LaSillaVAcia – La Contraloría General de la Nación dejó en firme un fallo de responsabilidad fiscal contra el alcalde de Villagarzón, Putumayo, Luis García Franco. Lo encontró responsable de un daño patrimonial de 2 mil 222 millones de pesos por un contrato que no se ejecutó.
Con esa sanción, el alcalde García Franco podría ser suspendido o apartado definitivamente del cargo porque las leyes contemplan que una de las inhabilidades para desempeñar cargos públicos es haber sido declarado responsable fiscalmente.
El caso
En 2009, siendo alcalde de Villagarzón por primera vez, Luis García Franco, firmó un convenio para construir una planta de manejo integral de residuos sólidos. La obra, financiada con plata de regalías, arrancó en 2011 con un plazo de 10 meses. Peor nunca se terminó.
La Contraloría metió mano por denuncias de las veedurías. Y encontró que básicamente todo en ese contrato estaba mal. “Obras no ejecutadas y suspendidas; permisos y licencias requeridas en el contrato no gestionadas; ausencia de seguimiento de los recursos girados al contratista y la interventoría; no actualización de las garantías que amparaban el contrato”.
Además, que los estudios entregados por el contratista no estaban acorde a la normatividad vigente en concordancia por los lineamientos presentados por el Ministerio de Ambiente y reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento.
Y por eso, imputó cargos al alcalde de la época, 2008-2011, Luis García Franco, a los contratistas e interventores. En diciembre de 2024 se profirió el fallo de responsabilidad fiscal y García y compañía presentaron recursos de apelación.
La Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría revisó los recursos de apelación y descartó la defensa de García. En ese sentido, en decisión de finales de mayo, confirmó el fallo de responsabilidad fiscal contra García y compañía y determinó el daño en 2.222 millones de pesos. Decisión que quedó en firme y no tiene ninguno recurso más.
En ese sentido, el alcalde García Franco debería ser apartado del cargo porque el artículo 38 del Código Disciplinario Único establece como inhabilidad para desempeñar cargos públicos el tener encima un fallo de responsabilidad fiscal.
No obstante, si García Franco asume la deuda y paga los 2.222 millones de pesos, podría mantenerse en el cargo.