Organizaciones sociales demandan atención urgente a derechos y problemáticas departamentales.
Por Horacio Villarreal.
MOCOA, Putumayo. Con una movilización pacífica que reúne a 22 organizaciones sociales, el departamento de Putumayo le exige al Gobierno Nacional la instalación de una mesa de concertación enfocada en cinco ejes temáticos fundamentales. El rechazo absoluto a la multinacional Libero Cobre y a la instalación de tres peajes, sumado a la urgencia por la construcción de la variante Mocoa-San Francisco, la reconstrucción completa de Mocoa y la atención a las víctimas del conflicto armado, son las principales demandas de la comunidad.
Rechazo a la Megaminería en la Amazonía
Bajo el lema «Por la defensa de la montaña, el agua y la vida», las comunidades del Putumayo han manifestado su contundente rechazo a los trabajos de la multinacional canadiense Libero Cobre. Esta empresa posee cuatro títulos mineros que abarcan más de diez mil hectáreas en la cuenca alta del río Mocoa, donde se proyecta la explotación de una de las minas de oro, cobre y molibdeno más grandes de Suramérica. La comunidad alerta sobre un impacto ambiental irreversible que afectaría un sistema andino-amazónico de alto potencial hídrico.
Polémica por los Tres Peajes en Vía 4G Inconclusa
La concesionaria Ruta al Sur adelanta trabajos en un tramo de más de 200 kilómetros entre Pitalito, Mocoa y Puerto Asís. Aunque inicialmente se prometió una vía 4G, Édison Quiñonez, presidente de la organización social Sembrando Futuro Unidos por la Paz, denuncia que se trata solo de un «mejoramiento vial». La preocupación se centra en la instalación de tres peajes que, asegura, afectarían directamente la economía de los putumayenses, especialmente el ubicado entre Mocoa y Villagarzón, generando un «absoluto rechazo» por parte de la comunidad.
Ocho Años de Reconstrucción Pendiente en Mocoa
A más de ocho años de la avalancha del 31 de marzo de 2017, la capital del Putumayo sigue esperando su reconstrucción total. A pesar de contar con recursos internacionales superiores a los 30 millones de dólares, persisten obras inconclusas y otras que ni siquiera han iniciado, como la construcción de 909 viviendas para los damnificados y la plaza de mercado. Los afectados denuncian lo que consideran una «segunda tragedia» generada por la corrupción y el incumplimiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Víctimas del Conflicto Armado: Un Derecho Insatisfecho
Aunque la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) ha entregado más de $20 mil millones en indemnizaciones, un alto número de familias continúa reclamando este derecho. El recrudecimiento del conflicto armado, impulsado por grupos ilegales que se disputan el control territorial y el narcotráfico, ha provocado un crecimiento constante en el número de víctimas y una violación sistemática de los derechos humanos, según denuncian las organizaciones sociales.
Movilización y Diálogo con el Gobierno Nacional
La juntanza de 22 organizaciones sociales, incluyendo grupos étnicos, campesinos, ambientalistas y víctimas, ha mantenido manifestaciones pacíficas en la vía Mocoa-Villagarzón y cerca del aeropuerto Cananguchal de Villagarzón, logrando llamar la atención del Gobierno Nacional.
Fernando Palacios, secretario de Gobierno del Putumayo, confirmó que el 11 de junio un asesor del Viceministerio de la Igualdad y Derechos Humanos hizo presencia en la Gobernación para «generar una ruta metodológica que permita abordar cada uno de los puntos planteados».
Según Edison Quiñonez, vocero de los manifestantes, se han programado mesas de trabajo que iniciarán el 18 de junio con el tema vial, y el 19 con el tema de vivienda. Las organizaciones esperan la asistencia de funcionarios del Gobierno Nacional para buscar soluciones a estas problemáticas prioritarias.
CORPOAMAZONIA y Medidas Frente a la Minería
En un avance reciente, el pasado 30 de mayo de 2025, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (CORPOAMAZONIA) socializó un Concepto Técnico y un acto administrativo que delimita un Área de Alta Sensibilidad Ambiental con vocación de conservación en Mocoa. Esta medida implica la suspensión del trámite de licencias, permisos y concesiones para actividades de alto impacto ambiental, una decisión importante que atiende a la preocupación de la comunidad frente a la minería.
En Pie de Lucha: Advertencia a Futuras Acciones
Las 22 organizaciones sociales del Putumayo recalcan que sus manifestaciones son y seguirán siendo pacíficas, y que no buscan afectar la economía regional. Sin embargo, son enfáticas en advertir que, de no recibir la atención debida del Gobierno Nacional, se verán «obligados a tomar acciones de hecho para exigir el respeto al derecho de disfrutar de un ambiente sano y la conservación del agua como recurso vital, entre otros».