SEmana – La decisión implica que los familiares de alias Rogelio sean reconocidos como víctimas. Defensa de militares impugnó la petición.
Una grave denuncia realizó este viernes el abogado José Luis Villafañe, defensor del teniente del Ejército Julián Ernesto Ávila Martínez, en el proceso que involucra a 24 militares en la masacre de 11 personas, entre las cuales habría ocho civiles, en una operación contra el frente disidente Comandos de Frontera en Putumayo. De acuerdo con el jurista, la Fiscalía solicitó reconocer como víctima a la hermana de Jhon Jairo Silva Mutumbajoy, alias Rogelio, quien —según Villafañe— era un destacado miembro de esa estructura criminal.
Señala Villafañe que alias Rogelio, quien murió en la operación de Alto Remanso, pertenecía a Los Comandos de Frontera, por lo tanto, estaba dedicado a actividades delictivas y el reconocimiento de su familia como víctima en ese proceso no tendría lugar.
“En un hecho insólito, el fiscal 150, Luis Alfonso Cabezas Guzmán, solicitó que su hermana Sandra Arancely Silva Mutumbajoy fuera acreditada como víctima en el caso contra los militares, a pesar de que el propio ente acusador reconoce que Rogelio era un combatiente activo del Gaor 48, un grupo terrorista vinculado a la Segunda Marquetalia”, señaló el abogado defensor.
El abogado defensor recalca que otros hombres abatidos en esa operación aparecen en un informe que presentó en el Congreso el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, acreditando que pertenecían a los Comandos de Frontera.
“En el escrito de acusación reconoce como Comandos de Frontera a tres puntualmente: Enuar Ojeda Sánchez, alias Managua; a John Jairo Silva Mutumbajoy, alias Rogelio, que fue la persona que aparece impactada o por lo menos aparece en la mira del tirador de alta precisión. Y también aparece como integrante de la estructura José Antonio Peña Otaya”, dijo el jurista.
La Fiscalía también habría pedido reconocimiento como víctimas a los familiares de Peña Otaya, según lo denunciado por la defensa de los militares. “No suena razonable reconocer como víctimas de una operación militar a quienes resulten abatidos y tampoco a sus familiares. Es muy grave porque ellos tienen control del proceso penal (…). Entonces eso desequilibra fuerzas también, porque no son personas que tienen algún tipo de familiaridad con personas que resultaron abatidas y que estaban al margen de la ley”.
De acuerdo con la investigación de la defensa, estas personas señaladas como integrantes de las disidencias recibían órdenes de Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, recientemente capturado en medio de una mesa de diálogos de paz con el Gobierno por presuntamente seguir delinquiendo mientras negociaba.
¿En qué va el proceso contra los militares?
“En este momento estamos en la audiencia de formulación de acusación, en la parte correspondiente al reconocimiento de víctimas. La defensa ha centrado su artillería defensiva en desacreditar la solicitud de la Fiscalía, que luce extraña frente a reconocer como víctimas a todos los abatidos ese día, a pesar de la información que se tiene”, dice el abogado Villafañe.
Los 24 militares, desde un teniente coronel, un capitán, un teniente y tres sargentos líder y soldados, están privados de la libertad desde el pasado 21 de junio de 2024. La defensa insiste en que todo estuvo dentro de la legalidad. “Sí, está plenamente documentada. Incluso dentro de los documentos que, dentro de las pruebas practicadas por la misma Fiscalía, está suficientemente acreditado que esa operación era una operación netamente legítima, integrada por un comando conjunto integrado por Fuerza Aérea, Armada y Ejército”.
A estas personas se les imputaron los delitos de homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida en grado tentativa. “Más allá del pretendido reconocimiento como víctimas a quienes resultaron abatidos que integraban la estructura armada, llama mucho la atención que la Fiscalía no haya señalado, no haya correlacionado el armamento con cada uno de los abatidos. Igualmente, también llama la atención que la representación de víctimas esté en este momento llevándose a cabo a partir de o con el auspicio de la Comisión Intereclesial. Esto nos ha llamado también poderosamente la atención”.
Finalmente, sobre el proceso de reconocimiento de estas personas como víctimas, el abogado defensor señaló que la solicitud se radicó desde el pasado mes de diciembre, “pero por factores de falta de claridad ha tenido que suspenderse la audiencia y volvimos a iniciar el pasado lunes. A partir del lunes se iniciaron las solicitudes de reconocimiento. En este momento estamos en el procedimiento. La Fiscalía está haciendo su presentación. Asimismo, la representación de víctimas y nosotros nos estamos oponiendo, esperando por la decisión final que adopte la señora juez”.