Elespectador – A través de una resolución, Corpoamazonia declaró un área de interés ambiental de 93.200 hectáreas en Mocoa, Putumayo. Con la decisión, la autoridad busca que de allí se excluyan actividades, como la minería, que puedan “generar daños irreversibles al medio ambiente”. Especialistas se preguntan cuáles pueden ser sus implicaciones reales y pronostican que será demandada.
Este lunes, 9 de junio, quedó lista la resolución con la que Corpoamazonia, la autoridad ambiental de Putumayo, delimita un área de interés ambiental de más de 90.000 hectáreas y busca excluir proyectos que, señalan, podrían “generar un alto impacto a los recursos naturales”.
En otras palabras, en la zona se suspenderán los procesos de licenciamiento, autorizaciones, concesiones o cualquier figura que permita el desarrollo de esas actividades y que se estén adelantando, hasta que se garantice que se pueden llevar a cabo sin serias afectaciones a los recursos naturales.
En el documento, conocido por El Espectador, se menciona por ejemplo la construcción de carreteras, represas y embalses; también la minería, un tema especialmente sensible en la región, pues la intención de extraer cobre ha generado tensiones en el territorio. Sin embargo, hay títulos que ya fueron otorgados para la explotación de ese mineral y la competencia para suspenderlos es de la Agencia Nacional Minera (ANM), a la que Corpoamazonia le pide tener en cuenta esta resolución.
“No se trata de que no estemos de acuerdo con la explotación de minerales, sino que nos preocupa que se quiera llevar a cabo en ecosistemas tan estratégicos”, dijo Sidaly Ortega, directora de Corpoamazonia, a este diario. “Si fuera otro lugar, tal vez la decisión sería distinta, pero aquí no hay duda para nosotros, en nuestra autonomía, de delimitar esta área”.
La corporación se basa en el principio de precaución que, como ha establecido la Corte Constitucional en varias de sus sentencias, implica que las autoridades adopten medidas para prevenir daños ambientales graves o irreversibles, aun cuando no haya una total certeza científica de que vayan a ocurrir.
“También somos conscientes de la sensibilidad ambiental de Mocoa”, dice Jhonatan Caicedo, geólogo que coordinó la elaboración del concepto técnico en el que Corpoamazonia basó su decisión. Hace referencia a los altos niveles de lluvias, de sismicidad y a la inestabilidad geológica del municipio, lo cual se hizo evidente con la avalancha de 2017, donde murieron más de 300 personas. “Tenemos un macizo bastante fracturado, con unas condiciones de riesgo y amenazas. Vimos necesario, desde Corpoamazonia, adoptar decisiones de fondo que nos llevaran a proteger esa zona”.
Como parte del principio de precaución, añade Caicedo, la entidad también tuvo en cuenta la evidencia de los impactos que puede generar la minería. Un caso que mencionan es el de Carmen de Atrato, en Chocó, donde esta actividad ha tenido efectos sobre el medio ambiente, en el río Atrato, además de generar afectaciones sociales, económicas y culturales, según ha documentado el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional.
Como lo explica Corpoamazonia en un concepto técnico de 168 páginas publicado hace pocos días, lo que quieren es resguardar ese territorio, donde hay importantes ecosistemas, pues allí se unen la Cordillera Oriental de los Andes y la planicie amazónica, albergando una gran diversidad de fauna y flora. Allí, dice ese documento, también está la zona alta del río Mocoa, que hace parte de la gran cuenca del Amazonas.
Además, se encuentran áreas de influencia del complejo de páramos Doña Juana-Chimayoy, donde ocurre una recarga natural de agua que abastece tanto al casco urbano del municipio como a las veredas. “Mocoa posee un sistema hídrico subterráneo diverso, pero frágil, donde el equilibrio entre el aprovechamiento y la conservación debe basarse en un conocimiento profundo de sus particularidades hidrogeológicas”, indica en otro apartado.
¿Qué se puede esperar con esta resolución?
Milton Montoya, director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado, al igual que Cristián Bermúdez, oriundo de Mocoa y abogado especialista en Derecho del Medio Ambiente de la misma universidad, coinciden en que esta decisión de establecer un área de interés ambiental es sui generis; es decir muy peculiar, pues no se ajusta a categorías legales específicas. No hay una normatividad aplicable y no son muy claros los alcances de esta figura, contrario a lo que sucede, por ejemplo, con las zonas que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Bermúdez afirma que este tipo de declaratorias no suelen verse en el sector jurídico-ambiental y opina que, en este caso, se trata de una “manifestación de protección al territorio” y sobre todo un llamado al Gobierno nacional. En la resolución, Corpoamazonia pide al Ministerio de Ambiente que tenga en cuenta su concepto técnico para que considere crear una zona de reserva temporal en esa área delimitada. El objetivo de esa figura, consignada en el Decreto 044 de 2024, es determinar dónde se permite, se restringe o se excluye la minería, por medio de una revisión que dura hasta cinco años, prorrogable por otros cinco. Al definir un área de reserva temporal, sí habría implicaciones claras definidas por la ley para suspender la entrega de nuevas autorizaciones.
No es la primera vez que se hace esa solicitud al Minambiente. En abril de 2024, Andrés Cancimance, representante a la Cámara por Putumayo, había enviado una carta a la entonces jefa de cartera, Susana Muhamad, pidiendo que se declarara una reserva de recursos naturales de carácter temporal en el territorio. “La conservación de Mocoa como cuna hídrica y su protección contra megaproyectos minero-energéticos frenaría la degradación del ecosistema andinoamazónico estratégico para Colombia y para la Panamazonia”, aseguró, en ese entonces, el congresista en el documento.
Cancimance dijo a El Espectador que aunque no se ha avanzado mucho en la respuesta a su petición, en días recientes, durante la Asamblea Regional de la Guardia Indígena del CRIC, en Cauca, la actual ministra, Lena Estrada, se refirió al tema. “Están pidiendo la zonificación ambiental de esos territorios (…) vamos a estudiar esta posibilidad. Vamos a hacer que el departamento de Putumayo, al igual que todos los otros departamentos amazónicos, sean zonas protegidas”, anunció la jefa de cartera.
Por ahora, Bermúdez considera que la resolución de Corpoamazonia muy probablemente será objeto de demandas, pues la minería en Mocoa ya ha sido causa de una disputa jurídica. Hace unos años, el Concejo Municipal expidió un acto administrativo, el 020 de 2018, para prohibir esta actividad extractiva. Sin embargo, la ANM demandó el acuerdo por considerar que usurpaba sus competencias, y el 31 de julio de 2024 el Consejo de Estado lo declaró nulo. “Yo sé que vamos a ver luchas judiciales, hay títulos mineros anteriores a la declaración de Corpoamazonia, por lo que podría darse una discusión fuerte”, afirma Bermúdez. “La movilización social que se ha generado se va a ver tanto en las calles como en los estrados”.
Por otro lado, desde Corpoamazonia sostienen que no está en su competencia prohibir la minería. Ortega, directora de la autoridad ambiental, dice que en la normatividad “quien otorga es quien quita”, refiriéndose a los títulos concedidos por la ANM. En ese sentido, en la resolución, la corporación pide a la agencia que tenga en cuenta su concepto técnico y considere excluir los proyectos de minería que se encuentren en el área de interés ambiental, incluida la de cobre.
El enredo de los títulos mineros
Según datos de la ANM, en Mocoa hay 14 títulos mineros vigentes, la mayoría de ellos para explotar materiales para la industria de la construcción, como arenas (comunes, arcillosas, silíceas) y gravas. No obstante, cuatro de esos títulos son para extraer cobre, molibdeno, oro y plata, entre otros minerales, y se superponen con el área de interés delimitada por la corporación.
Los cuatro títulos (FJT-131; FJT-132; FJT-141 y FJT-142) de estos proyectos están en fase de exploración, suman más de 7.000 hectáreas y pertenecen a la empresa Libero Cobre, cuya casa matriz en Canadá cambió hace poco su nombre a Copper Giant Resources Corp. La compañía los adquirió en 2018, pero la historia se remonta a mucho tiempo atrás.
Bermúdez cuenta que desde la década de los 70, varios proyectos internacionales empezaron a interesarse en el municipio para la explotación minera, pues se hallaron monolitos de cobre y molibdeno. De ese modo, se realizaron estudios preliminares hasta que, a inicios de los 2000, se entregaron los primeros títulos mineros, a empresas como AngloGold Ashanti, Mocoa Ventures y, finalmente, llegaron a manos de Libero Cobre.
Para el geólogo Caicedo, de Corpoamazonia, pudo haber una falta de articulación institucional al otorgar el derecho a la exploración y explotación minera en ese territorio. En eso concuerda el abogado Montoya: “Sin duda alguna, en su momento en Colombia se otorgaron títulos mineros en áreas donde existía algún tipo de categoría de protección ambiental, en el marco de una restricción o prohibición absoluta de la actividad minera”, afirma.
Antes, agrega Montoya, no existía la suficiente articulación institucional e intercambio de información para que el sector ambiental y el de minería coordinaran sus respectivas categorías en el mapa del país y, por lo tanto, se otorgaban títulos sin validar las figuras de protección. Esto, afirma el abogado, que ocurrió durante varios años, principalmente entre 2000 y 2010, podría explicar por qué algunos de los títulos concedidos en su momento a Libero Cobre se traslaparon con la Reserva Forestal Protectora de la cuenca alta del río Mocoa, razón por la que se recortó el área de esos títulos en 2024. Aunque desde El Espectador nos comunicamos con la Agencia Nacional de Minería para conocer su perspectiva sobre el otorgamiento de los títulos y la solicitud de Corpoamazonía, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Edison Yandun, delegado de la Mesa Regional Amazónica (MRA) por Putumayo, explica que los títulos de esta empresa se traslapan con tres resguardos indígenas, el Condagua y el Yunguillo, del pueblo Inga, y un resguardo del Alto Putumayo del pueblo Kamentsa. Esto también lo evidencia el concepto técnico de Corpoamazonia. Libero Cobre ha asegurado en el pasado que está adelantando procesos de consulta previa, que fueron solicitados por un juez, en el marco de sus actividades de exploración minera.
A pesar de esto, a ojos de Corpoamazonia, las diferentes actividades extractivas que se hacen en Mocoa han desencadenado una “fractura social”. “Esta situación”, señalan en su concepto, “no solo evidencia una falta de cohesión en torno a los intereses colectivos del territorio, sino que expone el modo en que la minería, lejos de ser un factor de desarrollo armónico, ha operado como un agente de polarización y conflicto”.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.