El jueves 10 de abril se cerró en La Hormiga, Putumayo, el cuarto ciclo de Diálogos de Paz entre el Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CN-EB), conformada por los Comandos de la Frontera, grupo hegemónico en ese región, y una escisión de las disidencias de la Segunda Marquetalia que opera en Nariño.
Entre los acuerdos, las delegaciones ratificaron el compromiso de sustituir 30 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito en total (15 mil en Nariño y 15 mil en Putumayo). Esto, en el marco de la amenaza de que Colombia pueda ser descertificado por el gobierno de EE.UU. en septiembre de este año, dado el crecimiento de los cultivos. En 2023 aumentaron en un 10% al llegar a las 253 mil hectáreas, de las cuales Putumayo puso una quinta parte. Algo que tiene además consecuencias graves para la conservación de la Amazonía en términos de deforestación y contaminación por el uso de químicos.
Entre las comunidades persiste, sin embargo, un ambiente de desconfianza, marcado por experiencias previas de sustitución de cultivos ilícitos que no cumplieron con las expectativas. Así como, por el sentimiento de falta de representación en las mesas de diálogo, donde los acuerdos se discuten a puerta cerrada entre el gobierno y el grupo armado.
La falta de representación
En la reunión del 10 de abril en la Hormiga, las delegaciones del gobierno y del grupo armado de la Coordinadora del Ejército Bolivariano se sentaron frente a frente en la mesa que había dispuesta, mientras que delegados de los países garantes: Noruega, Venezuela y Suiza (invitado en esta oportunidad), Monseñor Héctor Fabio Henao, y el cuestionado gobernador de Putumayo, Jhon Molina, se situaron en el centro. En una pantalla fue proyectada la imagen de alias “Araña”, el jefe de los Comandos de Frontera, recientemente capturado.
Los representantes de las comunidades, aunque presentes, permanecieron como espectadores: no se les dio la palabra ni fueron formalmente presentados.
El presidente del Comité de Reivindicación Social, Cultural, Ambiental y de Paz del Putumayo, Jhon Jair Trujillo, es crítico de los espacios de diálogo con el gobierno: “a los diálogos les falta un pedazo. No puede sentarse el gobierno a dialogar con este grupo dejando de lado al campesino. Es cierto que hubo algunas representaciones, pero no hay una socialización en todas las veredas.”
Recuerda que, en procesos anteriores, hubo una socialización más amplia: “fueron vereda por vereda para hacer reuniones y explicar los acuerdos. La verdad, en esta ocasión no existe ese proceso.” Además, agrega que ellos, como líderes comunitarios, tienen propuestas claras para aportar al proceso: “En ese espacio hemos venido solicitando participar, tanto al grupo como al gobierno nacional, pero no ha sido posible que nos incluyan en esos eventos y reuniones.”
Según la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, en Putumayo están definiendo la fecha para iniciar los diálogos con las comunidades, que deberían ser en la segunda semana de mayo. En Nariño ya empezaron porque el proceso está más avanzado.
María Carlina Esterilla, lideresa social del Putumayo, también le dijo a La Silla que era necesario que las mesas se abrieran más a las comunidades: “Solo estamos escuchando al gobierno y a los actores armados, pero no a la voz de las víctimas del conflicto armado, a los sobrevivientes, quienes debemos dar nuestro propio testimonio”.
No son los únicos que se sienten excluidos. El secretario de la Gobernación del Putumayo, Luis Fernando Palacios, señaló que, a pesar de que han solicitado desde la institucionalidad departamental y municipal ser tenidos en cuenta como actores del proceso, solo los invitaron al cierre del ciclo.
En el Gobierno nacional creen que el proceso tiene varias fases y que un primer paso consiste en llegar a un acuerdo con los grupos armados sobre la importancia de superar las economías ilegales como base para llevar la paz a los territorios, para lo cual la sustitución de cultivos de uso ilícito es una pieza clave. Armando Novoa, jefe negociador del gobierno con los Comandos de Frontera, cree que solo una vez garantizado ese apoyo, se puede convocar a las comunidades para acordar con ellas los términos de su participación.
Explicó que actualmente se está finalizando el primer paso y comenzando el segundo: “para ello es fundamental permitir que la Dirección de Sustitución acceda a los territorios y realice las convocatorias necesarias, como ocurrió hace 20 días en la laguna de Chimbusa en Nariño, y como se tiene previsto hacer en las próximas semanas en el departamento del Putumayo”.
Miranda aclara que los compromisos, aunque se enmarcan en la mesa de negociación, se establecen directamente entre el gobierno y las comunidades. “El 22 de abril nos reunimos en Tumaco con consejos comunitarios de Roberto Payán, Nariño, donde solo participaron la Dirección de Sustitución, la ART y la Gobernación”, explica.
Los Comandos de Frontera no respondieron sobre la queja de las comunidades al momento de publicar la historia. A la percepción de falta de participación se suma la poca legitimidad que tienen los intentos de este y los pasados gobiernos por darle alternativas a la gente a cambio de que erradiquen los cultivos, tras los sucesivos incumplimientos.
El espejo retrovisor de la fracasada sustitución
Para las comunidades, la coca genera mayores ingresos que cualquier otro producto que se intente comercializar. Janneth Perdomo, presidenta de Asomunep, una asociación de mujeres afro víctimas del conflicto en Putumayo, dice que en el Valle del Guamuez ya se han intentado alternativas como el cultivo de cacao. “Nos ayudan al comienzo, ¿verdad? Pero después, ya no van a comprar el cacao al mismo valor que nos habían dicho, sino más bajo. Por eso la gente no está muy de acuerdo con la sustitución.”
Lo que Janneth Perdomo relata recoge la experiencia de varias personas de su comunidad que ya han intentado sustituir cultivos con productos como pimienta o plátano. Sin embargo, el resultado ha sido el mismo: debido al mal estado de las vías de acceso al municipio, se ven obligados a vender la cosecha a intermediarios, lo que reduce significativamente la rentabilidad. Al final, los costos en insumos y venenos para las cosechas superan las ganancias obtenidas.
El líder Jhon Jair Trujillo, también señala que son conscientes de que muchos campesinos, por necesidad o por tradición, han optado por cultivar hoja de coca. Como líderes, han defendido la planta en sí misma: “porque la mata no es mala. Si la mata usted la puede utilizar para galletas, vinos, bebidas alcohólicas… bueno, hay muchas cosas que ya están empezando a sacar. El problema es que se utiliza para otros fines.”
Agrega que el control de esos usos ilegales le corresponde a la Fuerza Pública y a las entidades competentes. “Nosotros estamos del lado del campesino, porque no hay certeza de que, si cambian de cultivo, realmente vayan a tener garantizada la compra o la distribución de los productos que siembren.”
Trujillo señala que hay municipios a los que todavía no se les ha cumplido con el pago del compromiso o el apoyo para el proyecto productivo. Debido a eso mucha gente ha vuelto a sembrar cultivos de coca.
También compartió que en días recientes había participado en una reunión en el corregimiento de Puerto Limón, municipio de Mocoa con representantes legales de consejos comunitarios, presidentes de juntas de acción comunal y representantes legales de varias asociaciones. Manifestaron, según él, su disposición a dialogar, pero con reservas: “dijeron que ya no va a ser con la misma confianza que se hizo anteriormente porque nos faltaron a la palabra, nos faltaron al respeto. La verdad no podríamos volver a confiar nuevamente en el Estado.”
De acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) publicado en febrero de este año, en los últimos años, la erradicación manual de cultivos de coca ha disminuido notablemente: pasó de unas 100 mil hectáreas anuales durante el gobierno anterior a una meta de solo 20 mil en 2023 y 10 mil en 2024. A pesar de esta reducción, Putumayo ha sido el foco principal. En 2023, el 63% de la erradicación manual se hizo en este departamento (12.731 hectáreas), y en 2024, el 86% (7.044 hectáreas).
Según las familias entrevistadas, ahora los erradicadores llegan a acuerdos con los cultivadores sobre cuánta coca eliminar, evitando así arrancar toda la siembra. Esto indica que el Gobierno busca evitar enfrentamientos y por eso la erradicación se hace mediante una “negociación” que, según los testimonios, es más respetuosa que en el pasado.
Sin embargo, estos esfuerzos no han estado acompañados de proyectos de sustitución ni de desarrollo alternativo. La única presencia del Estado en Putumayo relacionada con la política de drogas es el Pnis, que ha tenido avances muy lentos en los últimos dos años.
Cuando el actual Gobierno llegó, ese programa, creado con el Acuerdo de Paz, llevaba seis años de ejecución y muchos retrasos. Vinculó a casi 100 mil familias en 56 municipios y 14 departamentos para apoyar la sustitución voluntaria y el desarrollo rural. Pero tras casi ocho años, solo el 1,5% de las familias ha recibido completo el Plan de Atención Inmediata, que es apenas la primera etapa del proceso.
Para Novoa, esta nueva sustitución no es solo un programa de arrancar matas de coca para reemplazarlas por otros cultivos. Lo esencial y más complejo, según él, es que los nuevos sembrados estén integrados en un modelo de desarrollo que impulse economías agroindustriales sostenibles.
Esto implica establecer cadenas de producción y comercialización, fortalecer la organización comunitaria y definir una gobernanza adecuada para los proyectos. “Nosotros hemos planteado que esa gobernanza tiene que ser una alianza público-popular con las comunidades de ese territorio y con el apoyo de ambas delegaciones.”
El nuevo intento de sustitución
Según información de la Dirección de Sustitución el proceso que se está planteando arranca dialogando con los líderes locales y luego se hace un proceso de socialización amplia si hay respaldo comunitario. Después de esto se concilian las líneas productivas que se van a desarrollar y se abre la convocatoria para la inscripción. Luego se verifica la existencia de cultivos de coca, para evitar que entren personas que no tienen cultivos o que ni siquiera viven en el territorio como pasó con el Pnis, según Gloria Miranda.
Los proyectos incluyen tres componentes: cultivo de ciclo corto, principal y forestal, con una ejecución estimada entre mes y medio y dos meses por persona. Esto, para asegurar ingresos de corto, mediano y largo plazo. En 2025 se esperan sustituir 7.500 hectáreas en Nariño y otras 7.500 en Putumayo. Miranda señala que para ingresar al programa las familias deben hacer una primera erradicación para lo cual les hacen un primer pago, del cual todavía no hay información, para reemplazar el ingreso mientras los cultivos sustitutos empiezan a producir. Así se ha hecho en el Catatumbo.
A diferencia del Pnis, donde cada familia elegía qué cultivar, este programa busca concertar con las comunidades líneas comunes para pensar en procesos agroindustriales y tener volúmenes viables para comercialización. Miranda también destaca la necesidad de articularse con entidades como el Ministerio de Transporte: “No podemos pedirle a la gente que saque sus productos si no hay carreteras”. También se busca agregar valor a los productos: “la mayoría de campesinos no vende la hoja sino que vende la pasta transformada para tener más ganancias”, anota. Esto va a tomar tiempo, sin embargo, pues tiene que ver con condiciones estructurales de los territorios.
El investigador Lucas Marín, del Cesed de la Universidad de los Andes, advierte que el gobierno debería incorporar el principio de gradualidad en las sustituciones, una promesa que hizo el presidente Gustavo Petro en diciembre de 2022 en El Tarra, Norte de Santander y que Marín considera que no ha cumplido.
“En regiones como Catatumbo y Cauca persiste la erradicación forzada y el uso de glifosato, lo cual incrementa significativamente el riesgo de conflictividad y violencia”, señala.
En esa línea, la Mesa de Diálogos con la Coordinadora, en la reunión del 10 de abril, rechazó el anunció de la compra de glifosato por parte de la Policía y la posibilidad de que se haga erradicación forzada.
La gradualidad permite entregar apoyos económicos o sociales a las familias que aún tienen cultivos de coca, sin exigir la erradicación total e inmediata, para facilitar una transición progresiva y ordenada hacia una economía legal.
“Ese componente era algo fundamental, algo innovador y positivo que el propio presidente había defendido. Pero fue dejado de lado en la implementación práctica del gobierno”, comenta el investigador.
Además, Marín señala la insuficiencia de recursos: en Catatumbo se están destinando apenas $14 millones por hectárea, frente a los $88 millones que preveía el Pnis. Se refiere a las transferencias de dinero para sostenimiento y a la inversión en huertas, cultivos, asistencia técnica. En el proceso con la Coordinadora el monto de la oferta ha sido fuente de tensión con las comunidades. Según Novoa, el jefe negociador, “con cierta razón, lo encuentran muy bajo y piden que se incremente el monto de esa oferta”.
Marín advierte, además, la falta de una estrategia de seguridad e inteligencia para proteger a las comunidades, especialmente a los líderes sociales: “Esto es fundamental, porque, incluso cuando están orientadas al desarrollo, pueden generar represalias.” Un estudio realizado por el Cesed en el 2022 mostró que los acuerdos del Pnis se asociaron con un aumento de más del 400 % en los asesinatos de líderes sociales.
Como lo expresó Aracely Sánchez, representante legal de la Asociación Afrovicat de comunidades negras víctimas del conflicto armado, muy pocas personas de su comunidad están interesadas en sustituir los cultivos de coca de uso ilícito debido al riesgo de seguridad que enfrentan al hacerlo con los grupos armados del territorio.