaló Miranda.
Esta preocupación que pareciera solo legal tiene implicaciones estratégicas. Aunque el representante Cancimance aplaude la medida, cree que al ser tan amplia y novedosa en cierto sentido tiene riesgos altos de ser demandada. En el caso del proyecto de minería de cobre en Mocoa, Putumayo, al que él se opone y que es en el que recaen, principalmente, los efectos de la resolución, cree que podrían haber otras medidas más efectivas. Una es la de amplaar la zona de reserva de la cuenca alta del Río Mocoa, por ejemplo, con lo cual se podría estar teniendo un efecto similar, pero con mayor seguridad jurídica.
Otra persona del movimiento social en Mocoa, que pidió no ser citada, y que también defiende la misma causa, dice que aunque están contentos con la medida, les genera incertidumbre que tanto se vaya a mantener. También cree que falta en la resolución una ruta clara de aterrizaje de esa resolución a los proyectos concretos que hay en cada territorio con acciones concretas, que permita a la ciudadanía hacer seguimiento a su cumplimiento.
Esta resolución al ser solo del ministerio hace que pueda ser fácilmente revocable por un siguiente gobierno con otra ideología.
Falta de concurrencia
El otro problema importante que tiene es que no contó con participación de los gobiernos locales en su construcción. Al preguntarle al alcalde de Mocoa, Carlos Piedrahita, este aún no conocía la resolución. También le parece positiva la intención, pero llama la atención sobre la falta de comunicación.
“Hubiera sido importante que nos socializaron la medida y nos invitaran a discutirla a nosotros que somos actores en el territorio y ejercemos una jurisdicción, independientemente, de si fueran a tomar en cuenta o no nuestros comentarios”, anota Piedrahita.
Algo similar ocurrió con el nivel interno del gobierno. Aunque la ministra encargada, Irene Vélez, aclaró que se trata de un mandato del presidente que es el de proteger la Amazonía por encima de cualquier otro interés, no es claro que la cartera de minas haya dado su concepto favorable. Le pedimos al ministro Edwin Palma confirmación sobre esto, pero a la publicación no había respondido. Esto es lo que garantizaría también que haya articulación en el las diferentes entidades del Estado para su aplicación.
Sobre ese punto Tomás Gonzáles, exministro de Minas en el gobierno Santos, dice que en los primeros procesos para declarar zonas de reserva en los páramos, eso fue lo que hizo que fuera exitoso: ”lo que se hizo fue tener una conversación abierta entre los sectores para que se hiciera una buena delimitación de las áreas y se acordara dónde sí y dónde no se iban a poder seguir haciendo ciertas actividades”.
Tampoco se hizo consulta previa. Aunque muchos pueblos indígenas apoyan la medida de la resolución, hay pueblos que hacen minería en el Amazonía. El cabildo del resguardo indígena Remanso- Chorrobocón en Guainía, que fue controversial hace meses por el uso de su autoridad ambiental, tiene 13 títulos de minería en Guainía, según revisiones de Juan David Rodríguez, geólogo y periodista científico.
Más allá de los requisitos legales, varias voces reclaman que estas decisiones no tengan una mayor discusión pública y en el gobierno que les de una mayor legitimidad.
“Las observaciones son las mismas a los decretos que pretenden hacer ordenamiento territorial por la derecha, de una manera impositiva basada en prejuicios”, dice Brigitte Baptiste. Tomás González
Prohibe la minería de materiales de construcción
La resolución solo excluye las reservas temporales de materiales pétreos que es lo que permite que el Estado o sus contratistas cuando están haciendo una vía puedan extraer materiales que están en las montañas aledañas para la construcción.
“La propuesta en este momento es comprehensiva de toda la minería”, señaló Vélez, la ministra encargada. Eso significa que no podrían hacer ninguna actividad minera de material de arrastre cuyos usos son tan básicos como su empleo para levantar un muro de concreto. En la región amazónica, además, por la dificultad de acceso, la mayoría de las obras se hacen con arcillas, roca, etc, que extraen de sus propios ríos. Ni hablar del impacto económico. Según Piedrahita, el alcalde de Mocoa, muchos de los mineros de subsistencia allá se dedican a eso.
Proyecto de Resolución
25sep Proyecto Resolucion Revision VPNA by Fundación La Silla Vacía