ElPais – La población denuncia extorsiones de los Comandos de la Frontera y Los Choneros, que recientemente pasaron de aliados a rivales. Reportaje realizado en el proyecto “Amazonas sin fronteras”, colaboración con la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible FCDS-Perú y Colombia
Las últimas cinco masacres que se han registrado en la provincia ecuatoriana de Orellana, cerca a la frontera con el departamento del Putumayo, han sido atribuidas a las disputas entre los Comandos de la Frontera, el grupo armado colombiano con asiento en las mesas de negociación del Gobierno de Petro, y Los Choneros, la banda criminal ecuatoriana con raíces en el cartel de Sinaloa. La guerra de los dos grupos armados, que controlan las rentas del narcotráfico y la minería ilegal en esa zona de la Amazonía, se ha agudizado desde julio pasado, cuando se rompió una tregua entre los dos actores. Un campesino cocalero de la región dice, vía WhatsApp, que antes debía pagar un “impuesto” por la venta de cada kilo de la pasta base de cocaína de 150.000 pesos (unos 35 dólares). “Ahora hay que pagarle a los dos señores, que vienen a cobrar dos veces por el mismo producto”, señala. Minutos después borra el mensaje, para no dejar rastro de sus palabras.
En el sur del Putumayo, el segundo departamento colombiano con más cultivos de hoja de coca sembradas (56.933 hectáreas), es omnipresente la economía de la coca que dominan los Comandos de la Frontera, un grupo de las disidencias de las FARC que extiende su poder desde el departamento del Caquetá hasta el del Amazonas.
Carlos Fernández, de la oenegé Amazon Frontlines, explica por qué han cambiado las dinámicas ilegales en la zona, también marcada por la frontera. “Los Choneros operaban como trabajadores de los Comandos de la Frontera. Se encargaban de mover la coca desde la frontera hasta los puertos del Pacífico, como Guayaquil. Lo que está sucediendo es que los ecuatorianos están cogiendo cada vez más fuerza y ya no se ven como los trabajadores de nadie, sino que buscan ser los patrones”, explica. Un informe de la Armada de Colombia señala que una de las rutas de narcotráfico en la Amazonía sale del país por esa frontera, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, y atraviesa el país hasta llegar a la costa. “Aprovecha la selva amazónica y la escasa presencia policial”, explica.
Esas disputas internas por las rentas del narcotráfico han alertado a las autoridades ecuatorianas por el incremento de acciones violentas en territorios fronterizos. Ecuavisa ha revelado dos informes de inteligencia policial que advierten que los Comandos de la Frontera se resisten a perder el control. “Las muertes en la provincia de La Joya de los Sachas [donde se han concentrado los enfrentamientos, a 75 kilómetros del paso fronterizo de Teteyé] se triplicaron en lo que va del 2024: 74 crímenes, 50 más que en el mismo período del 2023″, reseñan. La violencia está disparada. Por ejemplo, el 2 de noviembre las autoridades reportaron la masacre de seis personas en la cabecera de El Eno, en la vía entre la frontera y La Joya de los Sachas y donde operan ambos grupos armados.
Dos días después, en redes sociales comenzó a circular un panfleto, firmado por Los Choneros, en el que amenazaban a los comerciantes colombianos de la zona que colinda con el puente internacional de Teteyé y el municipio de San Miguel. “O dejan de pagar impuestos por la gasolina o empezaremos a matar uno a uno para ver si así aprenden”, se lee en el comunicado. Los Comandos de Frontera reaccionaron con un mensaje similar a los comerciantes de la zona. “Nos dijeron que el impuesto había que seguirlo pagando a ellos o si no nos declaraban objetivo militar”, dice el mismo campesino por chat. “Entonces muchos tenemos que pagar dos extorsiones ahora, una en Colombia y otra en Ecuador”, afirma.
Un informe de organizaciones sociales que se elevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre pasado, advierte que entre el 70% y el 80% de la cocaína que sale del sur de Colombia, se transporta después por el Ecuador, “ya sea que lleguen a los puertos marítimos en la costa o a rutas fluviales con dirección a Brasil”. Son esas rutas, justamente, las que han abierto la disputa.
Yuri Quintero, lideresa de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, señala que la preocupación en las poblaciones más cercanas a la frontera se ha intensificado por la amenaza de una expansión de los carteles ecuatorianos al norte de la frontera. “La intención de los Comandos de Frontera es intentar usurpar el papel de autoridad policial o de las juntas de acción comunal, buscando mantener su práctica de terror y control territorial. A eso le han incrementado sanciones o restricciones de movilidad”, expresa.
Sobre este tema, una lideresa social ecuatoriana que pidió reserva de su identidad por las amenazas que ha recibido, explica que en los últimos meses se han intensificado las convocatorias a reuniones obligatorias. “Han venido imponiendo medidas en la vida cotidiana de la gente. Controlan las actividades festivas, definen quién puede recibir visitas o cuándo pueden ingresar las brigadas de salud y hasta determinan cada cuánto pueden hacerse las visitas del cura para hacer las misas”. Según ella, todo eso ha cambiado la vida de las provincias fronterizas del Ecuador. En ciudades como Lago Agrio, explica, incluso la arquitectura se ha transformado. “Cada vez es más evidente que se están construyendo determinados negocios que tienen el fin de blanquear capitales”. Advierte que se asemeja a lo que ocurre en la colombiana Puerto Asís, “donde está más naturalizada la relación con actores narcoparamilitares”.
Mario Pazmiño, un coronel retirado del ejército ecuatoriano y exjefe de Inteligencia en ese país, cuenta que las dinámicas criminales de esa frontera son más complejas que la reciente guerra entre los dos actores armados. “Son también Los Lobos (una banda narcotraficante de Ecuador) y el Comando Vermelho, un actor brasileño que opera más cerca de Colombia, en la provincia de Sucumbíos. Todos ellos están en el territorio con actividades relacionadas a las rutas del narcotráfico, pero sobre todo por el interés de la explotación de minería ilegal”, menciona. Un reporte de Monitoring of the Andean Amazon Proyect advierte, de hecho, que entre 2019 y 2023 la minería ilegal en la zona del río Punino, que divide a ambos países, ha generado la deforestación de 1.001 hectáreas.