LaSillaVacia – Esta semana, la Corte Constitucional realizó una audiencia pública sobre las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) que el gobierno está implementando. La Corte está revisando la constitucionalidad de ese tipo de figuras.
Según el gobierno, estas zonas buscan proteger los suelos con mayor vocación agropecuaria del país, para garantizar la permanencia del campesinado y la seguridad alimentaria. Una de ellas sería en Mocoa, capital del Putumayo.
“Una Appa en este departamento permitiría priorizar la seguridad alimentaria, proteger suelos productivos frente a presiones de cambio de uso, y contribuir a la planificación de largo plazo para el abastecimiento local y regional de alimentos”, le dijo el Ministerio de Agricultura a La Silla Vacía.
En Putumayo habrá una. El MinAgricultura está evaluando implementar una en Mocoa y otros municipios del Departamento. “Actualmente, se encuentra en etapa de análisis técnico: ya existe un estudio preliminar sobre Mocoa y se está evaluando la conveniencia de avanzar hacia la declaratoria formal”, dijo la entidad a La Silla. Agregó que aún no existe una delimitación definitiva para la figura.
¿Freno a la minería? Actualmente, en Mocoa hay un proyecto en etapa de exploración que busca explotar cobre. De acuerdo con el Ministerio, la conformación de la Appa no interrumpiría el proyecto: “No están concebidas como instrumentos para regular directamente actividades extractivas. Es preciso destacar que la declaratoria de Appa establece una garantía para el ejercicio de los derechos adquiridos y/o situaciones jurídicas consolidadas”.
La polémica. Mandatarios locales, como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se oponen a la medida. Dice que existe una contradicción entre el ordenamiento del territorio rural, la planeación agropecuaria local, la definición de las Appa y las competencias de los departamentos, distritos y municipios.
“No establece una orientación general, como ya lo ha definido previamente la Constitución y la Ley, tampoco se establece ni siquiera que pueda ser algo susceptible discrecionalmente de acoger o no por quienes tienen la competencia final, sino que le está dando directamente al Ministerio de Agricultura la competencia exclusiva de ordenar el suelo y lo hace de manera obligatoria”, explicó Andrés Julián en su exposición.
El Ministerio, por su parte, dice que las Appa no modifican las facultades de las entidades territoriales ni de los concejos municipales, ni su posibilidad de regular y de reglamentar los usos específicos del suelo.