ElTiempo – La organización pone la lupa en la situación de orden público en el Magdalena Medio, el Catatumbo, el Putumayo, el Cauca, Buenaventura y Guaviare.
La organización Amnistía Internacional envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que expresó sus preocupaciones por la situación de derechos humanos en el país, en el inicio de su último año de gobierno.
En un documento de seis páginas y firmado este 23 de septiembre por Ana Piquer Romo, directora para las Américas de la organización, señala que “por décadas hemos monitoreado y documentado violaciones y abusos a derechos humanos cometidas en Colombia” y presentó un conjunto de recomendaciones para la administración nacional.
“Entre enero y julio de 2025, un total de 1.419.493 personas resultaron afectadas por la violencia en Colombia”, advierte la organización, quien señala que los registros de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios indican que la mayoría fueron víctimas de “paro armado”, restricciones al acceso humanitario, ataques contra la población civil y desplazamiento forzado.
Amnistía Internacional detalló que regiones como el Magdalena Medio, el Catatumbo, el Putumayo, el Cauca, Buenaventura y el Guaviare concentran gran parte de las crisis. En Barrancabermeja, por ejemplo, “se resalta el incremento del 396,7% de los homicidios entre 2021 y 2023 y la expansión de los grupos armados, incluso a zonas donde históricamente no habían tenido presencia”.
El informe también advirtió sobre la situación en el Catatumbo, donde “la violencia armada escaló a inicios de este año” y persisten los riesgos para organizaciones como el Comité de Integración Social del Catatumbo.
“Señor Presidente, las condiciones en el Catatumbo requieren de atención urgente por parte de las autoridades colombianas. Entre el 25 y el 31 de julio pasados, una caravana de organizaciones sociales y de defensa del territorio recorrió algunas áreas de la región para insistir en recibir garantías para el desarrollo de su labor y exigir acciones eficaces para frenar la estigmatización en su contra. Lo instamos a escucharlas y adoptar medidas para garantizar la presencia y operación de la institucionalidad civil de una manera que propenda por mejorar el acceso a derechos de la población campesina del Catatumbo”, señala la organización.
En el Putumayo, la carta insistió en la necesidad de “adopción de medidas de protección colectiva, concertadas con las comunidades y sus representantes, para abordar las causas raíz de la violencia”. “La situación en el Putumayo sin duda excede la del sur del departamento, pero las condiciones en la que las organizaciones tienen que desarrollar su labor allí sí reflejan la necesidad de una intervención decidida por parte de las autoridades civiles colombianas, que dialogue con la sociedad civil y que garantice, no sólo su seguridad, sino un ambiente propicio para que continúen sus actividades”, dice la carta.
Sobre el Cauca, Amnistía documentó que “la situación de violencia armada, crisis humanitaria y violaciones de derechos humanos en el suroccidente de Colombia continuaba deteriorándose”.
“Señor Presidente, Amnistía Internacional se une a los llamados de la sociedad civil y el movimiento de defensa de derechos humanos colombianos para que las autoridades civiles activen mecanismos de protección individual y colectivos que permitan a las personas defensoras de derechos humanos desarrollar su labor y a las comunidades continuar sus vidas libres de amenazas y ataques en el Cauca”, indicó la organización en su documento.
En Buenaventura, a pocos meses de cumplirse una década del paro cívico, se reiteró que el nivel de cumplimiento de los acuerdos de 2017 “alcanzaría menos del 10%”.
La organización también hizo referencia a la violencia en Guaviare, donde persisten “confinamientos forzados de población, desplazamientos forzados, desescolarización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, atentados contra periodistas, imposición de normas a procesos organizativos comunitarios, barreras para el ingreso de la atención humanitaria, entre muchas otras”.
Otro punto central de la comunicación fue el riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos. Según el documento, en 2024 fueron asesinadas 157 personas defensoras, y en lo corrido de 2025 hasta julio se registraron 93 homicidios. Amnistía subrayó que “Colombia sigue siendo un país hostil para quienes defienden los derechos humanos” y pidió la puesta en marcha de la Política Pública Integral de Garantías antes del final del mandato presidencial.
La carta también cuestionó el retraso en la reglamentación de la Ley 2364 de 2024, que protege a las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada. “La expedición de la reglamentación de la Ley 2364 de 2024 sigue pendiente”, expresó el texto, y pidió que se expida el decreto reglamentario antes de finalizar el gobierno.
La lupa en la seguridad
En materia de seguridad, la organización reiteró la necesidad de una reforma policial integral con enfoque de derechos humanos. Recordó que tras las protestas de 2019 a 2021 se documentaron violaciones a los derechos humanos y que “a pesar de ser una de las promesas que Ud. hizo al ser elegido como Presidente de la República (…) en Colombia aún no ha ocurrido una reforma policial integral con enfoque de derechos humanos”.
Finalmente, el pronunciamiento llamó la atención sobre la población venezolana en Colombia. La carta indicó que, pese a que 2,9 millones de personas han llegado al país, “el número de personas venezolanas reconocidas como refugiadas en Colombia sigue siendo extremadamente bajo”. Amnistía pidió adoptar medidas que faciliten el acceso al estatus de refugiado bajo la definición de la Declaración de Cartagena, y eliminar requisitos imposibles de cumplir como documentos apostillados o antecedentes penales emitidos por autoridades venezolanas.