Comandos de Frontera y su presencia en el norte de Ecuador

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Por : Pares

El pasado viernes 9 de mayo, en el sector de Alto Punino, entre las provincias de Orellana y Napo al norte de Ecuador, se registró un ataque a las Fuerzas Armadas de Ecuador en el que murieron 11 militares de esa nacionalidad. Según las autoridades de país vecino el ataque habría sido ejecutado por el grupo colombiano Comandos de Frontera, que ha consolidado su presencia en esa zona de Ecuador y ha protagonizado varios escenarios de violencia en los últimos años, en el marco del desarrollo de sus actividades ilícitas, como el narcotráfico, la minería ilícita y la extorsión.

Pero ¿Cómo llegaron los Comandos de Frontera a Ecuador y por qué se han consolidado allí?

¿Quiénes son los Comandos de Frontera?


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Los Comandos de Frontera surgen alrededor del año 2019 en el departamento de Putumayo, a partir de la unión entre el grupo ‘La Mafia/Sinaloa’, conformado por exintegrantes de los Frentes 48 y 32 de las antiguas FARC-EP, y la ‘La Constru’, heredero de Los Rastrojos, sumado a otros grupos más pequeños dedicados al narcotráfico como ‘Los Bonitos’ y ‘Los Azules’ (Defensoría del Pueblo, 2020). Desde ese momento fue consolidando su presencia y capacidad de control territorial en Putumayo, en municipios como Puerto Caicedo, Puerto Guzmán y Puerto Asís, generando disputas el Frente Carolina Ramírez de las disidencias del Estado Mayor Central, en ese entonces comandadas por alias ‘Gentil Duarte’.

En el 2020 se adhirieron al grupo disidente Segunda Marquetalia, liderado por Iván Márquez, y fueron extendiendo su presencia a municipios fronterizos como San Miguel (La Hormiga) y Valle del Guamuez en Putumayo, y la zona de Jardines de Sucumbíos en Ipiales, Nariño. Actualmente han generado una presencia y control cuasi hegemónico en las subregiones de medio y bajo Putumayo, las cuales en 2023 concentraban alrededor del 20% de los cultivos de coca a nivel nacional, con más de 50.000 hectáreas según datos de UNODC. A su vez controlan los ríos San Miguel y Putumayo, y se disputan el acceso al río Caquetá con los frentes Carolina Ramírez (facción del EMC al mando de alias ‘Iván Mordisco’) y Raúl Reyes (adscrito al EMBF, facción de alias ‘Calarcá’). Este control le permite manejar la economía de la coca, y además la minería ilegal en gran parte del departamento, lo cual se ha asociado a una fuerte dinámica de control social, y enfrentamientos armados que generan impactos humanitarios para las comunidades.

Un grupo binacional

Para los Comandos de Frontera el control de Putumayo no ha sido suficiente, y ha extendido su accionar hacia  la parte norte Ecuador, donde se ha insertado en los mercados ilegales del narcotráfico y la minería ilegal, y ha reproducido la lógica violenta que venía protagonizando en Colombia, siendo el reciente ataque las Fuerza Militares ecuatorianas una expresión de ello. Sin embargo, esta dinámica no es nueva, pues al menos desde el año 2018 se han venido registrado aumentos en las dinámicas de violencia asociadas a la presencia de grupos armados, pues la frontera norte de Ecuador se ha consolidado como un espacio de repliegue y abastecimiento, de la mano con el aumento de los cultivos ilícitos en Putumayo y Nariño, y del control de rutas para el narcotráfico hacia el pacífico ecuatoriano (Defensoría del Pueblo, 2023)


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Actualmente, tanto el narcotráfico como la minería ilegal se han convertido en el eje de la presencia armada y el conflicto en el norte de Ecuador por parte de los Comandos de Frontera, que ha extendido su presencia a las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo. En esta zona los Comandos han generado alianzas con el grupo Los Lobos, considerado uno de los más grandes y peligrosos de Ecuador, que ha extendido su influencia hacia Colombia, Chile y Perú, y tendría alianzas con el cartel mexicano de narcotráfico Jalisco Nueva Generación (Ojo Público, 2024a).

En el marco de esta alianza, los Comandos de Frontera han establecido su presencia en varios cantones de las provincias mencionadas, con el objetivo de disputar las rentas de la minería ilegal y el control de los corredores de narcotráfico al grupo Los Choneros, rival de los Lobos (El Espectador, 2025). Los Choneros, al igual que Los Lobos, tienen un peso muy importante en la dinámica criminal de Ecuador, y también sería apoyado por un cartel mexicano, en este caso el Cartel de Sinaloa. Los Lobos antes hacía parte de Los Choneros, pero conflictos internos terminaron haciendo de que se separaran, lo cual ha enfrentado a ambos grupos en una violenta disputa en los últimos años (Ojo Público, 2024b), pero la reciente inclusión de los Comandos de Frontera en esta disputa exacerba aún más los escenarios de riesgos.

Múltiples masacres y atentados que se vienen registrando en esta parte de Ecuador han sido atribuidas a las disputas entre los Comandos y Los Choneros. La provincia de Orellana es uno de los nodos de conflicto, donde la violencia ha venido en aumento desde el 2024 en zonas como Joya de los Sachas (El País). El cantón de Lago Agrio en la provincia de Sucumbíos también se ha visto envuelto en las disputas violentas, con lo que parece ser la consolidación cada vez mayor de los Comandos de Frontera y sus aliados Los Lobos, donde además han normalizado el cobro de ‘vacunas’ y extorsiones (Ojo Público, Ibid.)

La manzana de la discordia de la minería ilegal

Si bien los intereses de los Comandos de Frontera en Ecuador radican en la posibilidad de contar con zonas de retaguardia frente a los escenarios de conflicto que mantiene en Putumayo, además de controlar rutas de narcotráfico a través de Ecuador con proyección al océano pacífico, recientemente se ha adjudicado a la minería ilegal el crecimiento de la violencia en el norte de Ecuador. Esto tendría su explicación en que la economía de explotación ilegal de minerales, específicamente la del oro, se ha vuelto sumamente rentable debido al acelerado crecimiento de los precios y la dificultad del control por parte de las autoridades de este tipo de actividades (Taboada López, 2023), mientras que otros mercados como el de la cocaína es menos estable, y puede presentar etapas de disminución en los precios y menos rentabilidad, como ha sucedido recientemente en Putumayo (Infobae, 2024).

Grupos como Los Lobos desde hace varios años han incursionado en estas actividades en todo Ecuador, desde las provincias de Imbabura, Napo, Orellana y Sucumbíos en el norte y nororiente amazónico, hasta Azuay y Zamora Chinchipe en el sur (Mongabay, 2024). Por su parte, Los Choneros han venido haciendo parte de esta dinámica en el norte del país recientemente al parecer porque algunos operadores de minas ilegales buscaban su protección ante las extorsiones de Los Lobos y los Comandos de Frontera, y estos habrían aprovechado para incursionar en esta zona, cuando en un principio no habrían tenido la intención de hacer presencia en la Amazonía (Ojo Público, 2024a, Ibid.).

El ataque a la fuerza pública ecuatoriana y sus implicaciones

Los Comandos de Frontera, que como se mencionó antes, protagoniza una situación de disputa armada en el departamento de Putumayo, ahora también se encuentra inmerso en un conflicto en Ecuador, en el que, además de los dos grupos criminales, también está implicada la fuerza pública del país. Si bien los Comandos han emitido comunicados negando su participación en el ataque al Ejército ecuatoriano perpetrado hace unos días, la situación ha repercutido notablemente en la mesa de diálogo que mantiene este grupo con el gobierno de Colombia, donde se han suspendido reuniones mientras se evalúa la situación, en el marco de las presiones que se pueden generar por parte de la Fuerza Pública ecuatoriana, que ha emprendido operaciones de búsqueda para capturar a los responsables del ataque.

Por otro lado, a pesar de que en Colombia y Ecuador los actores son distintos (a excepción de los Comandos), ambos escenarios son expresión de una misma problemática: las disputas por parte de actores armados por el control territorial, asociado a las rentas ilícitas, las cuales, además, traen consigo importantes afectaciones a la población civil, por las prácticas de control social usadas por los grupos, por los cobros extorsivos, que afectan de igual manera a las comunidades de uno y otro lado de la frontera. Sumado a esto, en medio de estas dinámicas se perpetúa la reproducción de formas de producción locales ligadas a las economías ilícitas, que son alimentadas por falta de oportunidades y condiciones económicas precarias en los territorios.

Esta situación pone de manifiesto un problema que está adquiriendo cada vez más un carácter regional, y que requiere soluciones por parte no solo de Colombia y Ecuador, que en este caso son los directamente implicados, sino también de los gobiernos de países como Perú y Brasil, países que también son afectados por los conflictos asociados al crimen que ponen en riesgo a la región amazónica.


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